A los pocos días de la publicación, el mes pasado, fuentes cercanas a la Fiscalía General de la República de El Salvador advirtieron que eran inminentes las órdenes de captura contra siete de los periodistas del medio. Los presuntos cargos —«apología del delito» y «agrupaciones ilícitas»— se utilizan habitualmente contra supuestos pandilleros. Diez reporteros de El Faro ya han salido del país por precaución.
Apenas unos días después de la publicación de las entrevistas, el Gobierno intensificó la arremetida tanto contra periodistas como contra organizaciones de derechos humanos cuyo trabajo incluye el apoyo a los periodistas. Ruth López, destacada abogada del grupo de derechos humanos Cristosal, fue detenida abruptamente y acusada de malversación. Otros dos activistas permanecen detenidos acusados de desórdenes públicos. Organizaciones internacionales han dado la voz de alarma por lo que describen como el uso sistemático del sistema de justicia para silenciar a los críticos.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha documentado años de acoso contra la redacción de El Faro, desde la vigilancia con el software espía Pegasus y acusaciones infundadas de lavado de dinero hasta campañas de desprestigio lideradas por funcionarios del Gobierno. Hoy, tras la publicación de las entrevistas con las pandillas, la presión ha alcanzado niveles sin precedentes.
En una conversación con el CPJ, el jefe de redacción de El Faro, Óscar Martínez —galardonado con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del CPJ en 2016—, reflexionó sobre el costo de la persecución.
Esta entrevista fue realizada en español y ha sido editada por motivos de extensión y claridad.
¿Puede hablarnos de cómo salió del país y cómo se encuentra ahora?
Publicamos los videos de las entrevistas el 1 de mayo. Sabíamos que el material tendría un impacto, así que cuatro de nosotros salimos del país antes de la publicación para asegurarnos de que se pudiera difundir libremente y luego regresar. Cada uno se fue a un lugar diferente: uno a México para atender a los medios; yo vine a Estados Unidos para reuniones y cobertura, lo que se convirtió en una especie de cabildeo para proteger a la redacción.
Después de que nos fuimos, la represión se intensificó: detuvieron a líderes del sector transporte, uno de ellos murió en prisión cinco días después. Luego vinieron las detenciones de líderes comunitarios que protestaban frente a la residencia del presidente y la detención de la abogada de derechos humanos Ruth López. Mientras tanto, seguíamos recibiendo alertas sobre la vigilancia a nuestro personal y sobre órdenes de captura pendientes. Así que sacamos a otros tres colegas y luego a otros cuatro. Ahora somos 10 fuera del país, no exiliados formalmente, pero fuera por seguridad. Estamos planeando nuestro regreso.
¿Puede explicar los cargos que se le imputan a usted o a su redacción?
Un día después de que publicamos las entrevistas, el director del Organismo de Inteligencia del Estado nos acusó en redes sociales de cinco delitos, entre ellos trata de personas y violencia sexual. Dijo: «Al que tiene bombas no se le tiran piedras», como una amenaza. Poco después, confirmamos a través de dos fuentes fiables e independientes que se habían redactado siete órdenes de captura en nuestra contra. Las fuentes no se conocían entre sí, pero proporcionaron la misma información: que se nos acusa de «apología del delito» y agrupaciones ilícitas. Delitos que se usaban contra grupos criminales, así que fue entonces cuando decidimos sacar del país a todos los implicados en el video.
¿De qué manera el régimen de excepción de El Salvador, que el Gobierno dice haber impuesto para combatir la violencia de las pandillas, hace que sea especialmente peligroso para los periodistas acusados de tener vínculos con ellas?
El régimen de excepción comenzó en marzo de 2022 y trajo una serie de cambios legales. Durante los primeros 15 días, las autoridades no necesitan presentarte ante un juez. Te pueden detener basándose únicamente en la intuición de un policía o un militar. También eliminaron el límite de dos años de prisión preventiva; ahora puedes permanecer en la cárcel cinco, diez o incluso quince años sin una condena. Hay un secretismo total sobre los procesos y lo que llaman «juicios masivos», en los que se acusa a cientos de personas sin pruebas individualizadas.
