The Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) recorded 789 attacks against the press during 2024, more than double the 311 documented in 2023. The data is part of the report the association is presenting today in the framework of Press Freedom Day, commemorated every May 3.
APES warns that the figure represents an unprecedented 154% increase in cases. 2024 became the year with the most attacks against journalists since the Center for Monitoring Aggressions Against Journalists was created in 2018, according to the association, which states that journalism in El Salvador is under permanent siege.
According to the reports, 70% (551) of the attacks were carried out by officials or public employees. APES compiled a table with the names of those accused: Nuevas Ideas lawmaker and caucus leader Christian Guevara tops the list of alleged aggressors with 58 cases, even surpassing President Nayib Bukele himself, who has 49 complaints against him. A recent example is the attacks various government officials have launched against the digital newspaper El Faro, following its recent revelations about President Bukele’s pacts with gangs.
“It is not possible to speak only of the Executive Branch and its officials as the main aggressors against the press; rather, the State as a whole, through the action or omission of its institutions and officials, is the greatest violator of press freedom and responsible for subjecting those who practice journalism to a permanent siege,” the association states in its report.
After the 2024 presidential elections, which saw Bukele secure an unconstitutional second term, APES believes “a model of government was consolidated that not only centralizes power but also attacks journalism not aligned with the official narrative.”
APES President Sergio Arauz points out that the report reflects an alarming and critical outlook for those practicing journalism in the country.
“It’s an explanation of what surveys already reflect: there is a climate of widespread fear of expressing opinions. The press – any information different from the propaganda that blindly applauds – faces harassment, digital attacks, and hostility.”
— Sergio Arauz, President of APES
The APES report emphasizes that since Nayib Bukele took office in 2019, attacks on the press have seen a sustained rise.
“Control of public discourse and restriction of access to information have become key tools for the ruling party to try to silence dissenting voices and guarantee a narrative monopoly,” the association maintains.
APES notes that, in addition to the alarming figures, the severity of the types of attacks that occurred is important. Journalists are victims of intimidation from the State, through institutions like the Fiscalía General de la República (FGR), spying, arbitrary detentions, blocking access to public information, judicial harassment, persecution, or multi-million dollar lawsuits. At the end of last year, for example, the FGR raided the home of community journalist Mónica Rodríguez and confiscated her work equipment without providing information about the procedure.
The most frequent attacks during 2024 were restrictions on journalistic practice, blocking access to information, and digital harassment. The digital environment is the main place where attacks occur, according to the analysis of the reports.
“Among the most determining factors of this deterioration are the increase in digital and gender-based violence, which have turned the digital environment into a hostile space for journalists, especially for female communicators,” the association points out.
APES also documented the exile of journalists last year: nine left the country out of fear.
What APES documents in its report has also been noted by various international organizations, including Reporters Without Borders (RSF), which reported last week that El Salvador dropped two places in the World Press Freedom Index: it ranks 135th out of 180 countries evaluated, a decline of two positions compared to the previous assessment.
Grim outlook in the region
The Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) recently warned, in the conclusions of its mid-year meeting, that “hostility, harassment, and stigmatizing rhetoric against journalists and news media from those in power has spread throughout the Americas.”
In the last six months, SIP has recorded state-sponsored stigmatization of journalism in at least 14 of the 24 countries monitored in the region. According to the Inter American Press Association, all attacks are aimed at undermining the credibility of journalists investigating issues of public interest.
La APES registró un incremento del 154% de agresiones contra la prensa
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró 789 agresiones contra la prensa durante 2024, lo que representa más del doble de las 311 que documentó en 2023. Los datos son parte del informe que la asociación presenta hoy en el marco del día de la Libertad de Prensa, que se conmemora cada 3 de mayo.
La APES advierte que la cifra representa un incremento sin precedentes del 154% de casos. 2024 se convirtió en el año con más agresiones contra periodistas desde que se creó el Centro de Monitoreo de Agresiones Contra Periodistas, en 2018, según la asociación, que señala que el periodismo en El Salvador se encuentra bajo asedio permanente.
