The Committee to Protect Journalists (CPJ) urged El Salvador on Friday to repeal its newly enacted “foreign agents” law, calling it a direct threat to press freedom and civil society. The law, approved on May 20 by the Legislative Assembly dominated by President Nayib Bukele’s party, requires organizations and individuals receiving international funding to register with the Ministry of Interior and imposes a 30 percent tax on such funds. It also grants the government sweeping authority to monitor, fine, or shut down those who fail to comply.

Journalists and legal experts have expressed concern that the law’s vague and broad language allows authorities to arbitrarily classify anyone receiving foreign support as a foreign agent. This could impact freelance reporters, trainers, and nonprofit workers, who risk being labeled as hostile actors simply for engaging in international partnerships.

The measure has drawn sharp comparisons to authoritarian regimes, where similar laws have been used to suppress dissent. According to Human Rights Watch, El Salvador’s law could be used to target civil society groups and independent media, especially those exposing corruption or government misconduct. The organization also warned that this legal framework violates the country’s obligations under international law.

Supporters from the ruling party argued that the law is necessary for transparency and national sovereignty. However, critics believe it is part of a broader campaign to silence dissent and marginalize organizations that question or challenge the government. Opposition lawmakers and journalists have pointed out that similar rhetoric has been used in the past to discredit NGOs and international donors.

The passage of this law takes place in an increasingly hostile environment for civic freedoms. Human rights advocates have also raised concerns about El Salvador’s treatment of asylum seekers, highlighting how the country’s deteriorating rights conditions are affecting not only citizens, but also vulnerable migrants being deported to El Salvador from other countries.

Observers say the new law aligns with Bukele’s broader efforts to consolidate power. Over the past few years, he has repeatedly framed foreign-funded organizations as tools of foreign influence that interfere with national sovereignty. With this legislation, critics argue that these accusations have now been codified into law.

In response to the mounting backlash, CPJ and 21 other international and regional organizations issued a joint statement condemning the law. The coalition warned that it would undermine democracy, increase censorship, and erode the rights of the press and civil society actors who rely on foreign support to operate independently and transparently.

Jurist News: https://www.jurist.org/news/2025/05/el-salvador-urged-to-repeal-foreign-agents-law-threatening-press-freedom/#

Instan a El Salvador a derogar ley de ‘agentes extranjeros’, citando amenaza a la libertad de prensa

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) instó el viernes a El Salvador a derogar su recién promulgada ley de “agentes extranjeros”, calificándola como una amenaza directa a la libertad de prensa y la sociedad civil. La ley, aprobada el 20 de mayo por la Asamblea Legislativa dominada por el partido del presidente Nayib Bukele, exige que las organizaciones y personas que reciben financiamiento internacional se registren en el Ministerio de Gobernación e impone un impuesto del 30 por ciento sobre dichos fondos. También otorga al gobierno amplias facultades para supervisar, multar o clausurar a quienes no cumplan.

Periodistas y expertos legales han expresado su preocupación de que el lenguaje vago y amplio de la ley permita a las autoridades clasificar arbitrariamente como agente extranjero a cualquiera que reciba apoyo del exterior. Esto podría afectar a reporteros independientes, capacitadores y trabajadores de organizaciones sin fines de lucro, quienes corren el riesgo de ser etiquetados como actores hostiles simplemente por participar en colaboraciones internacionales.

La medida ha generado fuertes comparaciones con regímenes autoritarios, donde leyes similares se han utilizado para reprimir la disidencia. Según Human Rights Watch, la ley de El Salvador podría usarse para perseguir a grupos de la sociedad civil y medios independientes, especialmente aquellos que exponen la corrupción o la mala conducta gubernamental. La organización también advirtió que este marco legal viola las obligaciones del país bajo el derecho internacional.

Partidarios del partido gobernante argumentaron que la ley es necesaria para la transparencia y la soberanía nacional. Sin embargo, los críticos creen que es parte de una campaña más amplia para silenciar la disidencia y marginar a las organizaciones que cuestionan o desafían al gobierno. Diputados de la oposición y periodistas han señalado que una retórica similar se ha utilizado en el pasado para desacreditar a las ONG y a los donantes internacionales.

La aprobación de esta ley tiene lugar en un entorno cada vez más hostil para las libertades cívicas. Defensores de los derechos humanos también han expresado preocupación por el trato que El Salvador da a los solicitantes de asilo, destacando cómo el deterioro de las condiciones de derechos en el país está afectando no solo a los ciudadanos, sino también a migrantes vulnerables deportados a El Salvador desde otros países.

Observadores señalan que la nueva ley se alinea con los esfuerzos más amplios de Bukele por consolidar el poder. En los últimos años, él ha presentado repetidamente a las organizaciones con financiamiento extranjero como herramientas de influencia externa que interfieren con la soberanía nacional. Con esta legislación, los críticos argumentan que estas acusaciones ahora han sido codificadas en ley.

En respuesta a la creciente reacción negativa, el CPJ y otras 21 organizaciones internacionales y regionales emitieron una declaración conjunta condenando la ley. La coalición advirtió que socavaría la democracia, aumentaría la censura y erosionaría los derechos de la prensa y los actores de la sociedad civil que dependen del apoyo extranjero para operar de manera independiente y transparente.

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