The Ministry of Environment and Natural Resources classified for seven years information regarding studies conducted on the water of the San Sebastián River, as well as measures the ministry reportedly took to comply with the recommendations of the Environmental Court concerning the removal of containers with toxic materials.
Seven years ago, the Office of the Human Rights Ombudsman (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH) submitted a special report to the San Miguel Environmental Court which mentioned the damage caused by past mining activity.
In May 2019, the court recommended that the Ministry of Environment urgently remove two containers with cyanide and ferrous sulfate that foreign mining companies had abandoned on San Sebastián hill.
Through the Public Information Access Unit, this news outlet requested information on the studies conducted by that ministry to determine the water quality of the San Sebastián River. Information was also requested on the measures developed by this entity to comply with the recommendations of the San Miguel Environmental Court and on the removal of toxic containers located there.
The request was accepted by the Ministry of Environment, which requested the information from the General Directorate of Water Security of that same state ministry. That Directorate notified of the classification.
“Notice is hereby given that in accordance with subsections e, f, and g of Article 19 of the Ley de Acceso a la Información Pública [Public Information Access Law], the requested information has been designated as classified information under declaration number 031-2025,” the resolution states.
The General Directorate of Water Security indicates that such classification is because the information is derived from cases and/or processes contained in open files related to: complaints, cases corresponding to precautionary measure files imposed by the Judicial Branch, and cases handled at the request of the Public Ministry.
The resolution states that this classification of information expires on September 3, 2032. That is, seven years. The document also redirects to the transparency portal where the index with all classification declarations is located.
The information is classified as the “San Sebastián Mines Case,” of Santa Rosa de Lima, in La Unión. The classification was made on February 3, 2025, and is justified by the existence of precautionary measures, under reference number 15-2017-MC-R1, initiated ex officio by the San Miguel Environmental Court, based on information provided by the PDDH, against «COMERCE GROUP-CORP», due to the existence of two containers storing toxic substances on the property where the former San Sebastián mine operated.
YSUCA recently published a journalistic investigation which documented the damage caused to the San Sebastián River, whose waters are reddish in color, according to specialists, due to damage to the local hill caused by mining companies that, for almost 100 years, used chemicals to extract minerals.
The 20th-century mining industry recorded activities in the eastern region of El Salvador starting in 1904, but it was not until 2006 that the Salvadoran state withdrew exploitation permits from foreign companies. However, environmentalists have reported that toxic waste remains at the site, which currently threatens the ecosystem.
Reservan por 7 años información sobre el río San Sebastián contaminado por minería
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales declaró bajo reserva de siete años la información sobre los estudios realizados al agua del río San Sebastián, así como las medidas que el ministerio habría realizado para cumplir con las recomendaciones del Juzgado Ambiental sobre el retiro de contenedores con materiales tóxicos.
Hace siete años, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos remitió un informe especial al Juzgado Ambiental de San Miguel donde mencionaba los daños ocasionados por la actividad minera del pasado.
En mayo del 2019, el juzgado recomendó al ministerio de Medio Ambiente retirar de forma “urgente” dos contenedores con cianuro y sulfato ferroso que empresas mineras del exterior dejaron abandonadas en el cerro San Sebastián.
A través de la Unidad de Acceso a la Información Pública, este medio solicitó información sobre los estudios realizados por ese ministerio para conocer la calidad del agua del río San Sebastián. También se pidió información sobre las medidas desarrolladas por esta entidad para cumplir con las recomendaciones del juzgado ambiental de San Miguel y sobre el retiro de contenedores tóxicos ubicados en ese lugar.
La petición fue aceptada por el ministerio de Medio Ambiente que solicitó la información a la Dirección General de Seguridad Hídrica de esa misma cartera de Estado. Esa Dirección notificó la reserva.
“Se comunica que de conformidad con los literales e, f y g del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la información solicitada ha sido clasificada como reservada bajo el número de declaración 031-2025”, se lee en la resolución.
La Dirección General de Seguridad Hídrica indica que tal clasificación se debe a que la información se deriva de casos y/o procesos contenidos en expedientes abiertos en atención a: denuncias, los casos correspondientes a los expedientes de medidas cautelares impuestas por el Órgano Judicial y a los casos atendidos por requerimiento del ministerio Público.
La resolución dice que esa reserva de información vence el 3 de septiembre del 2032. Es decir, siete años. El documento, además, redirecciona al portal de transparencia donde está el índice con todas las declaratorias de reserva.
La información esa clasificada como el “Caso minas de San Sebastián”, de Santa Rosa de Lima, en La Unión. La reserva se hizo el 3 de febrero del 2025 y se justifica por la existencia de medidas cautelares, bajo el número de referencia 15-2017-MC-R1, promovido de oficio por el Juzgado Ambiental de San Miguel, por información proporcionada por la PDDH, en contra de «COMERCE GROUP-CORP», por la existencia de dos contenedores que almacenan sustancias tóxicas, en el inmueble donde funcionó la ex mina San Sebastián.
YSUCA publicó recientemente una investigación periodística donde se pudo documentar los daños ocasionados en el río San Sebastián, cuyas aguas son color rojizo, según especialistas, a causa de los daños ocasionados al cerro de esa localidad por parte de las empresas mineras que, desde hace casi 100 años, años utilizaron químicos para extraer minerales.
La industria minera del siglo 20 registró actividades en la región del oriente de El Salvador desde 1904, pero fue hasta el 2006 cuando el Estado salvadoreño retiró los permisos de explotación a las compañías extranjeras. Sin embargo, ambientalistas han denunciado que en el lugar quedaron restos tóxicos que en la actualidad amenazan al ecosistema.