Bases Magisteriales, one of the sector’s most representative teachers’ unions, accuses authorities at the Ministry of Education, Science and Technology (MINEDUCYT) of “plunging” teachers into a deep crisis characterized by economic difficulties, inadequate medical care, and legal violations.
During a press conference held Saturday, the union stated that the government unilaterally closed the negotiation tables created amid the struggle to defend salary scales, which prevents institutional handling of the sector’s problems.
It reiterates that since 2019, teachers have not received salary increases, despite the Law of the Teaching Career requiring periodic reviews, compounded by the rising cost of the basic food basket impacting all Salvadorans’ wallets.
The teachers also refer to the collapse of the health system centered on the Salvadoran Institute for Teacher Well-being (ISBM), which is underfunded.
They describe medicine shortages, lack of specialized consultations, and delayed medical procedures, forcing teachers to pay for private medical care.
“Given that it will soon be six years since teachers received a salary increase, our health program is dying. Teachers are forced to buy medicine, pay for specialized consultations privately, and purchase medical procedures due to shortcomings in the Teacher Well-being program,” said David Rodríguez, general secretary of Bases Magisteriales.
He also referred to legal and administrative violations through the dismantling of the teaching career boards and tribunals, preventing fair legal processes.
According to the complaint, many teachers undergoing administrative proceedings lack access to a transparent resolution or their right to work.
Demand for dignified pensions
Teachers also demand dignified pensions. They assert that current pensions do not cover basic personal needs.
“The pension reform carried out in 2018 turned out to be a sham for the working class and condemned us to receive starvation pensions, $304.17 for those who requested 25% of their savings and $400 in the best-case scenario for colleagues who had not used that 25%,” Rodríguez maintained.
Another complaint concerns non-compliance with payments and compensation. Around 500 teachers who opted for voluntary retirement in 2024 have not yet received the financial compensation promised by law.
“We have reached May, and the payments have not begun. These teachers were not dismissed nor were they fired. They voluntarily decided to no longer continue teaching,” stated Paz Zetino separately.
Teachers still awaiting salary payments
Bases Magisteriales also referred to judicially acquitted teachers who have not received salaries corresponding to their suspension period.
This complaint was also presented last April 23 by Andes 21 de Junio. The union said its records counted 44 teachers who have been reinstated to their jobs after being acquitted in administrative and judicial proceedings, whose salaries have not been paid.
General Secretary Israel Montano said some of these teachers have waited up to three years since being notified of the resolution in their favor and have only been reinstated to their jobs, which in his view represents a violation of labor rights.
Teachers denounce authoritarianism by authorities and accuse the Ministry of acting arbitrarily and repressively, ignoring laws and teachers’ labor rights.
Zetino meanwhile expressed concern about the possibility that the Ministry of Education seeks to dismantle the current legal framework regulating the teaching career, which he believes further erodes teachers’ rights and representation.
Given this scenario, they demand the restoration of dialogue, compliance with the law, and dignified treatment for the national teaching profession.
Gremial de maestros señala a Educación de “hundir” al magisterio en una profunda crisis
Bases magisteriales, una de las gremiales de maestros más representativas del sector, señala a las autoridades del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) de “hundir” en una profunda crisis a los docentes, caracterizada por dificultades económicas, atención médica inadecuada y violaciones legales.
Durante una conferencia de prensa desarrollada el sábado, la gremial señaló que el gobierno de forma unilateral cerró las mesas de negociación creadas en el marco de la lucha por la defensa de los calefones lo que impide el tratamiento institucional de los problemas del sector.
Desde 2019, reitera, que los maestros no han recibido aumentos salariales, a pesar de que la Ley de la Carrera Docente exige revisiones periódicas, a lo que se suma el aumento de precios de la canasta básica que impacta el bolsillo de todos los salvadoreños.
Los maestros se refieren, además, al colapso del sistema de salud concentrado en el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) el cual está desfinanciado.
Describen desabastecimiento de medicamentos, falta de consultas especializadas y procedimientos médicos atrasados lo que obliga a los docentes a pagar atención médica particular.
“En virtud que ya se van a cumplir seis años que los docentes no reciben el incremento de sus salarios, nuestro programa de salud se está muriendo. Los docentes están obligados a comprar medicamentos, a pagar consultas especializadas de forma privada, comprando procedimientos médicos por carencias del programa de Bienestar Ministerial”, dijo David Rodríguez, secretario general de Bases Magisteriales.
Asimismo, se refirió a violaciones legales y administrativas mediante la desintegración de las juntas y tribunales de la carrera docente, impidiendo procesos legales justos.
Según la denuncia muchos docentes con procesos administrativos no tienen acceso a una resolución transparente ni a su derecho al trabajo.
Demanda pensiones dignas
Los maestros también demandan pensiones dignas. Aseguran que las pensiones actuales no cubren las necesidades básicas de la persona.
“La reforma de pensiones realizada del año 2018 resultó ser una falsa para la clase trabajadora y nos condenó a recibir pensiones de hambre, de $304,17 para aquellos que solicitaron el 25 % de sus ahorros y de $400 en el mejor de los casos para que compañeros este no habían hecho uso de ese 25 %”, sostuvo Rodríguez.
Otra de las denuncias es el incumplimiento en pagos y compensaciones. Alrededor de 500 docentes apegados al retiro voluntario en 2024 aún no reciben la compensación económica prometida por ley.
“Hemos llegado al mes de mayo y no han iniciado los pagos. Esos profesores no fueron cesados ni fueron despedidos. Voluntariamente decidieron ya no continuar en la docencia”, expuso por su parte Paz Zetino.
Maestros siguen esperando pago de salarios
Bases magisteriales también se refirió a docentes absueltos judicialmente, quienes no han recibido los salarios correspondientes al periodo de suspensión.
Esta denuncia también fue presentada el pasado 23 de abril por Andes 21 de junio. El sindicato dijo que dentro sus registros contabilizaban 44 maestros que han sido restituidos a sus trabajos después de ser absueltos en procesos administrativos y judiciales, cuyos salarios no han sido cancelados.
El secretario general, Israel Montano, dijo que algunos estos docentes llevan hasta tres años de haber sido notificados de la resolución a su favor y solo han sido reincorporados a sus puestos de trabajo, lo que a su juicio representa una violación a los derechos laborales.
Los maestros denuncian autoritarismo por parte de las autoridades y acusan al Ministerio de actuar con discrecionalidad y represión, ignorando las leyes y los derechos laborales de los docentes.
Zetino expresó en tanto su preocupación ante la posibilidad de que Educación busque desmantelar el actual marco jurídico que regula la carreras docente, lo que a su juicio erosiona aún más los derechos y la representación de los docentes.
Ante este escenario exige se restablezca el diálogo, se cumpla la ley y se dé un trato digno al magisterio nacional.