The director of Legal Humanitarian Aid, Ingrid Escobar, has confirmed her departure from the country after receiving information about a possible arrest warrant against her, a situation related to her work as a human rights defender.
In a video posted on her social media, the activist explained that the decision was not entirely voluntary, but rather the result of a health complication and an increase in threatening situations against her.
“It was not entirely voluntary, but rather dependent on my health situation and also on the persecution I am facing from the Salvadoran state within the country,” she detailed.
Escobar explained that she had been undergoing multiple medical exams since February of this year. “By late May, early June, I had a clearer understanding of my situation, for which I was going to undergo a surgery I had already scheduled in El Salvador. But unfortunately, due to information I received about a potential arbitrary detention against me because of my advocacy for Legal Humanitarian Aid, because of my human rights activity, (…) I had to make a decision,” said Escobar, who recalled that multiple human rights defenders had been arrested in the last month.
In May, anti-corruption lawyer Ruth López, also a human rights defender, was arrested. Two weeks ago, constitutional lawyer Enrique Anaya was captured. Both had been two of the most critical voices against the government of Nayib Bukele.
According to Escobar, her departure occurred at a time of “enormous vulnerability, as well as political and police persecution and general threats,” which she had received through digital platforms.
“First, I was seeking to find a place where I could have the surgery and receive treatment, but above all, to preserve my health,” she commented, adding that her greatest fear was being detained while sick.
“If a sick person enters [the prison system], it is solely and exclusively to go and die inside the prison without receiving medical treatment,” she pointed out.
Despite her departure from the country, Escobar emphasized that the work of the organization where she works will continue.
“We are a group of volunteers who continue to work in El Salvador. We have filed more than 3,000 habeas corpus petitions. In some cases, we have freed people as a result of them,” she said, also mentioning that the lawyers are still working on more than 100 cases.
The lawyer stated that she is immediately seeking to focus on her “health situation, but I know I will manage to pull through, recover, and return with more strength. To El Salvador, of course, at this time when we are navigating authoritarianism, an authoritarian drift where we are definitively living in a dictatorship that is now becoming a tyranny.”
Escobar insisted on the need for the rule of law to be restored and for people to have access to due process.
“What all Salvadorans deserve is a fair trial, the presumption of innocence, and to be heard and convicted in court—not to be captured and detained simply because police intelligence decides to fabricate a crime in 10 minutes,” Escobar concluded.
Directora de Socorro Jurídico salió del país por temor a capturas
La directora Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, confirmó su salida del país, tras recibir información sobre una posible orden de captura en su contra, situación relacionada con su labor como defensora de derechos humanos.
A través de un video publicado en sus redes sociales, la activista explicó que la decisión no había sido completamente voluntaria, sino resultado de una complicación de salud y el aumento de situaciones de amenaza en su contra.
“No ha sido algo voluntario, sino que depende mucho de mi situación de salud y también de la persecución que el Estado de El Salvador está dándome en el territorio nacional”, detalló.
Escobar explicó que desde febrero de este año se había sometido a múltiples exámenes médicos, “para finales de mayo, inicios de junio, yo ya tenía una mayor claridad de mi situación, por lo cual me iba a someter a una cirugía que ya tenía programada en El Salvador, pero lamentablemente, debido a una información que obtuve de una detención arbitraria en mi contra por mi vocería en el Socorro Jurídico, por mi actividad de derechos humanos, (…) tuve que tomar una decisión”, dijo Escobar, quien recordó que en el último mes se registraron múltiples capturas de defensores de derechos humanos.
En mayo se registró la detención de la abogada anticorrupción Ruth López, también defensora de derechos humanos. Hace dos semanas fue capturado el abogado constitucionalista Enrique Anaya. Ambos habían sido dos de las voces más críticas del Gobierno de Nayib Bukele.
Según relató Escobar, su salida ocurrió en un momento de “enorme vulnerabilidad y además de persecución policial, política, amenazas en general”, que había recibido a través de las plataformas digitales.
“Primero en búsqueda de nuevamente ver dónde me podían hacer la cirugía y dar tratamiento, pero por sobre todo de preservar mi salud”, comentó, al agregar que su mayor preocupación era ser detenida estando enferma.
“Si una persona entra enferma (al sistema penitenciario) es única y exclusivamente para ir a morir dentro del centro penal sin recibir el tratamiento médico”, señaló.
A pesar de su salida del territorio, Escobar enfatizó que el trabajo de la organización donde trabaja seguirá.
“Somos un grupo de voluntarios que siguen trabajando en El Salvador. Hemos elaborado más de 3,000 procesos de exhibición personal. En algunos casos tenemos gente libre a partir de los mismos”, dijo y también mencionó que los abogados siguen trabajando en más de 100 casos.
La abogada señaló que de forma inmediata busca enfocarse en su “situación de salud, pero yo sé que voy a lograr salir adelante, recuperarme y regresar con más fuerzas. Por supuesto a El Salvador, en este momento donde navegamos un autoritarismo, una deriva autoritaria donde vivimos definitivamente en una dictadura que ya está pasando a ser una tiranía”.
Escobar insistió en la necesidad de que se restablezca el Estado de Derecho y las personas tengan acceso a un proceso judicial adecuado.
“Lo que todos los salvadoreños merecemos es un juicio justo, presunción de inocencia, ser oídos y vencidos en juicio, no ser capturados y detenidos solamente porque a la inteligencia policial se le ocurre fabricar un delito en 10 minutos”, concluyó Escobar.