At least 412 people have died in El Salvador’s prisons while in state custody amid the implementation of the state of exception, Socorro Jurídico Humanitario (Humanitarian Legal Aid) reported via its X (formerly Twitter) account.

“The worst is already happening, we said it, people cannot bear what is happening in Izalco. The death toll during the state of exception measure has risen to 412. Most deaths are from Izalco Prison,” the organization posted.

It also noted that those who died in prison did not have the right to a second hearing in their criminal proceedings. “A source informs us that many detainees in Izalco are on the verge of death. History will put everything in its place,” Humanitarian Legal Aid stated.

Separately, the Movimiento de las Víctimas del Régimen de Excepción (Movement of Victims of the State of Exception, Movir) reported on its social media the death of Rolando Cruz, 50, from the Nahuizalco jurisdiction. According to the movement, the detainee had been hospitalized for tuberculosis.

According to the latest report on prison deaths prepared by Humanitarian Legal Aid, 94% of the deceased were not gang members nor linked to such groups, but were working people who were allegedly arbitrarily detained.

It also indicates that 40% were violent deaths, resulting from acts of torture, “although the National Civil Police (PNC) and the Fiscalía General de la República (Attorney General’s Office, FGR) in their police inspection reports listed the alleged crime as ‘death under investigation,’” even though the bodies showed signs of violence.

It adds that 30% died due to negligence in the treatment of their illnesses or lack of timely medical care, while for another 30%, the preliminary cause of death is unknown.

To date, government officials have repeatedly and categorically denied accusations of deaths by torture and negligence in penitentiary centers.

Patterns

The director of Humanitarian Legal Aid, Ingrid Escobar, explained that patterns have persisted since the state of exception began. One is that most detainees who die have been held in the Izalco and Quezaltepeque prisons, and a persistent cause of death is kidney failure.

“We have information that at the CEAS (Centro Especializado en Atención en Salud, Specialized Health Care Center) there are some 12,000 people who are very seriously ill and could die,” Escobar stated.

The director of Humanitarian Legal Aid has repeatedly insisted that the registry they maintain, based on databases, testimonies, documents, and photographs provided by the families themselves, is only an undercount, but that so far there have been more than 1,000 deaths since the state of exception began in March 2022.

Escobar stated that in recent days they have also received at least three reports of deaths of individuals who were being prosecuted for common crimes.

“This is a forgotten segment within the prisons. How are these people faring?” questioned the human rights defender.

Last week, the death of Bryan Alexander Rivera Mejia was reported in Mariona prison. His family reported they suspect he was murdered because he had visible marks on his face, including a vertical suture between his eyebrows, above his right eye.

Bryan, 25, had been imprisoned for almost six months, accused of rape and femicide. His relatives claim there was negligence in his capture by those investigating the death of a woman whose body appeared between Calle Guatemala and Calle Concepción in San Salvador, near where the young man lived and worked.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/regimen-de-excepcion-derechos-humanos/1221409/2025/

La cifra de muertes en las cárceles aumenta a 412, según organización

Al menos 412 personas han muerto en las cárceles de El Salvador bajo custodia de agentes del Estado en el contexto de la implementación del régimen de excepción, informó el Socorro Jurídico Humanitario, a través de su cuenta de X (Twitter).

“Lo peor está pasando ya, lo dijimos, la gente no soporta lo que sucede en Izalco. Sube a 412 las víctimas mortales durante la medida del régimen de excepción. La mayoría de muertes vienen de C. P. de Izalco”, publicó esa organización. 

Por otra parte, señaló que las personas que han muerto en las prisiones no tuvieron derecho a una segunda audiencia dentro del proceso penal. “Una fuente nos informa que muchos procesados en Izalco están a punto de morir. La historia pondrá todo en su lugar”, aseguró el Socorro Jurídico.

Por otra parte, el Movimiento de las Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) denunció en sus redes sociales la muerte de Rolando Cruz, de 50 años, originario de la jurisdicción de Nahuizalco. Según ese movimiento el privado de libertad había estado hospitalizado por tuberculosis. 

Según el último informe sobre las muertes en penales elaborado por el Socorro Jurídico, el 94% de las personas muertas no eran pandilleros ni estaban vinculados a esos grupos, sino que eran personas trabajadoras que fueron detenidos presuntamente de forma arbitraria. 

Asimismo indica que en un 40% fueron muertes violentas, generados por actos de tortura,  «aunque la PNC y FGR en sus actas de inspección policial les colocaron el supuesto delito “sobre averiguar muerte”», aunque los cuerpos presentan señales de violencia. 

Agrega que el 30% falleció por negligencia en el tratamiento de sus enfermedades o falta de atención médica a tiempo; mientras que del 30% se desconoce la causa preliminar de muerte.

Hasta ahora, los funcionarios del gobierno han negado de manera rotunda en repetidas ocasiones las acusaciones de las muertes por tortura y negligencia en los centros penitenciarios.

Patrones

La directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, explicó que se mantienen los patrones desde que inició el régimen de excepción, uno de ellos es que la mayoría de los privados de libertad que salen muertos ha estado recluidos en los penales de Izalco y Quezaltepeque, y la persistencia de muertes es a causa de la insuficiencia renal. 

“Tenemos información que el CEAS (Centro Especializado en Atención en Salud) hay unas 12,000 personas que están muy graves y que podrían morir”, aseguró Escobar. 

La directora del Socorro Jurídico ha insistido en diversas ocasiones que el registro que ellos llevan a base de datos, testimonios, documentos y fotografías brindados por las misma familias solo es un subregistro, pero que hasta el momento ya van más de 1,000 muertos desde que inició el régimen de excepción en marzo de 2022. 

Escobar manifestó que los últimos días también han tenido al menos tres reportes de personas muertas que estaban siendo procesadas por delitos comunes. 

“Este es un segmento dentro de las cárceles olvidado ¿Cómo lo estará pasando esta gente?”, cuestionó la defensora de derechos humanos. 

La semana pasada se reportó la muerte de Bryan Alexander Rivera Mejia, en el penal de Mariona. La familia denunció que sospechan que fue asesinado porque tenía golpes marcados en el rostro, incluso una sutura vertical en el entrecejo, arriba del ojo derecho.

Bryan, de 25 años, estuvo encarcelado casi seis meses, tras ser acusado por el delito de violación y feminicidio. Sus familiares aseguran que en su captura hubo negligencia de parte de quienes investigan la muerte de una mujer cuyo cadáver apareció entre la calle Guatemala y calle Concepción de San Salvador, cerca de donde el joven vivía y trabajaba.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/regimen-de-excepcion-derechos-humanos/1221409/2025/