Lawyer and human rights defender Ruth López was arrested without a warrant. After being missing for over twelve hours, she is now being held without charge. In the context of a state of emergency, the approval of the new law on “foreign agents” further restricts the space for civil society in El Salvador. FIDH and OMCT, through their joint program the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, call on the Salvadoran authorities to release her immediately and urge the international community not to remain silent in the face of the ongoing persecution of human rights defenders in the country.
Arbitrariness is becoming the norm to silence independent voices in El Salvador. On 18 May, 2025, at 11:00 p.m., Ruth López, a renowned lawyer and head of the Anti-Corruption Unit at the organisation Cristosal, was arrested at her home by the National Civil Police. Deprived of contact with her family and lawyers for over twelve hours, she was transferred without explanation through several detention facilities. To this day, no formal charges have been brought against her, even though the prosecutor’s office has publicly accused her of embezzlement.
“What Ruth López is experiencing is not an isolated case: it is part of a strategy of terror aimed at silencing those who dare to speak the truth.” sayd Jimena Reyes, Head of the FIDH Americas Desk.
Cristosal, an NGO founded by Anglican bishops and dedicated to defending displaced, persecuted, or vulnerable individuals, is now in the crosshairs of the authorities. Its work is becoming increasingly difficult in a country sliding into authoritarianism. It now joins other organisations targeted by the government, such as the Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC). Freedom of the press is also under threat, with recent attacks on journalists from the online media outlet El Faro following revelations of alleged links between the government and organised crime networks. The latest crackdown: the adoption on 20 May, 2025, of the “Foreign Agents Law,” a repressive piece of legislation that threatens the financial survival and very existence of independent civil society.
“We are witnessing a frightening misuse of criminal law to silence critical voices. This climate of fear is incompatible with the rule of law and democracy,” said Gerald Staberock, Secretary General of the World Organisation Against Torture (OMCT).
A Law to Silence Civil Society
Passed in haste, the “Foreign Agents Law” requires NGOs receiving international funding to register as such, under threat of sanctions. A 30% tax is applied to these funds, and any activity deemed political is prohibited—a vague wording that allows for broad and arbitrary interpretation. This law is modeled after legislation already used to suppress dissent in authoritarian regimes such as Nicaragua, and it marks a new phase in the criminalisation of solidarity in El Salvador, which has been under a state of emergency since March 2022.
El Salvador: la persecución contra personas defensoras de los derechos humanos alcanza un nuevo umbral
La abogada y defensora de los derechos humanos Ruth López fue detenida sin orden judicial. Desaparecida desde hace más de doce horas, permanece detenida sin cargos. En el contexto de un estado de emergencia, la aprobación de la nueva ley de «agentes extranjeros» restringe aún más el espacio para la sociedad civil en El Salvador. La FIDH y la OMCT, a través de su programa conjunto del Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, hacen un llamado a las autoridades salvadoreñas para que la liberen inmediatamente y a la comunidad internacional para que no permanezca en silencio frente a la continua persecución de las personas defensoras de derechos humanos.
La arbitrariedad se convierte en la norma para silenciar las voces independientes en El Salvador. El 18 de mayo de 2025, a las 23 horas, Ruth López, reconocida abogada y jefa de la Unidad Anticorrupción de la organización Cristosal, fue detenida en su domicilio por la Policía Nacional Civil. Privada de contacto con su familia y sus abogados por más de doce horas, fue trasladada sin explicación a través de varios centros de detención. Hasta la fecha, no se le han formulado cargos de manera oficial, aunque la Fiscalía la acusa públicamente de malversación de fondos.
«Lo que está sufriendo Ruth López no es un caso aislado: es una estrategia de terror destinada a silenciar a quienes se atreven a decir la verdad», declaró Jimena Reyes, responsable de la oficina para las Américas en la FIDH.
Cristosal, fundada por obispos anglicanos y comprometida con la defensa de personas desplazadas, perseguidas o en situación de vulnerabilidad, está ahora en la mira de las autoridades. Su labor se vuelve cada vez más difícil en un país que se hunde en el autoritarismo. Cristosal se une así a otras organizaciones señaladas por el gobierno, como la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC). La libertad de prensa también está amenazada, con recientes agresiones a periodistas del medio de comunicación en línea El Faro, tras la revelación de presuntos vínculos entre el gobierno y estructuras del crimen organizado. La última ofensiva registrada: la adopción, el 20 de mayo de 2025, de la “Ley de Agentes Extranjeros”, una legislación liberticida que amenaza la supervivencia financiera y la existencia misma de la sociedad civil independiente.
«Estamos presenciando una instrumentalización alarmante del derecho penal para silenciar voces críticas. Este clima de miedo es incompatible con cualquier Estado de derecho o democracia», declaró Gerald Staberock, Secretario General de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
Una ley para silenciar a la sociedad civil
Aprobada con carácter de urgencia, la “Ley de Agentes Extranjeros” obliga a las ONG que reciben financiamiento internacional a registrarse como tales, bajo pena de sanciones. Se impone un impuesto del 30 % sobre estos fondos, y se prohíbe cualquier actividad considerada política, una formulación ambigua que deja margen a la más absoluta arbitrariedad. Este texto se inspira en leyes ya utilizadas para reprimir los contrapesos en regímenes autoritarios, como en Nicaragua, y marca una nueva etapa en la criminalización de la solidaridad en El Salvador, bajo régimen de excepción desde 2022.