En la práctica, es aún peor: allanamientos sin orden judicial, jueces sin rostro, órdenes de libertad que se ignoran y prohibición de visitas en las cárceles. Es un estado policial donde el Ejecutivo decide quién es arrestado y por cuánto tiempo. Y todo sucede sin controles ni contrapesos, porque en El Salvador hoy solo hay un poder: el presidente.
¿Qué cree que pretende conseguir el Gobierno al acusarles de ser miembros o simpatizantes de las pandillas?
Es una táctica utilizada en otras dictaduras, como Cuba o Nicaragua, para convertir a los críticos en «no ciudadanos». Bukele sabe cómo explotar el miedo. Ha impulsado la narrativa de que defendemos a las pandillas, a pesar de que hemos cubierto la violencia de las pandillas desde mucho antes de que él entrara en política, cuando él regentaba una discoteca.
Lo que estamos haciendo es cuestionar a criminales que se aliaron con el Gobierno; eso es periodismo. Su persecución contra nosotros y la detención de Ruth López es un mensaje para todos los que él considera la oposición visible: la prensa, la sociedad civil, los líderes comunitarios, los ecologistas y los partidos políticos. Su mensaje es claro: nos va a aplastar. Hemos recibido el mensaje. Algunos de nosotros podremos ser arrestados, otros podremos ir al exilio. Ese es el plan de Bukele: destruirnos poniendo a la opinión pública en nuestra contra.
¿Existe alguna vía legal o institucional que puedan tomar para rebatir las acusaciones o buscar protección?
No. Ninguna.
¿Cómo compararía el entorno de la prensa actual con el que existía antes de que Bukele llegara al poder? ¿Qué ha cambiado política y legalmente?
Antes había una ley de acceso a la información pública; funcionaba mal, pero funcionaba. Había conferencias de prensa. El Ministerio de Trabajo no se utilizaba para atacar a los medios. No había régimen de excepción. Si te acusaban de un delito, tenías derecho a un juicio público y abierto y a la posibilidad de apelar. Todavía había jueces independientes y la Sala de lo Constitucional tenía cierta diversidad. La Fiscalía General de la República tenía cierto grado de autonomía.
Todo eso ha desaparecido. El Salvador nunca fue un país fácil para el periodismo, pero nunca ha estado tan mal.
¿Cómo ha afectado todo esto a su capacidad para informar y conseguir fuentes?
Drásticamente. Hemos perdido muchas fuentes, sobre todo después de que se revelara que el software espía Pegasus había infiltrado nuestros teléfonos durante 17 meses. Nadie quiere hablar con periodistas que están siendo vigilados. El Gobierno utiliza polígrafos para interrogar a los funcionarios sobre si han hablado con El Faro. Sabemos que en los ministerios y en la presidencia preguntan específicamente sobre esto. Algunas fuentes que hablaron con nosotros están ahora en la cárcel, una murió allí, con señales de tortura.
Hacer periodismo también es mucho más caro. Para reunirnos con una fuente, puede que necesitemos alquilar un Airbnb con estacionamiento subterráneo o viajar al extranjero. Lo que antes costaba el tiempo de un reportero ahora puede costar 10 000 dólares. Publicar puede acarrear órdenes de captura. Hemos perdido a periodistas talentosos que se fueron por un miedo legítimo y eso es una pérdida enorme para el periodismo.
¿Cómo está sobrellevando todo esto, personal y profesionalmente, bajo tanta presión y riesgo?
Intentamos mantener la calma, no perder la perspectiva ni comprometer nuestro rigor periodístico. Es difícil, pero lo estamos haciendo apoyándonos en nuestro consejo editorial y en años de experiencia. Hemos tenido que adaptarnos rápidamente, reasignar recursos y hacer todo lo posible para que el presupuesto alcance.
Planeas tus finanzas para un año y, de repente, tienes que sacar a 10 periodistas del país. Luego llegan cinco auditorías, intentando multarte con miles de dólares por cosas que ya has demostrado que no hiciste. Tienes que escanear regularmente todos los teléfonos en busca de Pegasus. También necesitas un fondo de emergencia por si tienes que evacuar a los periodistas y a sus familias.
Estamos centrados en mantenernos firmes, apoyándonos en nuestros aliados internacionales, mostrándoles lo que está pasando y pidiéndoles una cosa específica: tiempo. Sabemos lo que viene: el exilio o la cárcel. No le pedimos a nadie que detenga lo inevitable, solo que nos ayuden a retrasarlo. Mientras tengamos tiempo, seguiremos informando.
