On Thursday night, President Nayib Bukele took to social media to accuse the opposition of allegedly threatening government employees and exposing the identities of judges and prosecutors.
He also implied that he could retaliate.
“The opposition has spent all day publicly threatening anyone who supports or works for the government, even exposing judges, prosecutors, and journalists who don’t fall in line with orders from the Open Society. Some of those making these threats have clear links to criminals. I remind you that this is a crime and that the days of impunity are over. Don’t say you weren’t warned,” he posted on X.
Users and pro-government social media accounts backed Bukele’s warning.
Various social media accounts reposted videos and photos of the team of prosecutors working on the case against lawyer Ruth Eleonora López, head of Cristosal’s anti-corruption and transparency unit. She was arrested for alleged embezzlement, a charge that was later changed to illicit enrichment, related to her time as an advisor to the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo Electoral, TSE).
Judge Mirna Estela González de Ardón, who was appointed to the court in 2012 according to a public record from the Judiciary, ordered the human rights defender to remain in custody while the Attorney General’s Office continues its investigation.
The Attorney General’s Office asked the court to place the case under seal, which prevents information about the proceedings from being disclosed. The lawyer will remain in detention; she has described herself as a “political prisoner” because of her constant calling out of possible corruption in the Bukele administration.
One of the prosecutors on the case is Berty Manuel Acevedo, son of the head of the Presidential General Staff (Estado Mayor Presidencial, EMP), Manuel Antonio Acevedo López, whose employment information is published on LinkedIn.
Prosecutor Acevedo began working at the Attorney General’s Office in 2016, when Douglas Meléndez led the institution, according to his public profile on the site. He graduated with a degree in Juridical Sciences from José Matías Delgado University in June 2019, according to information available on the university’s website. He is assigned to the Attorney General’s Money Laundering Unit, according to judicial sources.
Leonor Arteaga, program director for the Washington-based Foundation for Due Process (Fundación para el Debido Proceso, DPLF), believes that “the Attorney General’s Office is a key part of the Salvadoran government’s persecution scheme against those who defend democracy. It’s a factory for fabricating guilt without evidence.”
In another case, the Third Central Section Chamber decided to recuse Judge Hugo Banzer Flores Alas, of the San Vicente Sentencing Tribunal, from the criminal case against eight veterans of the former guerrilla movement, six of whom are recognized environmental defenders from the Santa Marta community in Cabañas.
The community of environmentalists and the defense team for the accused had requested the judge’s recusal, as he was a member of the National Guard during the civil war, which could compromise his impartiality in the case against former members of the then-guerrilla.
“The Chamber validated the recusal arguments, according to which Flores Alas had serious ethical implications and a conflict of interest in judging people who fought for the opposing side during the civil war,” ADES Santa Marta posted on X.
The accused are well-known environmentalists who oppose metallic mining in Cabañas, where corporate interests in gold mining have also emerged since the government passed the General Law on Metallic Mining.
Bukele acusa a oposición de exponer a jueces y fiscales
El presidente de la República, Nayib Bukele, acusó en redes sociales la noche del jueves a la oposición de supuestamente amenazar a quienes trabajan en el gobierno y de exponer la identidad de jueces y fiscales.
Y dio a entender que podría tomar represalias.
“La oposición ha pasado todo el día amenazando públicamente a cualquier persona que apoye o trabaje para el gobierno, incluso exponiendo a jueces, fiscales y periodistas que no se alinean con las órdenes de Open Society. Algunos de los que emiten estas amenazas tienen vínculos claros con delincuentes. Les recuerdo que eso constituye delito, y que los días de impunidad ya terminaron. Después no digan que no se les advirtió”, publicó en X.
Usuarios y cuentas de redes afines al gobierno respaldaron esa advertencia lanzada por Bukele.
Diferentes cuentas de redes sociales retomaron los videos y fotografías del equipo de fiscales que trabajan en el caso contra la abogada Ruth Eleonora López, jefa del área de anticorrupción y transparencia de Cristosal, a quien se le detuvo por supuesto peculado y posteriormente se le cambió a enriquecimiento ilícito cuando trabajó como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La jueza Mirna Estela González de Ardón, quien fue nombrada en ese juzgado desde 2012, según un acta pública del Órgano Judicial, ordenó que la defensora de derechos humanos permanezca detenida mientras la Fiscalía continúa la investigación
La Fiscalía pidió al tribunal a declaratoria de reserva del caso, lo que impide que se divulgue información sobre el proceso, el cual seguirá con la abogada en detención, quien se calificó como “presa política” debido a las constantes denuncias que hizo sobre posible corrupción del gobierno de Bukele.
Uno de los fiscales a cargo del caso es Berty Manuel Acevedo, hijo del jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), Manuel Antonio Acevedo López, quien tiene información laboral publicada en la red social LinkedIn.
El fiscal Acevedo empezó a trabajar en la Fiscalía General en el año 2016, cuando Douglas Meléndez dirigía esa institución, según su perfil público en esa red. Se graduó en Ciencias Jurídicas de la Universidad José Matías Delgado en junio de 2019, de acuerdo con información disponible en la página web de esa institución educativa. Está asignado a la Unidad de Lavado de Dinero de la Fiscalía, según fuentes judiciales.
Leonor Arteaga, directora de programas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), con sede en Washington, considera que “la Fiscalía es una pieza clave en el esquema de persecución del gobierno de El Salvador contra quienes defienden la democracia. Es una fabrica de culpables sin pruebas”.
En otro caso, la Cámara de la Tercera Sección del Centro decidió separar al juez Hugo Banzer Flores Alas, del Tribunal de Sentencia de San Vicente, del proceso penal que se sigue contra ocho excombatientes de la antigua guerrilla, seis de ellos reconocidos como defensores del medioambiente de la comunidad Santa Marta, en Cabañas.
La comunidad de ambientalistas y la defensa de los acusados pedía la separación del juez, ya que fue miembro de la Guardia Nacional durante el conflicto armado, lo que podría comprometer la imparcialidad del juez en el caso contra quienes fueron miembros de la entonces guerrilla.
“La Cámara validó los argumentos de recusación, según los cuales Flores Alas tenía graves implicaciones éticas y conflicto de interés para juzgar a personas que militaron en el bando contrario durante el conflicto armado”, publicó ADES Santa Marta en X.
Los acusados son reconocidos ambientalistas en contra de la minería metálica en Cabañas, donde también se han conocido intereses de empresas en la explotación de oro luego que el gobierno aprobara la Ley General de Minería Metálica.