The government, through the Salvadoran Pension Institute (Instituto Salvadoreño de Pensiones, ISP), borrowed another $77.3 million from the workers’ pension fund in March through the issuance of Pension Obligation Certificates (COP), according to data from the BCR.
With this amount, the balance of the total debt issued through this mechanism has accumulated to $2,301.3 million since 2023, which translates to an average monthly placement of $85.2 million.
This money, obtained through the COP, is used to pay pensions for retirees from the repealed public system, which was previously managed by the National Pension Institute (Instituto Nacional de Pensiones, INPEP) and the pension unit of the Salvadoran Social Security Institute (ISSS) (UPISSS).
And when combined with $8,395.73 million of previous debt issued through Pension Investment Certificates (CIP), created in 2006, the total pension debt balance amounts to $10,697.11 million, equivalent to 79% of the pension fund’s assets as of April 2023, the latest date for which data on Salvadorans’ savings is available.
This figure is one of the few the government still publishes, as since April 2023, the Superintendency of the Financial System (Superintendencia del Sistema Financiero, SSF) no longer publishes reports on the pension fund, number of contributors, and number of retirees that would indicate how the pension system has evolved.
Economist Rafael Lemus highlighted that the lack of this information makes it impossible to know if the money saved to date is sufficient for the number of retirees or if the government is taking more money than it should to pay pensions.
“We are in the dark with this data,” stated the expert, who has criticized the government’s lack of transparency, despite it involving money saved every month by workers.
For Patricio Pineda, founder of the Mesa por una Pensión Digna (Platform for a Dignified Pension), since the government approved the Comprehensive Pension Law, in which it created the COP, it has taken more money than it usually issued ($45 to $50 million), without any certainty to date about the destination of these funds.
However, he hopes that as the year progresses, this may change, as the government approved an agreement with the International Monetary Fund (Fondo Monetario Internacional, FMI) that requests an actuarial study, which would define the number of contributors and retirees, as well as a new pension reform for 2026. This will compel authorities to make data on the system transparent. “The government has an obligation to present them. In the agreement with the FMI, there are annexes that outline the commitments,” Lemus noted.
La deuda de pensiones sube $77 millones más en marzo
El gobierno, a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), tomó prestados otros $77.3 millones del fondo de pensiones de los trabajadores en marzo, a través de la emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), según muestran los datos del Banco Central de Reserva (BCR).
Con este monto, el saldo de la deuda total emitida a través de esta figura acumula desde 2023 un monto de $2,301.3 millones, lo que se traduce en un promedio mensual de colocación de $85.2 millones.
Este dinero, obtenido a través de los COP, es usado para pagar las pensiones de los jubilados del sistema público derogado, que antes era administrado por el Instituto Nacional de Pensiones (INPEP) y de la unidad de pensiones del ISSS (UPISSS).
Y al unirlo con $8,395.73 millones de la anterior deuda emitida a través de Certificados de Inversión Previsional (CIP), que se creó en 2006, el saldo total de la deuda de pensiones asciende a $10,697.11 millones, lo que equivale al 79% del patrimonio del fondo de pensiones que se tenía hasta abril de 2023, última fecha en la que están disponibles los datos sobre el ahorro de los salvadoreños.
Este dato es de los pocos que el gobierno aún sigue publicando, pues desde abril de 2023, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ya no publica informes sobre el fondo de pensiones, número de cotizantes y número de jubilados, que indiquen cómo ha evolucionado el sistema de pensiones.
El economista Rafael Lemus destacó que la falta de esta información no permite saber si el dinero ahorrado hasta hoy es suficiente para el número de jubilados o si el gobierno está tomando más dinero del que corresponde para pagar las jubilaciones.
“Estamos a oscuras con estos datos”, afirmó el experto, quien ha achacado la poca transparencia que el gobierno ha tenido, pese a que involucra dinero ahorrado todos los meses por los trabajadores.
Para el fundador de la Mesa por una Pensión Digna, Patricio Pineda, desde que el gobierno aprobó la Ley Integral de Pensiones, en la que creó los COP, ha tomado más dinero del que usualmente emitía ($45 a $50 millones), sin que hasta ahora se tenga una certeza del destino de esos fondos.
Sin embargo espera que a medida transcurra el año esto pueda cambiar pues el gobierno aprobó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le solicita un estudio actuarial, que definiría el número de personas cotizantes y jubiladas, así como una nueva reforma previsional para 2026, lo que obligará a las autoridades a transparentar datos sobre el sistema. “El gobierno tiene la obligación de presentarlos. En el acuerdo con el FMI hay unos anexos en los que están los compromisos”, señaló Lemus.