¿Cómo cree que lo que les está pasando a ustedes, a El Faro y a los medios independientes en El Salvador puede servir de advertencia o lección para periodistas de otros países, incluso de Estados Unidos?
Es profundamente instructivo; va a la esencia misma de lo que es el periodismo. La gente puede hacer lo que quiera con la información que publicamos, pero muchas cosas simplemente no se sabrían si no existiéramos.
La gente no sabría que Bukele negoció con las pandillas, o que las víctimas de las pandillas están ahora encarceladas, o que el director de prisiones vendió con fines de lucro 41 000 sacos de ayuda alimentaria de la pandemia. No sabrían que Bukele está ampliando su residencia privada con fondos públicos. Nosotros informamos, lo que la gente haga con ello es su elección. Respondemos ante nuestros lectores y nuestros principios, pero, sobre todo, informamos para ellos.
También pienso en periodistas como Alma Guillermoprieto y Susan Meiselas. Si ellas no hubieran documentado la masacre de El Mozote en 1981, enfrentándose a una campaña coordinada que negaba que hubiera ocurrido, hoy no habría un juicio. Es terrible que esos juicios se estén celebrando ahora, para los viejos y los muertos, pero es algo. Si ellas no lo hubieran hecho, el mundo sería peor. Y si nosotros no hacemos nuestra parte ahora, volverá a ser peor.
‘We know what’s coming: exile or prison’ – El Faro’s Óscar Martínez on surviving Bukele’s crackdown
Within days of publication last month, sources close to El Salvador’s attorney general’s office warned that arrest warrants were imminent for seven of the outlet’s journalists. The purported charges – “advocacy of crime” and “unlawful association” – are typically used against alleged gang members. Ten El Faro reporters have now left the country as a precaution.
Just days after the interviews were published, the government escalated the crackdown against both journalists and human rights organizations whose work includes supporting journalists. Ruth López, a prominent lawyer with the human rights group Cristosal, was abruptly arrested and charged with embezzlement. Two other activists remain in custody facing public disorder charges. International organizations have raised alarms over what they describe as the systematic use of the justice system to silence critics.
The Committee to Protect Journalists has documented years of harassment against the El Faro newsroom, from Pegasus spyware surveillance and baseless money laundering accusations to smear campaigns led by government officials. Today, in the aftermath of the publication of the gang interviews, the pressure has reached unprecedented levels.
In a conversation with CPJ, El Faro Editor-in-Chief Óscar Martínez – recipient of CPJ’s 2016 International Press Freedom Award – reflected on toll of the persecution.
This interview was conducted in Spanish and has been edited for length and clarity.
Can you talk about how you left the country and how you’re doing now?
We published the interview videos on May 1. We knew the material would have an impact, so four of us left the country before publication to ensure it could be shared freely and then return. Each of us went to different places, one to Mexico to engage with the media, I went to the U.S. for meetings and coverage, which turned into a sort of advocacy to protect the newsroom.
After we left, repression escalated: transport business leaders were arrested, one died in prison five days later. Then came arrests of community leaders protesting outside the president’s residence, and the detention of (human rights lawyer) Ruth López. Meanwhile, we kept receiving alerts about surveillance on our staff and pending arrest warrants. So we took three more colleagues out and then another four. Now there are 10 of us outside the country, not formally exiled, but staying out for safety. We’re planning our return.
Can you explain the charges brought against you or your newsroom?
One day after we published the interviews, the head of the State Intelligence Agency accused us on social media of five crimes, including human trafficking and sexual violence. He said, “You don’t throw rocks at someone who has bombs,” like a threat. Not long after, we confirmed through two separate, reliable sources that seven arrest warrants had been drafted against us. They (the sources) didn’t know each other but provided the same information: That we are being accused of “advocacy of crime” and unlawful association. Crimes that were used against criminal groups, so that’s when we decided to get everyone involved in the video out of the country.
How has El Salvador’s state of emergency, which the government says it imposed to combat gang violence, make it especially dangerous for journalists accused of gang ties?
