Recent detentions of community leaders, human rights defenders, and peasant farmers in the El Triunfo canton, Santa Tecla, have raised alarms about the closing of democratic spaces in El Salvador. Various sectors warn that the state’s use of force against peaceful citizen protests reflects a setback in constitutional guarantees and fundamental rights.
Political analyst Napoleón Campos believes the country has begun a process of breaking with democratic principles by eliminating mechanisms for dialogue between citizens and political power. “From a political standpoint, there is only one interpretation: in El Salvador, all channels of expression have been closed to democratic citizenry,” he stated. According to him, the regime responds to demands for rights and freedoms with “the military boot, the police boot,” which severs ties between civil society and political institutions.
The police and military operation on May 7 in Santa Tecla is, for Campos, an example of the direction the country has taken. On that occasion, units of the National Civil Police (PNC), along with the Military Police, broke up a protest organized by members of the El Bosque Cooperative, who were opposing an eviction process from lands they have occupied for over twenty years. During the sit-in, several people were arrested, including community leaders and defenders accompanying the protest.
For public security researcher Jeannette Aguilar, the state did not respond appropriately: “Considering the characteristics of the sit-in, which was entirely peaceful, involving children, women, and elderly people asking for support to prevent their eviction, the state’s response was completely disproportionate,” she pointed out. In her opinion, the protesters “did not pose a threat to public order or private property; much less were they threatening the security of the president of the Republic.”
Aguilar recalled that the right to peaceful protest, as well as to assembly and association, is guaranteed by the Constitution of the Republic and by various international human rights instruments. She also highlighted that international standards on the use of force, also incorporated into the Organic Law and doctrine of the PNC, require security forces to act under the principles of legality, necessity, and proportionality.
The presence of military units in the operation was also flagged as an irregularity. “The presence of the FAES military police unit is illegal, considering it lacks the authority to act in protest containment,” Aguilar said. Furthermore, she stressed that members of the Order Maintenance Unit (Unidad del Mantenimiento del Orden, UMO) are obligated to use force as a last resort, and any use must be “justified and proportional in relation to the threat they seek to control or repel.”
Campos maintains that the actions of the Military Police are a direct consequence of the country’s growing militarization, driven by Bukele’s previous administration. “The Military Police is the fruit, the consequence, of the progressive militarization of El Salvador, decided by Bukele’s previous administration to unconstitutionally cling to power,” he declared. In his view, its use to repress peaceful demonstrations constitutes “the culmination of the country’s democratic and institutional deterioration.”
From a legal standpoint, Campos warns that internal conditions prevent citizens from seeking justice through national channels. “It leaves us orphaned within the country, without access to justice, without respect for due process, without the effective execution of habeas corpus, with public institutions hijacked by the regime,” the expert stated.
In this context, he believes that “the only open gate is to turn to the international legal system,” both the Inter-American system, by invoking the Pact of San José (American Convention on Human Rights), and the universal system, through the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights.
For the expert, detaining people during peaceful protests contradicts fundamental principles of international law. “According to international standards, people cannot be detained for participating in a peaceful protest. And if detentions occur, they must be legally substantiated and guarantee due process, which did not happen in this case,” Aguilar said.
Expertos ven deterioro de espacio cívico en El Salvador y uso excesivo de la fuerza
Las recientes detenciones de líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y campesinos en el cantón El Triunfo, Santa Tecla, han encendido alertas sobre el cierre de espacios democráticos en El Salvador. Diversos sectores advierten que el uso de la fuerza por parte del Estado frente a protestas ciudadanas pacíficas refleja un retroceso en garantías constitucionales y derechos fundamentales.
El analista político Napoleón Campos considera que el país ha iniciado un proceso de ruptura con los principios democráticos, al eliminar los mecanismos de interlocución entre la ciudadanía y el poder político. “Desde el ángulo político, sólo hay una interpretación: en El Salvador se cerraron para la ciudadanía democrática todos los canales de expresión”, afirmó. Según él, el régimen responde a los reclamos por derechos y libertades con “la bota militar, la bota policial”, lo cual rompe los puentes entre la sociedad civil y las instituciones políticas.
El operativo policial y militar ocurrido el 7 de mayo pasado en Santa Tecla es, para Campos, un ejemplo del rumbo que ha tomado el país. En esa ocasión, unidades de la Policía Nacional Civil (PNC), junto a la Policía Militar, disolvieron una protesta organizada por miembros de la Cooperativa El Bosque, quienes se oponían a un proceso de desalojo de las tierras que ocupaban desde hace más de veinte años. Durante el plantón fueron capturadas varias personas, entre ellas dirigentes de la comunidad y defensores que acompañaban la protesta.
Para la investigadora en temas de seguridad pública Jeannette Aguilar, el Estado no respondió de forma adecuada: “Considerando las características del plantón, que era totalmente pacífico, en el que había niños, mujeres y personas de la tercera edad pidiendo apoyo para que no los desalojaran, la respuesta del Estado fue totalmente desproporcionada”, señaló. A su juicio, los manifestantes “no representaban una amenaza al orden público, ni a la propiedad privada; mucho menos estaban amenazando la seguridad del presidente de la República”.
Aguilar recordó que el derecho a la protesta pacífica, así como a la reunión y asociación, está garantizado por la Constitución de la República y por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Asimismo, destacó que los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza ,también incorporados en la Ley Orgánica y la doctrina de la PNC, obligan a las fuerzas de seguridad a actuar bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
La presencia de unidades militares en el operativo también fue señalada como una irregularidad. “La presencia de la unidad de policía militar de la FAES es ilegal tomando en cuenta que no tiene facultades para actuar en la contención de protestas”, dijo Aguilar. Además, subrayó que los elementos de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) están obligados a usar la fuerza como último recurso, y que cualquier uso debe ser “justificado y proporcional con relación a la amenaza que buscan controlar o repeler”.
Campos sostiene que la actuación de la Policía Militar es una consecuencia directa de la creciente militarización del país impulsada por el gobierno anterior. “La Policía Militar es fruto, consecuencia, de la progresiva militarización de El Salvador decidida por el anterior gobierno de Bukele para aferrarse inconstitucionalmente al poder”, declaró. A su juicio, su utilización para reprimir manifestaciones pacíficas constituye “el momento culmen del deterioro democrático e institucional del país”.
Desde el plano jurídico, Campos advierte que las condiciones internas impiden a la ciudadanía buscar justicia en los canales nacionales.
“Nos deja huérfanos dentro del país, sin procuración de justicia, sin el respeto al debido proceso, sin la ejecución efectiva del habeas corpus, con la institucionalidad pública secuestrada por el régimen”, afirmó el experto.
En este contexto, considera que “la única compuerta abierta es acudir al sistema jurídico internacional”, tanto en el sistema interamericano ,invocando el Pacto de San José, como en el sistema universal, a través de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Para la experta, la detención de personas durante protestas pacíficas contradice principios fundamentales del derecho internacional.
“Según los estándares internacionales, no se puede detener a las personas por participar en una protesta pacífica. Y si hay detenciones, deben ser sustentadas en una base legal y garantizar el debido proceso, lo que no pasó en este caso”, dijo Aguilar.