Allegations of human rights violations under the state of exception have gained international attention. Last Tuesday, a coalition of political parties asked the Spanish Congress to demand a statement from Pedro Sánchez’s government regarding alleged human rights violations and the restoration of rights and guarantees suspended by the state of exception in El Salvador, which began in March 2022 after a weekend with 87 homicides.
The petition was presented to the Justice Commission by lawmaker Enrique Santiago of Sumar, a coalition holding 31 of the 150 seats in Congress. The commission approved the motion for discussion in a plenary session.
“(Nayib) Bukele’s authoritarian drift is ending democracy and human rights in El Salvador. His mega-prisons are a business of kidnapping and human trafficking, paid for by (Donald) Trump. He has built a permanent state of exception,” Santiago stated on his social media.
Sumar’s proposal is to ask the Spanish government to demand three specific points within the framework of its bilateral and multilateral relations with the Salvadoran government.
Firstly, they propose that the Spanish government demand the restoration of the rights and guarantees suspended for all Salvadoran citizens since March 2022.
The Spanish congressman presented a report to the commission explaining that, according to Amnistía Internacional (Amnesty International), serious human rights violations under the state of exception “reflect a widespread pattern of state abuse, including thousands of arbitrary detentions, the adoption of a torture policy in detention centers, and hundreds of deaths in state custody.”
Furthermore, they call for allowing access for the Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Inter-American Commission on Human Rights) and Organización de las Naciones Unidas (United Nations) protection mechanisms to prisons and judicial hearings to verify respect for human rights.
Santiago explained that the state of exception has been distorted to become “a fundamental instrument of a repressive policy,” leading to arbitrary arrests, human rights violations, and disregard for the presumption of innocence and due process.
He also called for requesting a dialogue with national and foreign civil society organizations to help establish an effective security policy that respects human rights.
The Sumar lawmaker added that there are reports of attacks and harassment against the political opposition, human rights activists, trade unions, and independent journalists “to hinder their work in supporting the most vulnerable population.”
Lawyer Ivania Cruz, a representative of the Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (Unit for the Defense of Human and Community Rights, Unidehc), who is currently in Spain, reacted to Sumar’s petition.
“This Sumar initiative used reports provided by our Unidehc team as a source of information. The setbacks in human rights, political persecution, and the dictatorship installed by the Government of @nayibbukele are known internationally,” she posted on her X account.
Cruz and her husband Rudy Antonio Joya, both representatives of Unidehc, were declared fugitives from justice on May 6 by the Fifth Court against Organized Crime, where they face charges for illicit association and illegal sale of land parcels.
The accused have reported that this is political persecution for the work they have carried out since 2019 defending the human rights of people the government seeks to evict from different parts of the country.
Congreso español discutirá violaciones a derechos humanos en El Salvador
Las denuncias sobre violaciones a derechos humanos en el contexto del régimen de excepción han trascendido a nivel internacional. El pasado martes, una coalición de partidos políticos solicitó al Congreso de de España que exija un pronunciamiento al Gobierno de Pedro Sánchez sobre las presuntas violaciones a derechos humanos y sobre el restablecimiento de los derechos y garantías suspendidas por el régimen de excepción en El Salvador, que inició en marzo de 2022 tras un fin de semana con 87 homicidios.
La petición fue presentada ante la Comisión de Justicia por el diputado Enrique Santiago, de Sumar, coalición que tiene 31 de los 150 escaños del Congreso. La comisión aprobó que la moción sea discutida en el pleno.
“La deriva autoritaria de (Nayib) Bukele está acabando con la democracia y los derechos humanos en El Salvador. Sus macrocárceles son un negocio de secuestro y trata de personas, pagado por (Donald) Trump. Ha construido un estado de excepción permanente”, señaló Santiago en sus redes sociales.
La propuesta de Sumar es pedirle al gobierno de España que exija tres puntos específicos, en el marco de sus relaciones bilaterales y multilaterales con el gobierno salvadoreño.
En primer lugar, plantean al gobierno español que se exija el restablecimiento de los derechos y garantías suspendidas para todos los ciudadanos salvadoreños desde marzo de 2022.
El congresista español brindó un informe ante la comisión en el que explicó que, según señala Amnistía Internacional, las graves violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción “reflejan un patrón generalizado de abuso estatal que registra miles de detenciones arbitrarias, la adopción de una política de tortura en centros de detención y cientos de muertes bajo custodia estatal”.
Por otra parte, piden permitir el acceso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los mecanismos de protección de la Organización de las Naciones Unidas, en las prisiones y en la audiencias judiciales, para que puedan verificar el respeto a los derechos humanos.
Santiago expuso que el régimen de excepción se ha ido desnaturalizando hasta “ser un instrumento fundamental de una política represiva” provocando capturas arbitrarias, violaciones a derechos humanos y el irrespeto de la presunción de inocencia y el debido proceso.
También pidió solicitar un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil nacionales como extranjeras, para contribuir a establecer una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos.
El diputado de Sumar agregó que se conocen denuncias de ataques y hostigamientos contra la oposición política, activistas de derechos humanos, sindicatos y periodistas independientes “para obstaculizar su trabajo de apoyo a la población más vulnerable”.
La abogada Ivania Cruz, representante de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) quien se encuentra en España, reaccionó a la petición de Sumar.
“Está iniciativa de SUMAR contó como fuente de información los informes proporcionados por nuestro equipo de Unidehc. A nivel internacional se conoce sobre los retrocesos de los derechos humanos, la persecución política y la dictadura instalada por el Gobierno de @nayibbukele”, publicó en su cuenta de X.
Cruz y su esposo Rudy Antonio Joya, ambos representantes de la Unidehc, fueron declarados imputados rebeldes el pasado 6 de mayo por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, donde enfrentan un proceso por los delitos de agrupaciones ilícitas y comercialización ilegal de lotificaciones.
Los acusados han denunciado que se trata de persecución política por el trabajo que habían realizado desde 2019 en defensa de los derechos humanos de personas que el Gobierno busca desalojar de diferentes partes del país.