A soldier assigned to the República de Panamá school in San Salvador’s Atlacat neighborhood, currently undergoing reconstruction, obstructed a photojournalist covering a story there in response to complaints from parents whose children have been moved to a nearby school.
The journalist was photographing the facade of the institution where inmates from the “Cero Ocio” [Zero Leisure] plan are carrying out renovation work. Initially, the soldier at the school entrance questioned her presence, to which the journalist replied she was taking pictures. “Okay,” the soldier responded, then closed the gate, which had been partially open.
A few minutes later, the soldier opened the gate again as inmates were removing rubble and other materials from the premises. It was then that he approached the journalist again.
“You can’t be taking pictures,” he told her. She replied, “Okay.”
“Did you take them?” he questioned again, trying to see her camera screen, as the journalist tried to move away. “If any of that gets published, I’ve already seen your face,” the uniformed officer exclaimed threateningly. “And get out of here,” he continued.
According to the Asociación de Periodistas de El Salvador (Journalists’ Association of El Salvador, APES), 789 aggressions occurred in 2024, a year considered one of the most critical for press freedom in El Salvador due to the number and severity of attacks against the profession.
Seven out of ten of these aggressions against journalists in 2024 were perpetrated by government officials or public employees.
The violations were documented by the Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas (Center for Monitoring Aggressions against Journalists), established in 2018.
APES also reported a systematic increase in restrictions, intimidation, and attacks on the press, ranging from obstruction of journalistic work to information blockades, smear campaigns, digital harassment, and restrictions on access to public information.
“These situations reflect a worrying trend of regression in fundamental rights that guarantee a free press and an informed citizenry,” APES stated in early May when releasing its 2024 Press Freedom report.
Militar obstruye labor de fotoperiodista durante cobertura en escuela en San Salvador
Un militar asignado en el centro escolar República de Panamá, en la colonia Atlacat, en San Salvador, el cual ha sido intervenido para su reconstrucción, obstaculiza la labor de la fotoperiodista que realizaba una cobertura en dicho lugar en respuesta a denuncias de padres de familia cuyos hijos han sido trasladados a otro centro educativo aledaño.
La periodista realizaba fotografías de la fachada de la institución donde reos del plan “Cero Ocio” realizan los trabajos de remodelación. En un primer momento el militar que se ubicaba en la entrada de la escuela la cuestionó sobre su presencia en el lugar a lo que la comunicadora respondió que hacía toma de fotografías. “Está bien”, respondió el soldado, acto seguido cerró el portón que permanecía semi abierto.
Después de unos minutos el militar abrió nuevamente mientras los reos sacaban ripio y otros materiales del recinto, fue el momento en el que se acercó nuevamente a la comunicadora.
“No puede estar haciendo fotos”, le dijo. A lo que ella respondió: “Está bien”.
“¿Las hizo?”, volvió a cuestionar tratando de ver la pantalla de la cámara, mientras la periodista buscó alejarse. “Si algo de eso sale publicado, ya vi su cara”, exclamó el uniformado en tono amenazante. “Y se me retiran de aquí”, continuó.
De acuerdo a la Asociación de Periodistas de El Salvador, en 2024, considerado uno de los años más críticos para el ejercicio de la libertad de prensa en El Salvador por la cantidad y gravedad de agresiones sufridas por el gremio, ocurrieron 789 agresiones.
Siete de cada diez de estas agresiones contra periodistas fueron protagonizadas por funcionarios o empleados públicos en 2024.
Las vulneraciones fueron documentadas por el Centro de Monitoreo de agresiones contra periodistas creado en 2018.
La APES también informó sobre un aumento sistemático en las restricciones, intimidación y ataques a la prensa, que van desde la obstrucción al ejercicio de la profesión pasando por bloqueos informativos, campañas de desprestigio, acoso digital y restricciones al acceso a la información pública.
“Estas situaciones reflejan una preocupante tendencia de retroceso en los derechos fundamentales que garantizan una prensa libre y una ciudadanía informada”, expuso la Asociación a inicios de mayo al dar a conocer el informe de la Libertad de Prensa 2024.