Three days after the arrest of constitutional lawyer and Nayib Bukele government critic Enrique Anaya, his defense team has not had access to the case file on which the Office of the Attorney General (FGR) is allegedly basing the arrest warrant for money laundering, according to lawyers Jaime Quintanilla and Marcela Ramos.
Anaya was arrested on June 7 as he was arriving at a relative’s home. Members of the National Civil Police (PNC), dressed in plainclothes, held him at gunpoint, Quintanilla and Ramos stated. This Tuesday, his lawyers managed to speak with him for a few minutes at the PNC’s Land Transit Division, where he is being held.
“It is necessary to reiterate that we have not had access to the case file, and that despite so much time having passed since his detention, Enrique does not know the facts of the crime he is being charged with,” Quintanilla affirmed.
Both lawyers asserted that the fact that neither Anaya nor his defense team has access to the case file is part of the prosecution’s strategy to obstruct his defense. “It is part of a strategy to obstruct his defense, because ultimately if he doesn’t know the facts behind the charges, if they don’t give us access to the file, if legal deadlines are not met, then what is happening is a violation of due process,” the lawyer stated.
The administrative deadline—72 hours after his arrest—for the FGR to charge Anaya expired on Tuesday. Quintanilla said the case is following the same path as the proceedings against lawyer Ruth Eleonora Alfaro, meaning they will apply the procedural deadlines of the state of exception, which allows for the violation of the constitutional guarantee regarding administrative detention periods.
Quintanilla reported that Anaya had claimed for over a year that they were “building a bogus case against him” at both the FGR and the Supreme Court of Justice’s Office of Professional Investigation. “And in the end, we thought that was where the prosecution’s case would come from. Now, since we don’t even know what they are going to prosecute him for, we are in this situation of uncertainty. Both Enrique and the defense are unaware of the facts for which he has been detained,” Quintanilla commented.
“I’m more than certain they’re going to change the charge. And when will we find out? The moment they take him to court. In the meantime, how can you mount a full technical defense? You can’t, because we don’t know the facts.”
— Jaime Quintanilla, Enrique Anaya’s lawyer
Anaya’s lawyers stated that the only thing they know is from the tweet the FGR published on X, where it said he was arrested for money laundering.
“I’m more than certain they’re going to change the charge. And when will we find out? The moment they take him to court. In the meantime, how can you mount a full technical defense? You can’t, because we don’t know the facts,” Quintanilla maintained.
Anaya’s defenders asserted that applying the state of exception is arbitrary, since this is a common crime, which nullifies the entire process.
This Tuesday, after leaving the Transit Division, both Quintanilla and Ramos explained that it was more of a visit to check on his well-being than a professional one between lawyers and client. Although the police staff treated them well, the conditions were not in place to speak privately with the detainee, as officers remained close enough to overhear their conversation.
Quintanilla and Ramos said the lawyer has asked the international community to monitor his case and, if possible, for an embassy or consulate to visit him to verify his condition.
In a burst of optimism, Quintanilla said he hopes that with the calls for support they have made to the international community, Anaya will be released. “That’s what we’re looking for, that the state will recognize its mistake and release him to us, although I don’t think that’s their style,” he noted.
Yesterday, Freedom House, another organization that defends democracy and human rights from Washington, D.C., spoke out to demand Anaya’s release.
“We call on the Salvadoran authorities to end this crackdown and immediately and unconditionally release Anaya, López, and all other arbitrarily detained individuals,” the NGO published.
Anaya’s arrest came three weeks after another lawyer, Ruth López, was detained on charges of embezzlement (misappropriation of state funds), although 15 days later, the FGR changed that crime to illicit enrichment.
López’s lawyers have also argued that applying the state of exception deadlines to her case was illegal. The lawyer is the head of Cristosal’s Anti-Corruption Unit and one of the most critical voices to have called out human rights violations and acts of corruption by the Bukele government.
Anaya’s detention occurred a few days after he said in a television interview that the Office of the Attorney General was a “tamal factory” (judicial fraud), referring to the legal proceedings against Ruth López.
Fiscalía bloquea derecho de defensa de Enrique Anaya, según sus abogados
Tres días después de la detención del abogado constitucionalista y crítico del Gobierno de Nayib Bukele, Enrique Anaya, su equipo de defensores no ha tenido acceso al expediente en el que supuestamente la Fiscalía General de la República (FGR) estaría basando la orden de arresto por el delito de lavado de dinero, según afirmaron los abogados Jaime Quintanilla y Marcela Ramos.
Anaya fue arrestado el pasado 7 de junio, cuando llegaba a la vivienda de uno de sus familiares, por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) quienes, vestidos de civil, lo encañonaron, según afirmaron Quintanilla y Ramos. Este martes, sus defensores lograron hablar unos minutos con él, en la División de Tránsito Terrestre, de la PNC, donde guarda prisión.
