After mounting pressure, on April 17 U.S. Democratic Sen. Chris Van Hollen met with Kilmar Abrego García, 29, a Maryland man wrongfully deported to El Salvador on March 15 by the Trump administration. Abrego García was granted a rare opportunity to speak with someone outside of prison—in this case, a U.S. senator.

But Since Salvadoran authorities suspended some due process rights in March 2022, security forces have detained more than 85,000 people—often without warrants, access to legal counsel, or any meaningful opportunity to challenge their detention. My organization has interviewed dozens of people who have gone months or even years without being able to communicate with their loved ones in prison or access information about their whereabouts, the status of legal proceedings, or their well-being.

“Every week I went, and every week I left crying,” the mother of a 24-year-old domestic worker told us, about her visits to government offices to seek information. Her daughter was detained in April 2022, as she slept beside her 4-year-old daughter. Officers entered their home without a warrant, citing “presidential orders.” They took her first to a police station and then to the women’s prison.

When Van Hollen met with Abrego García, he came face-to-face with the harsh reality that tens of thousands of Salvadoran families have endured for months—even years.

She was later charged with “unlawful association,” a vague offense frequently used to hold people detained in El Salvador. When her mother attempted to submit documents to show her daughter was not a gang member, including employment papers, a public defender told her they were “useless.” The public defender did not give her any answers, alleging, as she recalls, that “sharing information with families of detainees is prohibited.”

The mother has been forced to piece together information from multiple sources, including calls from people who said they had been detained with her daughter, and rumors in WhatsApp and Facebook groups created by relatives of people detained. She learned, for example, in September 2023, that her daughter had a hernia, causing her to vomit frequently. Sixteen months later, she learned that her daughter had been hospitalized briefly, for a medical checkup. She does not know what her health status is.

The relatives of a 61-year-old civil engineer, who was detained in June 2022, told us a similar story. He has multiple serious health conditions—including diabetes, glaucoma, neuropathy, hypertension, and other chronic illnesses. Yet his family does not know if he is receiving the medical attention he needs, including daily refrigerated insulin—something detainees in El Salvador rarely obtain.

He was detained at a police unit in San Salvador, then transferred in September 2023 to a prison. Since then, his family has only been able to see him once, very briefly, in June 2024. They saw him then from afar, handcuffed and escorted into a courtroom, where he appeared visibly weakened.

His lawyer has asked repeatedly that he be sent to house arrest to receive adequate medical treatment, to no avail.

This regime of extreme incommunicado detention has also allowed corruption to thrive. As the investigative news outletEl Faro recently exposed, many relatives have paid bribes to be able to exercise a basic right: to communicate with their detained loved ones.

Yet many, often from vulnerable neighborhoods in El Salvador, are unable to pay. Many told us that the most they can do is take a bag with basic items, such as food, medicine, and clothes, to prison. They spend a significant amount of their income and time to do so, often fearing that their relatives will never receive the goods.

Thanks to outside pressure, Abrego García was not only able to speak to a U.S. senator but also to be transferred out of the draconian Center for Confinement of Terrorism (CECOT), where thousands of the detainees are being held.

These positive steps are clearly insufficient: Abrego García should be sent back to the United States. But the basic rights Abrego has been denied in El Salvador—including to communicate with his family—are a stark reminder of the plight of thousands of Salvadorans who have seen their loved ones completely cut off from the outside world for months or even years.

When Van Hollen met with Abrego García, he came face-to-face with the harsh reality that tens of thousands of Salvadoran families have endured for months—even years. A prison system cut off from the rest of the world where the lives of detainees remain in limbo and families are left in anguish, endlessly searching for answers.

“I wish I could be a bird and fly into the prison just to see how my daughter is,” one of their relatives said.

Common Dreams: https://www.commondreams.org/opinion/abrego-garcia-el-salvador

La detención de Abrego García abrió una ventana al oscuro sistema penitenciario de El Salvador

Tras una creciente presión, el 17 de abril, el senador demócrata estadounidense Chris Van Hollen se reunió con Kilmar Abrego García, de 29 años, un hombre de Maryland deportado injustamente a El Salvador el 15 de marzo por la administración Trump. A Abrego García se le concedió la inusual oportunidad de hablar con alguien fuera de la prisión; en este caso, un senador estadounidense.

