Lawyer and human rights activist Ruth Eleonora López was criminally charged in El Salvador on Monday for her alleged participation in the embezzlement of public funds, her lawyer Antonio Aguilar reported.
Aguilar added that the Fiscalía General de El Salvador (El Salvador’s Attorney General’s Office) filed the request with the Twelfth Peace Court. CNN has requested more information from El Salvador’s Attorney General’s Office and the Court and is awaiting a response from both.
The defense attorney indicated that the court must set the date for the initial hearing, where it will decide if there is sufficient evidence that López participated in the crime she is accused of to order her continued detention or if she should be released.
Aguilar noted that López was detained on May 18 on embezzlement accusations from her time as an adviser to Eugenio Chicas, former president of the Tribunal Supremo Electoral (Supreme Electoral Tribunal) from 2009 to 2014. Chicas has been detained since February for alleged illicit enrichment, charges to which he has pleaded not guilty.
Aguilar has not been able to meet with López to prepare her defense and establish her innocence. He also has not had access to the charges filed by El Salvador’s Attorney General’s Office, according to Cristosal (Cristosal), the organization for which López works and which has previously rejected the accusations against the activist.
Cristosal confirmed to CNN that the judge handling the case declared the proceedings “completely under seal,” so they have not had access to documents, and it prevents the involved parties from providing further details.
The lawyer is head of Cristosal’s Anti-Corruption and Justice unit, dedicated to promoting the defense of human rights and critical of President Nayib Bukele’s administration.
Calls for her release
López’s family and the organization Cristosal filed a habeas corpus petition on May 29 before the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice) for what they consider an arbitrary detention, the NGO reported in a statement on Monday.
The petition argues that El Salvador’s Attorney General’s Office did not file criminal charges within the 72 hours established by the Constitution, and that López has not been able to have “free and private” communication with her legal team, which undermines her right to an effective defense, the statement added.
In the petition, López’s family requests that the judges order her release. The Constitutional Chamber has not yet ruled on whether to accept the petition. The judges do not have a set deadline to issue a response.
Furthermore, experts from the Naciones Unidas (ONU) (United Nations, UN) who are part of the Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas (Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances) urged the Government of El Salvador on May 30 to ensure that López receives “all fundamental legal guarantees and due process guarantees.”
Among other criticisms, López has pointed out the Bukele government’s lack of transparency, denouncing alleged abuses committed by the state during the state of exception, as well as the increase in public debt without detailing its investment or the use of public funds to purchase bitcoin, due to its price volatility.
Ruth López, activista de derechos humanos crítica de Bukele, acusada criminalmente en El Salvador
La abogada y activista de derechos humanos Ruth Eleonora López fue acusada criminalmente en El Salvador este lunes por su supuesta participación en el desfalco de fondos públicos, informó su abogado Antonio Aguilar.
Aguilar añadió que la Fiscalía General de El Salvador presentó la solicitud en el Juzgado de Paz Décimo Segundo. CNN solicitó más información a la Fiscalía y al Juzgado y está a la espera de una respuesta de ambos.
El defensor indicó que el tribunal debe fijar la fecha de la audiencia inicial, en la que decidirá si hay suficientes indicios de que López participó en el delito que se le atribuye para ordenar su detención continua o si debe ser liberada.
Aguilar señaló que López fue detenida el 18 de mayo por acusaciones de desfalco cuando era asesora de Eugenio Chicas, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral de 2009 a 2014. Chicas ha estado detenido desde febrero por supuesta enriquecimiento ilícito, cargos de los que se ha declarado inocente.
Aguilar no ha podido reunirse con López para preparar su defensa y establecer su inocencia. También no ha tenido acceso a la acusación presentada por la Fiscalía, según Cristosal, la organización para la que trabaja López y que ha rechazado previamente las acusaciones contra la activista.
Cristosal le confirmó a CNN que la juez que lleva el caso declaró “reserva total del proceso” por lo que no han tenido acceso a documentos y le impide a las partes implicadas brindar mayores detalles.
El abogado es jefe de la unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, dedicada a promover la defensa de los derechos humanos y crítica de la administración del presidente Nayib Bukele.
Llamados para su liberación
La detención de López ha provocado una oleada de acusaciones de organizaciones internacionales y locales que piden su liberación.
La familia de López y la organización Cristosal presentaron una solicitud de hábeas corpus el 29 de mayo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por lo que consideran una detención arbitraria, informó la ONG en un comunicado este lunes.
La solicitud argumenta que la Fiscalía General de El Salvador no presentó la acusación criminal dentro de las 72 horas establecidas por la Constitución, y que López no ha podido tener comunicación “libre y privada” con su equipo legal, lo que socava su derecho a una defensa efectiva, añade el comunicado.
En la demanda, la familia de López solicita que los jueces ordenen su liberación. La Sala Constitucional aún no se ha pronunciado sobre si admite la solicitud. Los jueces no tienen un plazo establecido para emitir una respuesta.
Además, expertos de las Naciones Unidas (ONU) que forman parte del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas instaron al Gobierno de El Salvador el 30 de mayo a garantizar que López reciba “todas las garantías legales fundamentales y las garantías de debido proceso”.
Entre otras críticas, López ha señalado la falta de transparencia del gobierno de Bukele, denunciando supuestos abusos cometidos por el estado durante el estado de excepción, así como el aumento de la deuda pública sin detallar su inversión o el uso de fondos públicos para la compra de bitcoin, debido a la volatilidad de su precio.