Democratic Senator Jeanne Shaheen, a member of the Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos (U.S. Senate Foreign Relations Committee), expressed her concern on Monday over the detention of lawyer Ruth López – also a human rights defender and one of the current government’s most critical voices – and called to “speak out.”
“I am deeply concerned by the detention and alleged reported disappearance of Ruth López, a prominent human rights lawyer in El Salvador,” she posted on the committee’s X account.
“When leaders arbitrarily jail those in civil society who shine a light on injustice, we must all speak out,” she added.
López, included by the BBC in its 2024 list of the 100 most influential women of that year, was detained Sunday night and is accused by the Prosecutor’s Office of embezzlement for allegedly participating “in the misappropriation of funds from state coffers” when she was an assistant to former official Eugenio Chicas, who is currently detained.
The Prosecutor’s Office has not detailed the amount questioned in relation to the lawyer, who is part of the non-governmental organization Cristosal, one of the main ones in the country.
More than 50 national and international human rights organizations have rejected and condemned the detention, while also demanding the lawyer’s release and that due process be applied.
The Alianza Américas network warned from the United States that the lawyer’s whereabouts are unknown, meaning “she has no access to legal representation or contact with her family, which would imply a violation of her right to due process and a forced disappearance,” it noted.
The lawyer has participated in filing various unconstitutionality lawsuits, reports related to transparency, submitting notices to the Prosecutor’s Office to investigate the irregular use of state funds, and in sessions of the Inter-American Commission on Human Rights (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH) regarding El Salvador.
Last October, she participated in the request to the Prosecutor’s Office to investigate irregularities found in the delivery of a $300 bonus by President Nayib Bukele’s government to the population during the COVID-19 pandemic, which reportedly amounted to $513 million.
The organization Cristosal has collected thousands of complaints of human rights violations against people detained under the state of exception, in effect in El Salvador since March 2021, including torture and arbitrary arrests.
Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. expresa preocupación por detención de Ruth López
La senadora demócrata Jeanne Shaheen, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, expresó este lunes su preocupación por la detención de la abogada Ruth López -también defensora de derechos humanos y una de las voces más críticas del actual Gobierno-, y llamó a “alzar la voz”.
“Me preocupa profundamente la detención y la supuesta desaparición reportada de Ruth López, una destacada abogada de derechos humanos en El Salvador”, publicó en la cuenta de X del comité.
“Cuando los líderes encarcelan arbitrariamente a aquellos en la sociedad civil que arrojan luz sobre la injusticia, todos debemos alzar la voz”, añadió.
López, incluida en 2024 por la BBC en la lista de las 100 mujeres más influyentes de ese año, fue detenida la noche del domingo y es acusada por la Fiscalía del delito de peculado al supuestamente participar “en la sustracción de fondos de las arcas del Estado” cuando era asistente del exfuncionario Eugenio Chicas, quien se encuentra detenido.
La Fiscalía no ha detallado el monto cuestionado a la abogada, que es parte de la organización no gubernamental Cristosal, una de las principales en el país.
Más de 50 organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras han rechazado y condenado la detención, a la vez que exigen la liberación de la abogada y que se aplique un debido proceso.
La red Alianza Américas alertó desde Estados Unidos que se desconoce dónde está detenida la abogada, por lo que “no tiene acceso a representación legal ni contacto con su familia, lo que implicaría una violación de su derecho al debido proceso y una desaparición forzada”, apuntó.
La abogada ha participado en la presentación de diversas demandas de inconstitucionalidad, informes relacionados con transparencia, en la presentación de avisos a la Fiscalía para que investigue el uso irregular de fondos estatales y en sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre El Salvador.
En octubre pasado, participó en la solicitud a la Fiscalía para que investigue las irregularidades encontradas en la entrega de un bono por el Gobierno del presidente Nayib Bukele de 300 dólares a la población en la pandemia de la covid-19, que habría alcanzado un monto de 513 millones dólares.
La organización Cristosal ha recabado miles de denuncias de violaciones a derechos humanos de personas detenidas en el marco de un régimen de excepción, vigente en El Salvador desde marzo de 2021, entre ellas torturas y capturas arbitrarias.