Warnings of an “authoritarian escalation,” the detention of human rights activists, and the imprisonment of hundreds of Venezuelans deported from the United States who face no criminal proceedings in El Salvador, mark the first year of President Nayib Bukele’s second consecutive term, amid accusations that it is unconstitutional.
The leader took office on June 1, 2024, for a new term—prohibited by the Constitution—after winning elections earlier that year that were also marked by the opposition’s complaints of irregularities.
Various civil society organizations warned at the time that the president’s inauguration, which no government challenged, consolidated the “constitutional irregularity.” This began in May 2021 when his party removed the justices of the Constitutional Chamber of the Supreme Court in Congress without following due process.
Months later, this action led to the new justices, who are close to the ruling party, enabling immediate presidential reelection—a decision flagged as contrary to the Constitution.
This past June 1, Bukele completed the first year of this second term. In his address to the nation, he claimed that democracy, transparency, human rights, and the rule of law “are terms” that in reality are used to keep people subjugated.
Celia Medrano, a former candidate for Executive Secretary of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) and a former Salvadoran vice-presidential candidate, stated that for the controversial leader to have taken office again, “constitutional principles have been violated and electoral irregularities have occurred, consummating an authoritarian escalation that will continue to deepen as long as no social forces capable of acting as a counterbalance materialize.”
For Medrano, “this is not, therefore, the first year of the current government’s term,” but rather “it represents a year without a legally constituted presidency, achieved by trampling the law.”
She stressed that this trampling of the law is “one of the main characteristics of authoritarian, dictatorial, and fascist states—words that aptly define what El Salvador is currently experiencing.”
Activists
Accusations of authoritarianism against Bukele are not new and began to gain traction in February 2020 when he entered Congress—at that time with an opposition majority—accompanied by soldiers armed with assault rifles to pressure for the approval of a loan. The most recent accusations have followed the detention of constitutional lawyer Enrique Anaya for “money laundering,” the arrest of at least four human rights defenders, including a renowned anti-corruption lawyer critical of the government, and the push for a Foreign Agents Law.
“These are not isolated incidents, but part of a systematic policy that criminalizes and imprisons political opponents, social activists, community leaders, and civil society organizations that raise their voices to denounce human rights violations,” noted the CLACSO Working Group on Violence in Central America, comprised of non-governmental organizations, in a statement.
Those detained include Ruth López, head of Anti-Corruption at Cristosal; Fidel Zavala, spokesperson for the Community and Human Rights Defense Unit (Unidehc); environmental lawyer Alejandro Henríquez; and community leader José Ángel Pérez.
The arrest of the latter two occurred after a group of residents from a rural community gathered on May 12 near a luxurious residential area where Bukele lives to ask for help regarding the eviction of hundreds of families. The activists, who were eventually transferred to a prison near San Salvador, were accused of public disorder and resisting arrest, even though the gathering was peaceful.
In response to the protest, the leader accused non-governmental organizations of “manipulating” the residents and sent the Foreign Agents Law to the Legislative Assembly, which is dominated by the ruling party. The law—which has since been approved—imposes a 30 percent tax on the donations these organizations receive and also stipulates fines and dissolution for non-compliance.
Todopoderoso Bukele
Las alertas por «una escalada autoritaria», la detención de activistas de derechos humanos y el encarcelamiento de cientos de venezolanos, expulsados desde Estados Unidos y que no enfrentan procesos penales en El Salvador, marcan el primer año del segundo mandato consecutivo del presidente Nayib Bukele, entre acusaciones de ser inconstitucional.
El dirigente asumió el 1 de junio de 2024 una nueva etapa, prohibida por la Constitución, tras ganar a inicios de ese año unas elecciones también marcadas por denuncias de irregularidades por parte de la oposición.
Diversas organizaciones civiles advirtieron entonces que con la investidura del mandatario, que no fue cuestionada por ningún Gobierno, se consolidó la «irregularidad constitucional», que comenzó en mayo de 2021 cuando su partido destituyó en el Congreso a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema sin seguir el debido proceso.
Esta acción derivó meses después en que los nuevos magistrados, cercanos al oficialismo, habilitaran la reelección presidencial inmediata, una decisión señalada como contraria a la Carta Magna.
Bukele cumplió el pasado 1 de junio el primer año de esta segunda etapa. En su alegato a la nación, afirmó que la democracia, la transparencia, los derechos humanos y el Estado de derecho «son términos» que en la realidad se usan para mantener sometidas a las personas.
Celia Medrano, quien fue candidata a ocupar la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y excandidata a la Vicepresidencia salvadoreña, indicó que para que el controvertido dirigente haya asumido nuevamente la Presidencia «se han violentado principios constitucionales e irregularidades electorales, consumando una escalada autoritaria que seguirá profundizándose mientras no se concreten fuerzas sociales capaces de representar contrapesos».
Para Medrano, «no se trata entonces de un primer año de ejercicio del actual gobierno», sino que «supone un año de ausencia de una Presidencia legalmente constituida, alcanzada mediante el atropello de la ley».
Subrayó que ese atropello de la ley es «una de las principales características de estados autoritarios, dictatoriales y fascistas, palabras que definen bien lo que El Salvador vive actualmente».
Activistas
Los señalamientos de autoritarismo contra Bukele no son nuevos y comenzaron a tomar fuerza en febrero de 2020 cuando ingresó al Congreso, en ese momento de mayoría opositora, acompañado de militares armados con fusiles de asalto para presionar por la aprobación de un préstamo. Los más recientes se han dado tras la detención del abogado constitucional Enrique Anaya por «lavado de dinero» y con el arresto de al menos cuatro defensores de derechos humanos, entre ellos una reconocida abogada anticorrupción crítica del Gobierno, y el impulso de una Ley de Agentes Extranjeros.
«Estos no son hechos aislados, sino parte de una política sistemática que criminaliza y encarcela a opositores políticos, luchadores sociales, líderes comunitarios y organizaciones de la sociedad civil que alzan la voz para denunciar las violaciones de derechos humanos», apuntó en un comunicado el Grupo de Trabajo CLACSO Violencias en Centroamérica, integrado por organizaciones no gubernamentales.
Los detenidos son la jefa Anticorrupción de Cristosal, Ruth López; el portavoz de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), Fidel Zavala; el letrado ambientalista Alejandro Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez.
La captura de los dos últimos se dio después de que un grupo de pobladores de una comunidad rural se concentraran, el pasado 12 de mayo, cerca de una lujosa zona residencial en la que habita Bukele para pedir ayuda por un desalojo de cientos de familias. Los activistas, que llegaron a ser trasladados a un centro penal cercano a San Salvador, fueron acusados de desórdenes públicos y resistencia, pese a que la concentración fue pacífica.
En respuesta a la protesta, el dirigente acusó a organizaciones no gubernamentales de «manipular» a los pobladores y envió a la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, la Ley de Agentes Extranjeros -ya aprobada- que impone un impuesto del 30 por ciento sobre las donaciones que reciben, y que además estipula multas y la disolución si no se cumple.