As the organization Witness América Latina (Witness Latin America), we demand the immediate release of attorney ALEJANDRO HENRÍQUEZ, a member of ReverdES and adviser to Cooperativa El Bosque (El Bosque Cooperative), and of JOSÉ ÁNGEL PÉREZ, pastor of Iglesia Elim (Elim Church) and president of El Bosque Cooperative, who were arbitrarily detained by the National Civil Police (PNC) of El Salvador on May 12 and 13, 2025.
We strongly condemn the use of security forces to repress and commit violence against the families of the El Bosque community, who were exercising their legitimate right to peaceful protest against the eviction of 300 families scheduled for the upcoming May 22. After delivering a letter to the residence of President Nayib Bukele on May 9, asking him to mediate on their behalf, community members set up a peaceful sit-in on a nearby street to await a response to their petition.
During an operation to disperse the community, which was holding a peaceful vigil on the night of May 12, members of the Unidad de Mantenimiento del Orden (Order Maintenance Unit, UMO), the National Civil Police (PNC), and the Military Police used violent tactics and detained Ángel Pérez, president of the cooperative. Attorney Alejandro Henríquez, who has been legally advising the affected families and mediating between the cooperative leaders and the police, was arrested the following morning at his workplace.
The use of the Military Police to repress the civilian population is serious, as it does not have jurisdiction over public safety matters. Its intervention, under a state of exception supposedly designed to confront organized crime, constitutes an abuse of functions and a militarization of public security. We also denounce that State repressive forces obstructed the work of journalists, preventing them from documenting the arrests and the transfer of detained individuals.
These events occur in the context of a series of systematic arrests of territory defenders. An emblematic example is the case of the leaders of the La Floresta community, who were organizing to resist eviction from their homes. Added to this is the persecution of lawyers providing them with legal support, as well as the detention of human rights defender Fidel Zavala, who was supporting the community in its resistance process.
It is extremely concerning that the repression, intimidation, and criminalization of community leaders who organize peacefully to defend their communities against violent eviction processes has become a common practice in El Salvador. The aggressive persecution of lawyers and human rights defenders who provide legal advice and support to communities facing eviction processes is also alarming.
Therefore, we echo the demands of the social movement in El Salvador, demanding:
- The immediate release of Alejandro Henríquez and José Ángel Pérez; we hold the Government of El Salvador responsible for any harm to their physical and psychological integrity.
- The immediate suspension of the eviction order for the members of the El Bosque Agricultural Cooperative, and that a review of the legal process that led to their eviction be initiated.
- An end to the wave of expropriations currently faced by cooperatives that benefited from the 1980 Agrarian Reform.
- We demand an end to the permanent suspension of human rights under the state of exception policy, and an end to the criminalization of land and water defenders.
#FreedomForAlejandro
#FreedomForTheElBosqueLeaders
Mexico City, May 16, 2025
Carta abierta al presidente Nayib Bukele y a la fiscalía general de la republica de el salvador frente a la detención de Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez
Como organización Witness América Latina exigimos la liberación inmediata del abogado ALEJANDRO HENRÍQUEZ, miembro de ReverdES y asesor de la Cooperativa El Bosque, y de JOSÉ ÁNGEL PÉREZ, pastor de la Iglesia Elim y presidente de la Cooperativa El Bosque, quienes fueran detenidos arbitrariamente por la Policía Nacional Civil de El Salvador el 12 y 13 de mayo de 2025.
Condenamos enérgicamente el uso de las fuerzas de seguridad para reprimir y violentar a las familias de la comunidad El Bosque, quienes ejercían su legítimo derecho a la manifestación pacífica frente al desalojo de 300 familias programado para el próximo 22 de mayo. Tras la entrega de una carta en la residencia del presidente Nayib Bukele, el 9 de mayo, pidiéndole que mediara en su favor, miembros de la comunidad instalaron un plantón pacifico en una calle cercana para esperar respuesta a su petición.
Durante un operativo para dispersar a la comunidad que se encontraba en vigilia pacífica la noche del 12 de mayo, Elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Policía Militar utilizaron tácticas violentas y detuvieron a Ángel Pérez, presidente de la cooperativa. El abogado Alejandro Henríquez, quien ha estado asesorando jurídicamente a las familias afectadas y mediando entre los dirigentes de la cooperativa y la policía, fue arrestado la mañana siguiente en su lugar de trabajo.
El uso de la Policía Militar para reprimir a la población civil es grave, ya que no tiene competencias en materia de seguridad ciudadana. Su intervención, bajo un Régimen de Excepción concebido supuestamente para enfrentar al crimen organizado, constituye un desvío de funciones y una militarización de la seguridad pública. Denunciamos, además, que los cuerpos represivos del Estado obstruyeron el trabajo de periodistas, impidiéndoles documentar las capturas y el traslado de las personas
detenidas.
Estos hechos ocurren en el contexto de una serie de arrestos sistemáticos contra personas defensoras del territorio. Un ejemplo emblemático es el caso de los líderes de la comunidad La Floresta, quienes se organizaban para resistir el desalojo de sus viviendas. A esto se suma la persecución de los abogados que les brindaban acompañamiento jurídico, así como la detención del defensor de derechos humanos Fidel Zavala, quien acompañaba a la comunidad en su proceso de resistencia.
Es sumamente preocupante que la represión, intimidación y criminalización de líderes comunitarios que se organizan pacíficamente para defender sus comunidades en contra de procesos violentos de desalojo se ha vuelto una práctica común en El Salvador. También es alarmante la persecución agresiva de abogados y defensores de derechos humanos que dan asesoría legal y acompañamiento a las comunidades que enfrentan procesos de desalojo.
Por lo tanto, hacemos eco de las demandas del movimiento social en El Salvador, exigiendo:
- La liberación inmediata de Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, hacemos responsable al Gobierno de El Salvador de cualquier daño a su integridad física y psicológica.
- La suspensión inmediata de la orden de desalojo de los miembros de la Cooperativa Agrícola El Bosque, y que se inicie una revisión del proceso legal que condujo a su desalojo.
- Cese la ola de expropiaciones que actualmente enfrentan las cooperativas que fueron beneficiarias de la Reforma Agraria de 1980.
- Exigimos el fin de la suspensión permanente de los derechos humanos bajo la política de «estado de excepción», y el fin de la criminalización de los defensores de la tierra y el agua.
#LibertadParaAlejandro
#LibertadParaLosLíderesDelBosque
Ciudad de México, 16 de mayo 2025