The recent arrests of individuals who stood out for calling out human rights violations, acts of corruption, or violations of the Republic’s Constitution have taken a toll on the work of civil society organizations for several weeks.
The detention of attorney Ruth Eleonora López Alfaro, head of the Anti-Corruption Unit at Cristosal—an organization that defends human rights and protects victims of violence in Central America—appears to be one of the harshest blows dealt to organizations critical of the current Salvadoran government.
Ruth López was arrested on the night of May 18 at her residence, initially accused of embezzlement (misappropriation of public funds) and later judicially charged with illicit enrichment.
On June 4, a judge ordered her to be held in pretrial detention while the Attorney General’s Office (FGR) substantiates the accusation. Before entering and upon leaving the court hearing, the lawyer demanded that her legal process be public and not be sealed, as the FGR had requested. She also stated that she considers herself a political prisoner, as her arrest was due to her stance of calling out abuses.
Last Saturday, June 7, El Diario de Hoy learned of the departure of at least one person linked to an organization that has called out human rights violations and due process violations against individuals detained under the state of exception, as well as cases of people who have died in state custody.
That same afternoon, the FGR reported the arrest of constitutional lawyer Enrique Anaya Barraza for the crime of money laundering.
In an interview on Telecorporación Salvadoreña’s Frente a Frente program, Anaya Barraza said he was afraid because in El Salvador, anyone who dares to speak does so with fear “because the Attorney General’s Office is a sausage factory.”
Hours before his arrest, he called Félix Ulloa, the country’s vice president, a coward, demanding to know why the state of exception had been applied to Ruth López. “I remembered that the consigliere—mafia advisor—Ulloa said: ‘We don’t apply this regime to common criminals, only to gang members.’ So, Ulloa: why are you applying it to Ruth Eleonora López? Answer, you coward!” the lawyer posted on his X account at 10:39 p.m. on June 6.
HRW Concerned by Anaya’s Detention
The Americas director for Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, expressed her concern over the constitutional lawyer’s arrest.
“It occurs amid an onslaught against human rights defenders and journalists,” the human rights lawyer noted.
Goebertus also demanded a more forceful response from the international community regarding the persecution of human rights defenders in El Salvador: “How much longer will the international community wait to react firmly?” she posted on the social network X.
Anaya is in the holding cells of the National Civil Police’s (PNC) Land Transit Division, his defender, Jaime Quintanilla, was able to confirm yesterday morning. Quintanilla had not had information on the lawyer’s whereabouts after he was initially taken to the Police’s Central Investigations Division (DCI).
“He is in stable health and good spirits. So far, he has been given his medication,” communicated a person close to Anaya, who has been another of the most critical voices against the government of Nayib Bukele.
Unidehc Spokespersons in Spain
Another organization hit by legal persecution is the Unit for the Defense of Human and Community Rights of El Salvador (Unidehc), whose two spokespersons were warned they would be arrested upon returning to El Salvador.
Rudy Joya and Ivania Cruz, a married couple, had to remain in Spain, where they had attended an event related to their work as human rights defenders. In early May, an organized crime court issued an international arrest warrant for them for the crime of illicit association, accusing them of illegally marketing land parcels in the case known as La Floresta.
The organization has called the judicial investigations against Joya and Cruz a “tainted process.” Both, for their part, have described the arrest warrant as political persecution.
Meanwhile, Alfredo Mejía, spokesperson and leader of the Movement of Victims of the State of Exception (MOVIR), decided to leave El Salvador to protect himself from arbitrary arrests based on fabricated crimes, as has happened to some human rights defenders.
As Mejía explained to El Diario de Hoy, he was forced to leave after a group of police officers came looking for him at his home and later sent word for him to report to a police station.
“Our colleague Alfredo is out of the country because he received threats, there was a heavy police presence at his house, and they sent for him to go to the nearest station because they wanted to talk to him,” stated Samuel Ramírez, referring to Alfredo Mejía, both leaders of MOVIR.
Persecución penal diezma trabajo de organizaciones sociales
Las recientes capturas de personas que se destacaron por denunciar violaciones de derechos humanos, actos de corrupción o violaciones a la Constitución de la República han impactado en el accionar de organizaciones de la sociedad civil desde hace varias semanas.
La detención de la abogada Ruth Eleonora López Alfaro, jefa de la Unidad Anticorrupción de la organización Cristosal, una organización que trabaja defendiendo derechos humanos y en la protección de víctimas de violencia en Centroamérica, parece ser uno de los golpes más fuertes infligidos a organizaciones críticas contra el actual gobierno salvadoreño.
