Sooner or later, every autocracy uses force to silence dissent. The more social support an authoritarian regime loses, the greater its need to resort to persecution and repression to sustain itself. It is part of the authoritarian playbook. In El Salvador, the authoritarian drift has gained new momentum; various recent events have caused an erosion in the ruling party’s popularity, and its reaction has not been long in coming.
The Cosavi case, the approval of the law promoting metallic mining, the rental of CECOT for migrants deported from the United States, the deficiencies in the construction works at Los Chorros, the journalistic investigation confirming links between Bukele officials and gangs, and the violent dissolution of the protest by families from the El Bosque cooperative are developments impacting public opinion of the government negatively, which adds to the discontent over the acute crisis in household finances. In reaction, the Executive has resorted to both populist measures (for example, providing free public transportation nationwide) and the use of intimidation and force. Clear examples of the latter include the detention of evangelical pastor José Ángel Pérez, lawyer Alejandro Henríquez, and the head of Cristosal (Cristosal), Ruth López, as well as the approval of the Foreign Agents Law.
In a democratic government, criticism is answered with arguments, not persecution; accusations of crimes committed by officials lead to serious investigations; corruption is fought with accountability and transparency; peaceful protests by the population lead to dialogue and the search for solutions. These are the paths that must be followed so that El Salvador does not become another Nicaragua. We must avoid at all costs entering a dynamic of discrediting and repression that revives the most tragic hours of national history. The Salvadoran people already experienced the scenes and measures of recent days in the last century, and what followed was not good for anyone: not for the population, not for the country, nor for the rulers.
Monsignor Romero, a fervent defender of peace and social justice, always opposed all forms of violence and called for constructive dialogue to avoid greater conflict. His words remain relevant and should be taken into account by those who lead the country: “Repression achieves nothing. It is necessary to become rational and heed God’s voice, and to organize a society that is more just, more in keeping with God’s heart.”
UCA: https://noticias.uca.edu.sv/editoriales/advertencia-desde-la-memoria
Advertencia desde la memoria
Tarde o temprano, toda autocracia hace uso de la fuerza para callar la disidencia. Mientras más respaldo social pierde un régimen autoritario, más necesidad tiene de recurrir a la persecución y a la represión para sostenerse. Es parte del libreto del autoritarismo. En El Salvador, la deriva autoritaria ha cobrado nuevos bríos; diversos hechos recientes han causando una erosión de la popularidad del oficialismo, y la reacción de este no se ha hecho esperar.
El caso Cosavi, la aprobación de la ley que promueve la minería metálica, el alquiler del Cecot para migrantes deportados desde Estados Unidos, las deficiencias de las obras en Los Chorros, la investigación periodística que confirma los vínculos entre funcionarios de Bukele y las pandillas, la violenta disolución de la protesta de las familias de la cooperativa El Bosque son hechos que estarían impactado negativamente en la opinión ciudadana sobre el Gobierno, lo cual se suma al descontento por la aguda crisis de la economía familiar. En reacción, el Ejecutivo ha recurrido tanto a medidas populistas (por ejemplo, dar transporte público gratis en todo el país) como al uso de la intimidación y la fuerza. De esto último son ejemplos claros la detención del pastor evangélico José Ángel Pérez, del abogado Alejandro Henríquez y de la jefa de Cristosal, Ruth López, y la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros.
En un Gobierno democrático, las críticas se responden con argumentos, no con persecución; los señalamientos de delitos cometidos por funcionarios originan una investigación seria; la corrupción se combate con rendición de cuentas y transparencia; las protestas pacíficas de la población dan pie al diálogo y la búsqueda de soluciones. Esos son los caminos que hay que seguir para que El Salvador no se convierta en otra Nicaragua. Hay que evitar a toda costa entrar en una dinámica de desprestigio-represión que reviva las horas más trágicas de la historia nacional. Las escenas y disposiciones de los últimos días ya las vivió el pueblo salvadoreño el siglo pasado, y lo que siguió no fue bueno para nadie, ni para la población, ni para el país, ni para los gobernantes.
Monseñor Romero, ferviente defensor de la paz y la justicia social, siempre se opuso a toda forma de violencia y clamó por un diálogo constructivo para evitar un conflicto mayor. Sus palabras siguen teniendo vigencia y deben ser tomadas en cuenta por quienes dirigen el país: “Con represión no se acaba nada. Es necesario hacerse racional y atender la voz de Dios, y organizar una sociedad más justa, más según el corazón de Dios”.
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