Pero desde que las autoridades salvadoreñas suspendieron algunas garantías del debido proceso en marzo de 2022, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 85.000 personas, a menudo sin órdenes judiciales, sin acceso a asistencia letrada ni ninguna oportunidad real de impugnar su detención. Mi organización ha entrevistado a docenas de personas que han pasado meses o incluso años sin poder comunicarse con sus seres queridos en prisión ni acceder a información sobre su paradero, el estado de los procesos judiciales o su bienestar.

«Iba todas las semanas y todas las semanas salía llorando», nos contó la madre de una trabajadora doméstica de 24 años, sobre sus visitas a oficinas gubernamentales en busca de información. Su hija fue detenida en abril de 2022, mientras dormía junto a su hija de 4 años. Los agentes entraron en su casa sin orden judicial, alegando «órdenes presidenciales». La llevaron primero a una delegación policial y luego a la cárcel de mujeres.

Cuando Van Hollen se reunió con Abrego García, se encontró cara a cara con la dura realidad que decenas de miles de familias salvadoreñas han soportado durante meses, incluso años.

Posteriormente fue acusada de «agrupaciones ilícitas», un delito vago utilizado frecuentemente para mantener detenidas a las personas en El Salvador. Cuando su madre intentó presentar documentos para demostrar que su hija no era miembro de pandillas, incluidas constancias de trabajo, un defensor público le dijo que eran «inútiles». El defensor público no le dio ninguna respuesta, alegando, según recuerda ella, que «compartir información con las familias de los detenidos está prohibido».

La madre se ha visto obligada a reconstruir la información a partir de múltiples fuentes, incluidas llamadas de personas que decían haber estado detenidas con su hija y rumores en grupos de WhatsApp y Facebook creados por familiares de personas detenidas. Se enteró, por ejemplo, en septiembre de 2023, de que su hija tenía una hernia que le provocaba vómitos frecuentes. Dieciséis meses después, supo que su hija había sido hospitalizada brevemente para un chequeo médico. No sabe cuál es su estado de salud.

Los familiares de un ingeniero civil de 61 años, detenido en junio de 2022, nos contaron una historia similar. Padece múltiples problemas de salud graves, como diabetes, glaucoma, neuropatía, hipertensión y otras enfermedades crónicas. Sin embargo, su familia no sabe si está recibiendo la atención médica que necesita, incluida la insulina refrigerada diaria, algo que los detenidos en El Salvador raramente obtienen.

Fue detenido en una unidad policial en San Salvador y luego trasladado en septiembre de 2023 a un centro penal. Desde entonces, su familia solo ha podido verlo una vez, muy brevemente, en junio de 2024. Lo vieron entonces de lejos, esposado y escoltado a una sala de audiencias, donde parecía visiblemente debilitado.

Su abogado ha pedido reiteradamente que lo envíen a arresto domiciliario para recibir tratamiento médico adecuado, sin éxito.

Este régimen de incomunicación extrema también ha permitido que prospere la corrupción. Como expuso recientemente el medio de periodismo investigativo El Faro, muchos familiares han pagado sobornos para poder ejercer un derecho básico: comunicarse con sus seres queridos detenidos.

Sin embargo, muchos, a menudo de barrios vulnerables de El Salvador, no pueden pagar. Muchos nos dijeron que lo máximo que pueden hacer es llevar a la prisión una bolsa con artículos básicos, como comida, medicinas y ropa. Gastan una parte importante de sus ingresos y tiempo para hacerlo, temiendo a menudo que sus familiares nunca reciban lo que llevan.

Gracias a la presión externa, Abrego García no solo pudo hablar con un senador estadounidense, sino también ser trasladado fuera del draconiano Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde se encuentran recluidos miles de detenidos.

Estos pasos positivos son claramente insuficientes: Abrego García debería ser devuelto a Estados Unidos. Pero los derechos básicos que se le han negado a Abrego en El Salvador —incluido el de comunicarse con su familia— son un crudo recordatorio de la difícil situación de miles de salvadoreños que han visto a sus seres queridos completamente aislados del mundo exterior durante meses o incluso años.

Cuando Van Hollen se reunió con Abrego García, se encontró cara a cara con la dura realidad que decenas de miles de familias salvadoreñas han soportado durante meses, incluso años. Un sistema penitenciario aislado del resto del mundo donde las vidas de los detenidos permanecen en el limbo y las familias quedan sumidas en la angustia, buscando respuestas sin cesar.

«Desearía ser un pájaro y volar dentro de la prisión solo para ver cómo está mi hija», dijo uno de sus familiares.

Common Dreams: https://www.commondreams.org/opinion/abrego-garcia-el-salvador