The state of emergency began in March 2022 and brought a series of legal changes. For the first 15 days, authorities don’t need to present you before a judge. You can be arrested based solely on a police or military officer’s intuition. They also eliminated the two-year limit on pretrial detention; now you can remain in prison for five, ten, or even fifteen years without a conviction. There’s total secrecy over proceedings and what they call “mass trials,” where hundreds are charged without individualized evidence.
In practice, it’s even worse: warrantless raids, anonymous judges, ignored release orders, and no prison visits. It’s a police state where the executive decides who’s arrested and for how long. And it all happens without checks or balances, because in El Salvador today, there’s only one power: the president.
What do you think the government aims to achieve by accusing you of being gang members or sympathizers?
It’s a tactic used in other dictatorships, like Cuba or Nicaragua, to turn critics into “non-citizens.” Bukele knows how to tap into fear. He’s pushed the narrative that we defend gangs, even though we’ve covered gang violence long before he entered politics, back when he was running a nightclub.
What we’re doing is questioning criminals who allied with the government — that’s journalism. His persecution of us and the arrest of Ruth López is a message to all he considers visible opposition: the press, civil society, community leaders, environmentalists, and political parties. His message is clear: he’s going to crush us. We’ve received the message. Some of us may get arrested, others may go into exile. That’s Bukele’s plan: destroy us by turning the public against us.
Is there any legal or institutional path you can take to challenge the accusations or seek protection?
No. None.
How would you compare the press environment now to what existed before Bukele took office? What’s changed politically and legally?
Before, there was a public information access law — it worked poorly, but it worked. There were press conferences. The labor ministry wasn’t used to attack the media. There was no state of emergency. If you were charged with a crime, you had a right to a public, open trial and the ability to appeal. There were still independent judges, and the Constitutional Chamber had some diversity. The attorney general’s office had a degree of autonomy.
All of that is gone now. El Salvador was never an easy country for journalism, but it’s never been this bad.
How has all this affected your ability to report and build sources?
Drastically. We’ve lost many sources, especially after it was revealed that Pegasus spyware had infiltrated our phones for 17 months. Nobody wants to talk to journalists who are being surveilled. The government uses polygraphs to question officials about whether they’ve spoken to El Faro. We know that ministries and the presidency specifically ask about this. Some sources who spoke to us are now in prison, one died there, with signs of torture.
Doing journalism is also much more expensive. To meet a source, we might need to rent an Airbnb with underground parking or travel abroad. What once cost a reporter’s [time] now can cost $10,000. Publishing can lead to arrest warrants. We’ve lost talented journalists who left out of legitimate fear and that’s a huge loss for journalism.
How are you coping with all of this, personally and professionally, under so much pressure and risk?
We’re trying to stay calm, to avoid losing perspective or compromising our journalistic rigor. It’s hard, but we’re doing it by relying on our editorial board and years of experience. We’ve had to adapt quickly, shift resources, and do everything we can to make the budget work.
You plan your finances for a year, and then suddenly you have to take 10 journalists out of the country. Then five audits arrive, trying to fine you thousands of dollars for things you’ve already proven you didn’t do. You have to regularly scan all phones for Pegasus. You also need an emergency fund in case you need to evacuate journalists and their families.
We’re focused on staying steady, leaning on our international allies, showing them what’s happening, and asking for one specific thing: time. We know what’s coming: exile or prison. We’re not asking anyone to stop the inevitable, just to help us delay it. As long as we have time, we’ll keep reporting.
How do you think what’s happening to you, to El Faro, and to independent media in El Salvador can serve as a warning or lesson for journalists in other countries, even the United States?
It’s deeply instructive; it cuts to the core of what journalism is. People can do what they want with the information we report, but a lot simply wouldn’t be known if we didn’t exist.
People wouldn’t know that Bukele negotiated with gangs, or that victims of gangs are now imprisoned, or that the prisons chief sold off 41,000 sacks of pandemic food aid for profit. They wouldn’t know that Bukele is expanding his private residence with public funds. We report, what people do with it is their choice. We answer to our readers and our principles, but above all, we report for them.
I also think of journalists like Alma Guillermoprieto and Susan Meiselas. If they hadn’t documented the El Mozote massacre in 1981, standing up to a coordinated campaign that denied it ever happened, there wouldn’t be a trial today. It’s terrible that those trials are only now happening, for the old and the dead, but it’s something. If they hadn’t done it, the world would be worse. And if we don’t do our part now, it will be worse again.