The second member of the same family died this week while in state custody at Izalco Prison. He was arrested under the state of exception and, according to family sources, the victim had a release order issued by an Organized Crime Court, but the Dirección General de Centros Penales (General Directorate of Penal Centers, DGCP) did not implement it.
According to LA PRENSA GRÁFICA, the victim was from the Las Flores community in Tonacatepeque, San Salvador, and although he entered the penitentiary in good health, his condition worsened until he died at San Juan de Dios Hospital in Santa Ana. He was buried in the Tonacatepeque cemetery.
“He is the second brother to die under the same conditions, with a release order and having been beaten,” said a source who wished to remain anonymous.
The family laments what has happened, while human rights organizations point to the precarious conditions, mistreatment, and torture of inmates under the state of exception.
According to SJH, this case brings the number of people who have died in state custody to 395, including four infants, although they warn that there are more cases that have not yet been documented. Furthermore, torture and violent deaths were evident in many cases.
“It is very concerning because 40% of the deceased come from this prison (Izalco), most due to violent death or denial of medical treatment. It is clear that the penitentiary system is violating human rights; there is cruel, inhuman, and degrading treatment, and reports that this person was beaten indicate that there is no control in this system,” said Ingrid Escobar, director of SJH.
In its most recent report, the Observatorio Universitario de Derechos Humanos (University Observatory of Human Rights, OUDH) of the José Simeón Cañas Central American University (UCA), detailed that from the implementation of the state of exception in March 2022 to December 2024, a total of 350 inmates lost their lives.
Muere segundo integrante de una misma familia mientras estaba en una prisión del régimen de excepción
El segundo integrante de una misma familia falleció mientras estaba bajo custodia del Estado en el Centro Penal de Izalco esta semana. Fue capturado en el marco del régimen de excepción y de acuerdo a fuentes familiares, la víctima tenía una orden de libertad decretada por un Tribunal contra el Crimen Organizado, pero la Dirección General de Centros Penales (DGCP) no la hizo efectiva.
Según conoció LA PRENSA GRÁFICA, la víctima era originaria de la comunidad Las Flores, Tonacatepeque, en San Salvador, y aunque entró en buen estado de salud al centro penitenciario, comenzó a complicarse hasta que falleció en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. Fue sepultado en el cementerio de Tonacatepeque.
Es el segundo hermano que muere en las mismas condiciones, con orden de libertad y vapuleado”, dijo una fuente que quiso mantener el anonimato.
La familia lamenta la situación en que ha pasado, mientras que organizaciones de derechos humanos señalan la situación precaria, malos tratos y torturas para privados de libertad en el régimen de excepción.
De acuerdo con el Socorro Jurídico Humanitario (SJH), con este caso serían ya 395 personas las que han perdido la vida mientras estaban bajo custodia del Estado, entre ellas cuatro bebés, aunque advierten que existen más casos los cuales no han sido documentados por el momento. Además, que en muchos casos se evidenció la tortura y muertes violentas.
“Es muy preocupante porque de este centro penal (Izalco) provienen el 40 % de las personas fallecidas, la mayoría por muerte violenta o negación de tratamiento médico. Es claro que el sistema penitenciario está violentando derechos humanos, hay tratos crueles, inhumanos y degradantes y según dicen que esta persona salió golpeada, indica que no hay control en este sistema”, indicó Ingrid Escobar, directora del SJH.
En su más reciente informe, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), detalló que desde la aplicación del régimen de excepción en marzo de 2022 hasta diciembre de 2024 un total de 350 privados de libertad perdieron la vida.