Five representatives from the El Bosque community in La Libertad were detained on the night of Monday, May 12, while protesting and asking President Nayib Bukele to intervene on their behalf to prevent their eviction.
The residents were near the Las Piletas residential area, on the highway to Puerto de La Libertad, close to the area where Bukele resides, when riot police from the National Civil Police (PNC) arrived and surrounded them.
Military Police agents also participated in the operation. They are not authorized for public security duties; instead, it was the Special Military Security Brigade, part of the Armed Forces, as provided for in the Organic Law of the Fuerza Armada de El Salvador (FAES), which defines the Military Police as an entity with administrative functions.
The residents reiterated they were there peacefully and seeking the president’s help, as a Santa Tecla court has issued an order for them to vacate their properties by May 22 at the latest, due to alleged fraud.
Subsequently, several scuffles occurred, and they were arrested, as seen in live social media broadcasts.
The five arrested individuals are Diego Armando Guzmán, José Ángel Pérez, Adolfo Castro, Moisés Galeano, and lawyer Alejandro Henríquez, according to other residents. According to accounts from those affected, four of these individuals were released in recent hours, and only José Ángel Pérez, president of the community board and an evangelical church pastor, remains in detention.
Henríquez, the community’s lawyer and a member of the Foro del Agua (Water Forum), was released last night and rearrested this morning at the organization’s offices, the NGO reported on its social media. He is accused of public disorder.
The residents maintain they have possessed these lands, located in the El Triunfo canton in Santa Tecla, since 1985 when the Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) transferred the land to some 300 families. Subsequently, they claim, a person identified as Luis P. U. appeared, who claims the lands and demands a payment of approximately $800,000.
Detienen a abogado de comunidad El Bosque que protestó por desalojos de familias
Cinco representantes de la comunidad El Bosque, en La Libertad, fueron detenidos la noche del lunes 12 de mayo, mientras realizaban una protesta, en la que le pedían al presidente Nayib Bukele que interviniera por ellos, para que no los desalojen.
Los vecinos se encontraban cerca de la residencial Las Piletas, en la carretera al Puerto de La Libertad, en las cercanías de la zona donde reside Bukele, cuando antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC), llegaron y los rodearon.
En el procedimiento también participaron agentes de la Policía Militar, que no está avalada para labores de seguridad pública, sino que es la Brigada Especial de Seguridad Militar, parte de la Fuerza Armada, contemplada en la Ley Orgánica de la FAES, que establece a la Policía Militar como un ente con funciones administrativas.
Los vecinos reiteraron que estaban allí de manera pacífica y que pedían ayuda del mandatario, ya que un tribunal de justicia de Santa Tecla ha emitido una orden para que desalojen sus propiedades a mas tardar el 22 de mayo, debido a una presunta estafa.
Posteriormente, hubo varios forcejeos y fueron capturados, según se observa en transmisiones en directo en redes sociales.
Los cinco capturados son Diego Armando Guzmán, José Ángel Pérez, Adolfo Castro, Moisés Galeano y el abogado Alejandro Henríquez, de acuerdo a otros vecinos. Según versiones de los afectados, cuatro de estas personas fueron liberadas en las últimas horas y sólo permanece detenido José Ángel Pérez, presidente de la directiva comunal y pastor de una iglesia evangélica.
Henríquez, el abogado de la comunidad y miembro del Foro del Agua, fue liberado anoche y recapturado esta mañana en las oficinas de esa organización, según denunció la ONG en sus redes sociales. Lo acusan del delito de desórdenes públicos.
Los vecinos sostienen que están en posesión de esas tierras, ubicadas en el cantón El Triunfo en Santa Tecla, desde 1985 cuando el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), le traspasó los terrenos a unas 300 familias. Posteriormente, señalan que apareció una persona, a quien identifican como Luis P. U, quien reclama los terrenos un pago de unos $800,000.