“Es necesario reiterar que no se ha tenido acceso al expediente, que a pesar de que ha pasado tanto tiempo ya desde su detención, Enrique no conoce los hechos sobre los cuales se le está imputando el delito”, afirmó Quintanilla.
Ambos abogados aseguraron que el hecho de que tanto Anaya como sus defensores no tengan acceso al expediente, es parte de la estrategia de la Fiscalía para obstaculizar su defensa. “ Es parte de una estrategia para poder obstaculizar su defensa, porque en definitiva si él no conoce los hechos sobre los cuales se les está imputando el delito, si no nos dan acceso al expediente, si no se cumplen con los términos legales, pues lo que se está realizando al final es una violación al debido proceso”, afirmó el abogado.
Este martes se cumplió el plazo administrativo, es decir, las 72 horas después de su detención, para que la Fiscalía acusara a Anaya. Quintanilla afirmó que el caso lleva el mismo rumbo del proceso contra la abogada Ruth Eleonora Alfaro, es decir, que le aplicarán los plazos procesales del régimen de excepción, que permite violar la garantía constitucional de los plazos de detención administrativa.
Quintanilla informó que Anaya denunció que desde hace más de un año “le venían armando un tamal” tanto a nivel de la Fiscalía como en la Oficina de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia. “Y al final, pues todo eso era lo que nosotros pensábamos que de ahí se iban a derivar a nivel fiscal. Ahora, como no sabemos ni por qué lo van a juzgar al final, pues ahorita estamos en esta situación de incertidumbre, tanto Enrique como la defensa desconocemos los hechos sobre el cual él ha sido detenido”, comentó Quintanilla.
“Yo estoy más que seguro que le van a cambiar la figura. ¿Y cuándo vamos a saber? Hasta el momento que le llevan a los tribunales. Y mientras tanto, ¿Cómo ejerces una defensa técnica plena? No puedes, porque desconocemos los hechos”.
— Jaime Quintanilla, abogado de Enrique Anaya
Los abogados de Anaya afirmaron que lo único que saben es por el tuit que la Fiscalía publicó en X, donde dijo que fue detenido por lavado de dinero.
“Yo estoy más que seguro que le van a cambiar la figura. ¿Y cuándo vamos a saber? Hasta el momento que le llevan a los tribunales. Y mientras tanto, ¿Cómo ejerces una defensa técnica plena? No puedes, porque desconocemos los hechos”, sostuvo Quintanilla.
Los defensores de Anaya aseguraron que aplicarle el régimen de excepción es una arbitrariedad, puesto que es un delito común, lo cual vuelve nulo todo el proceso.
Este martes, tras salir de la División de Tránsito, tanto Quintanilla como Ramos expusieron que más que una visita profesional, es decir como abogados e imputados, fue una visita para constatar su estado, porque aunque el personal policial los trató bien, no hubo las condiciones para hablar en privado con el detenido, pues los agentes siempre estuvieron a distancia tal como para escuchar la conversación.
Quintanilla y Ramos afirmaron que el abogado pidió a la comunidad internacional estar pendientes de su proceso y, de ser posible, que una embajada o consulado lo visite para que constate el estado en que se encuentra.
En un arranque de optimismo, Quintanilla dijo que espera que con los llamados de apoyo que han hecho a la comunidad internacional, Anaya sea liberado. “Es lo que buscamos, que el Estado reconozca su error y nos lo entregue, aunque no creo que sea ese su estilo”, puntualizó.
Ayer, Freedom House, otra organización que defiende la democracia y los derechos humanos desde Washington, Estados Unidos, se pronunció exigiendo la liberación de Anaya.
“Pedimos a las autoridades salvadoreñas que pongan fin a esta represión y liberen inmediata e incondicionalmente a Anaya, López y todas las demás personas detenidas arbitrariamente”, publicó la ONG.
El arresto de Anaya fue realizada tres semanas después de que otra abogada, Ruth López, fuera detenida bajo cargos de peculado (apropiación de dinero del Estado), aunque 15 días después, ese delito fue cambiado por la misma Fiscalía a enriquecimiento ilícito.
Los abogados de López también han alegado que fue ilegal que le aplicaran los plazos del régimen. La abogada es jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, y una de las voces más críticas que ha denunciado violaciones de derechos humanos y actos de corrupción del gobierno de Bukele.
La detención de Anaya ocurrió pocos días después de que dijera en una entrevista televisiva que la Fiscalía General de la República era una fábrica de tamales (fraude judicial), en referencia al proceso judicial contra Ruth López.