Ruth López fue capturada en la noche del pasado 18 de mayo, en su lugar de residencia, inicialmente acusada del delito de peculado (apropiación de dinero público) y luego acusada judicialmente de enriquecimiento ilícito.
El pasado 4 de junio, una jueza ordenó que guarde prisión preventiva, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) fundamenta la acusación. Antes de ingresar y al salir de la audiencia judicial, la abogada pidió que su proceso judicial sea público y no bajo reserva, como lo pidió la Fiscalía. Además dijo considerarse como una presa política, pues su captura se debía a su actitud de denuncia.
El pasado sábado 7 de junio, El Diario de Hoy tuvo conocimiento de la salida de al menos una persona vinculada a una organización que ha denunciado violaciones a derechos humanos y violaciones procesales de personas detenidas bajo el régimen de excepción, así como casos de personas que han muerto mientras estaban en prisión, bajo la responsabilidad del Estado salvadoreño.
Ese mismo día, en la tarde, la Fiscalía informó sobre la detención del abogado constitucionalista, Enrique Anaya Barraza, por el delito de lavado de dinero.
En una entrevista en el espacio Frente a Frente, de la Telecorporación Salvadoreña, Anaya Barraza dijo que tenía miedo porque en El Salvador, cualquier persona que se atreve a hablar, lo hace con temor “porque la Fiscalía es una fábrica de tamales”.
Horas antes de su arresto, llamó cobarde a Félix Ulloa, el vicepresidente del país, a quien increpó por qué a Ruth López le habían aplicado el régimen de excepción. “Recordé que el consigliere -asesor de mafias- Ulloa dijo: ‘Nosotros no les aplicamos este régimen a los delincuentes comunes, sino que sólo a los miembros de pandillas’. Entonces, Ulloa: ¿por qué lo aplican a Ruth Eleonora López? ¡Respondé, cobarde!”, publicó el abogado en su cuenta de X a las 10:39 p.m. del pasado 6 de junio.
HRW preocupada por detención de Anaya
Por su parte, la directora para las Américas de Human Right Watch (HRW), Juanita Goebertus, expresó su preocupación por la captura del abogado constitucionalista.
“Ocurre durante una arremetida contra defensores de derechos humanos y periodistas”, señaló la abogada defensora de derechos humanos.
Goebertus también exigió una respuesta más contundente de la comunidad internacional por la persecución a personas defensoras de derechos humanos en El Salvador: “¿Cuánto más va a esperar la comunidad internacional para reaccionar de forma firme?”, publicó en la red social X.
Anaya está en las bartolinas de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil, según pudo constatar ayer por la mañana su defensor, Jaime Quintanilla, quien no había detenido información del paradero del abogado que inicialmente fue llevado a la División Central de Investigaciones (DCI) de la Policía.
“Se encuentra estable de salud y ánimo. Hasta el momento se le han suministrado sus medicamentos”, comunicó una persona allegada a Anaya, quien ha sido otra de las voces más críticas del Gobierno de Nayib Bukele.
Voceros de Unidech en España
Otra de las organizaciones que han sido golpeadas por la persecución penal es la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc), de la cual sus dos voceros fueron advertidos de que serían capturados al regresar a El Salvador.
Rudy Joya e Ivania Cruz, esposos, tuvieron que quedarse en España, donde habían asistido a un evento relacionado con su trabajo como defensores de derechos humanos. A principios de mayo, un tribunal de crimen organizado les decretó orden de detención internacional por los delitos de agrupaciones ilícitas porque fueron acusados de comercializar ilícitamente unas parcelas de tierra, en el caso conocido como La Floresta.
La organización ha señalado de “proceso viciado” las investigaciones judiciales contra Joya y Cruz. Ambos, por su parte, han calificado de persecución política el hecho de que les hayan decretado orden de arresto.
Por otra parte, Alfredo Mejía, vocero y líder del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), decidió marcharse de El Salvador para ponerse a salvo de capturas arbitrarias basadas en delitos inventados, como ha ocurrido con algunos defensores de derechos humanos.
Según explicó Mejía a El Diario de Hoy, se vio obligado a marcharse luego de que un grupo de policías lo llegaron a buscar a su vivienda, y luego lo mandaban a decir que se presentara a una delegación policial.
“El compañero Alfredo está fuera del país porque tuvo amenazas, mucha presencia de policías en su casa y lo mandaban a llamar para que fuera a la delegación más cercana porque querían hablar con él”, aseguró Samuel Ramírez, en referencia a Alfredo Mejía, ambos líderes de MOVIR.