El Salvador’s Ministry of Defense purchased ten Yagu armored vehicles for $2.6 million. On October 11, 2021, Minister of Defense René Merino Monroy authorized the purchase from IBN Military Industries Inc, a U.S.-domiciled company, according to the contract published by Mexicans Against Corruption, the organization that investigated the sale to El Salvador’s army by a company belonging to Francisco Arturo Ávila Anaya, a businessman, publicist, and federal lawmaker for Morena.
The purchase of the Yagu vehicles had been promoted by Info Defensa, a site specializing in military spending, which reported the arrival of the Yagu vehicles in El Salvador in March 2022, the same month the state of exception was approved, suspending constitutional rights and paving the way for more than 85,000 arrests of gang members and non-gang members.
Ávila Anaya established the company in San Diego, United States, and also opened an IBN branch in El Salvador in July 2019, named IBN Industrias Militares, S.A de C.V. However, in June 2022, the company changed its name and is now called IBN Inteligencia Artificial.
The company that sold the vehicles, in which soldiers typically patrol areas on the outskirts of the capital and throughout the country, was also responsible for creating an ad to promote the efficiency of this administration’s fight against gangs using the very vehicles the same company sold.
The investigation by Mexicans Against Corruption revealed that Ávila Anaya was behind the production of the advertisement. It was titled “Yagu, una herramienta para combatir a las pandillas en El Salvador” [Yagu, a tool to combat gangs in El Salvador] and was published on Ávila’s YouTube channel, “La Resistencia.”
This advertisement won the Reeds Latino award in 2022 for “best TV spot over 60 seconds in a governmental campaign for large audiences,” according to the website of the Reed Latino award, from the organization Campaign & Elections. Arturo Ávila and his collaborators Alejandra Peña and Kevin Álvarez are listed in the award credits.
IBN in El Salvador reported $13,348 in assets in 2021 and did not report the $2.6 million transaction with the Ministry of Defense, or it does not appear in the data reviewed prior to publication.
Revista Elementos published a note on IBN Industries’ balance sheets in which auditors warn that the Salvadoran branch made a transaction of more than $571,000 to a company domiciled in a low or zero-tax jurisdiction (a tax haven), but did not inform El Salvador’s Ministry of Finance about this transaction.
Another investigation by Mexicans Against Corruption revealed that Ávila Anaya acquired a property valued at $4.8 million in Rancho Santa Fe, one of California’s most expensive areas, in 2024. The politician, according to the Mexican media outlet, acquired this property just as his company, IBN Industrias Militares de Alta Tecnología Balística S.A de C.V (Mexico), had its bank accounts frozen by an order from Mexico City’s Fifth Administrative Court.
Congresista mexicano vendió a El Salvador $2.6 millones en vehículos militares
El Ministerio de Defensa de El Salvador compró una decena de vehículos blindados Yagu por $2.6 millones. El 11 de octubre de 2021, el ministro de Defensa René Merino Monroy autorizó la compra a la empresa IBN Military Industries Inc, domiciliada en Estados Unidos, según el contrato publicado por Mexicanos contra la Corrupción, organización que realizó la investigación sobre la venta al ejército de El Salvador por parte de una empresa de Francisco Arturo Ávila Anaya, empresario, publicista y congresista federal de Morena.
La compra de los vehículos Yagu había sido promocionada por el sitio especializado en gasto militar Info Defensa, que reseñó la llegada de los vehículos Yagu a El Salvador en marzo de 2022, el mismo mes en que se aprobó el régimen de excepción que suspendió derechos constitucionales y abrió la puerta a más de 85 mil capturas de pandilleros y no pandilleros.
Ávila Anaya constituyó la empresa en San Diego (Estados Unidos) y también abrió una sucursal de IBN en El Salvador, en julio de 2019, denominada IBN Industrias Militares, S.A de C.V, aunque en junio de 2022 la empresa cambió de nombre y ahora se llama IBN Inteligencia Artificial.
La empresa que vendió los vehículos en los que suelen patrullar los soldados en zonas de la periferia de la capital y de todo el país, también se encargó de hacer un spot para promocionar la eficiencia en el combate de las pandillas de este Gobierno al usar los vehículos que vendió la misma empresa.
La investigación de Mexicanos contra la Corrupción reveló que Ávila Anaya estuvo detrás de la producción de la pieza publicitaria. Se denominó “Yagu, una herramienta para combatir a las pandillas en El Salvador” y fue publicada en el canal de Youtube de Ávila, “La Resistencia”.
Este spot publicitario fue galardonado con el premio Reeds Latino en 2022, como “mejor spot de tv de más de 60 segundos en campaña gubernamental para grandes audiencias”, dice el sitio web del galardón Reed Latino, de la organización Campaign & Elections. Arturo Ávila y sus colaboradores Alejandra Peña y Kevin Álvarez aparecen en los créditos del galardón.
IBN en El Salvador reportó $13,348 en activos en 2021, y no reportó la transacción por $2.6 millones con el Ministerio de Defensa o no aparece hasta los datos revisados previos a la publicación.
Revista Elementos publicó una anotación a los balances generales de IBN Industries en el que los auditores advierten que la sucursal salvadoreña realizó una transacción de más de $571 mil a una sociedad domiciliada en una jurisdicción de baja o nula tributación (un paraíso fiscal), pero no informó al Ministerio de Hacienda de El Salvador sobre dicha transacción.
Otra investigación de Mexicanos contra la Corrupción reveló que Ávila Anaya adquirió en 2024 una propiedad valuada en $4.8 millones en Rancho Santa Fe, una de las zonas más caras de California. El político, según el medio mexicano, adquirió esta propiedad justo cuando su empresa IBN Industrias Militares de Alta Tecnología Balística S.A de C.V (México), tenía bloqueadas sus cuentas bancarias por una orden del Juzgado Quinto de Materia Administrativa de la Ciudad de México.