El 70% (551) de las agresiones fueron protagonizadas por funcionarios o empleados públicos, según las denuncias. La APES elaboró una tabla con los nombres de los denunciados: el diputado y jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, encabeza la lista de supuestos agresores con 58 casos, incluso por encima del mismo presidente del país Nayib Bukele, quien tiene 49 denuncias. Un ejemplo reciente son los ataques que diferentes funcionarios de Gobierno han lanzado contra el periódico digital El Faro, tras sus recientes revelaciones sobre los pactos del presidente Bukele con las pandillas.
“No es posible hablar únicamente del Órgano Ejecutivo y sus funcionarios como principales agresores de la prensa, sino que el Estado en su conjunto, por acción u omisión de sus instituciones y funcionarios, es el mayor vulnerador de la libertad de prensa y responsable de someter a quienes ejercen el periodismo a un asedio permanente”, señala la asociación en su informe.
Tras las elecciones presidenciales de 2024, con las que Bukele logró un segundo periodo inconstitucional, se consolidó, a juicio de la APES, “un modelo de gobierno que no solo centraliza el poder, sino que además ataca al periodismo no alineado al discurso oficial”.
El presidente de APES, Sergio Arauz, señala que el informe refleja un panorama alarmante y crítico para quienes ejercen el periodismo en el país.
“Es una explicación de lo que ya reflejan las encuestas: existe clima de miedo generalizado a expresar opiniones. La prensa – toda información distinta a la propaganda que aplaude ciegamente – se enfrenta al acoso, los ataques digitales y la hostilidad”
— Sergio Arauz, presidente de APES
El informe de la APES enfatiza que desde que Nayib Bukele asumió la presidencia, en 2019, las agresiones a la prensa han experimentado un alza sostenida.
“El control del discurso público y la restricción del acceso a la información se han convertido en herramientas clave del oficialismo para tratar de silenciar voces disidentes y garantizar el monopolio narrativo”, sostiene la asociación.
La APES señala que, además de lo alarmante de las cifras, es importante notar la gravedad del tipo de ataques ocurridos. Los periodistas son víctimas de intimidaciones desde el Estado, mediante instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), espionaje, detenciones arbitrarias, bloqueos a información pública, acoso judicial, hostigamiento o demandas millonarias. A finales del año pasado, por ejemplo, la Fiscalía allanó la vivienda de la periodista comunitaria Mónica Rodríguez, le decomisó su equipo de trabajo, sin darle información sobre el procedimiento.
Las agresiones más frecuentes durante 2024 fueron la restricción al ejercicio periodístico, el bloqueo de acceso a la información y el acoso digital. El entorno digital es el principal lugar donde ocurren los ataques, según el análisis de las denuncias.
“Entre los factores más determinantes de este deterioro se encuentran el incremento de la violencia digital y de género, que han convertido el entorno digital en un espacio hostil para periodistas, especialmente para mujeres comunicadoras”, apunta la gremial.
La APES también documentó el exilio de periodistas el año pasado: nueve salieron del país por temor.
Lo que recoge la APES en su informe también ha sido advertido por diferentes organizaciones internacionales, entre estas Reporteros Sin Fronteras (RSF), que la semana pasada informó que El Salvador cayó dos posiciones en el Índice Mundial de Libertad de Prensa: está en la posición 135 de 180 países evaluados, lo que significa un retroceso de dos posiciones respecto a la evaluación anterior.
Panorama sombrío en la región
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó recientemente, en las conclusiones de su reunión de medio año, que “la hostilidad, el acoso y la retórica estigmatizante contra periodistas y medios informativos desde el poder se ha extendido en las Américas.”
La SIP ha registrado en los últimos seis meses que hay estigmatización hacia el periodismo desde el Estado en al menos 14 de los 24 países monitoreados en la región. Todos los ataques, según la Sociedad Interamericana, están enfocados a minar la credibilidad de los periodistas que investigan temas de interés público.