More than 60 organizations, mostly U.S.-based, are calling on the United Nations (UN) Security Council to investigate, via a visit from a special rapporteur, the terms of the migration agreement between El Salvador and the United States and the conditions of Venezuelan migrants held in the Terrorism Confinement Center (Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT).
The requests also extend to the UN Secretary-General, whom they ask to intervene urgently by appointing a special envoy to El Salvador to make public the terms of the agreement between the two countries and the conditions under which prisoners are held there.
They ask the Security Council to strengthen the investigation by ensuring the agreement’s publication and facilitating the immediate cessation of transfers of people to El Salvador, as well as the return of those already deported. Furthermore, they request a timeline for implementing these actions and sanctions for non-compliance.
The document, dated April 29, also calls on the High Commissioner for Human Rights to issue a statement on the matter and support the implementation of the requests. It also asks the Organization of American States (Organización de los Estados Americanos, OAS) to dedicate part of its upcoming session in June to organizing urgent debates, issuing resolutions, and investigating “private and other State complicity.”
Leonor Arteaga, representative of the Due Process of Law Foundation (DPLF), one of the Salvadoran NGOs also signatory to the document, explains that it is primarily an initiative by U.S. organizations that sent the letter to various organizations so they could join the initiative to halt the deportations to El Salvador carried out without due process.
Some of the U.S. participants include the American Civil Liberties Union (ACLU), the Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos (XUMEK) (Association for the Promotion and Protection of Human Rights), and the Alianza de Inmigración de Arizona (Arizona Immigration Alliance), among others.
The signatory organizations believe that “the agreement and subsequent statements represent a dangerous paradigm in which states can negotiate the fate of individuals without any process, potentially subjecting them to crimes against humanity.”
They specify that these include persecution, deportation, enforced disappearances, trafficking, deprivation of physical liberty, and torture. They warn that both governments “deny their ability” to provide legal remedies to these individuals that would prevent their transfer and detention.
“Such agreements must be considered patently illegal, and the actions of the United States and El Salvador must have swift and material consequences, lest they embolden other countries to enter into similar agreements or adopt similar policies,” argues the document outlining the requests.
No Answers
The U.S.-based Robert F. Kennedy Foundation is another organization that backed the initiative and represents 10 of the deported Venezuelans. On April 28, representatives visited the country and reported that the Salvadoran government has denied them access to various prisons, including CECOT, to verify the condition of their clients and the situation of Kilmer Ábrego, the Salvadoran deported due to an “administrative error” by the Trump administration.
“Despite the rights our clients and thousands of Salvadorans have to be assisted by their lawyers, the government of El Salvador, starting with President Bukele, did not respect these rights; they denied us, their lawyers, access to our clients,” stated Kerry Kennedy, president of the foundation, last Monday.
On April 22, Democratic congress members and senators spoke out, specifically regarding the case of Kilmar Ábrego, warning of an “unprecedented constitutional crisis” regarding the failure to comply with the U.S. Supreme Court order to return Ábrego.
They alleged they were denied entry to CECOT, while Republican congress members were granted access.
Migration Agreement
Nayib Bukele maintains a prison agreement with the Donald Trump administration to receive migrants accused of belonging to the Tren de Aragua criminal gang or Mara Salvatrucha (MS-13), in exchange for a payment of $6 million for one year, potentially renewable.
To date, 287 migrants have been expelled to El Salvador by the Trump administration, who also claims “there is no limit” on the number of people they will deport to the country. To house them, Bukele has offered the use of CECOT, which currently holds some 114,244 inmates.
The request for intervention by the U.S. organizations comes amid a context where the agreement and the situation of migrants in CECOT have been questioned and flagged by other international bodies. Additionally, its terms remain unknown as they have not been clarified by either government involved.
Organizaciones de EUA piden al Consejo de Seguridad de la ONU intervenir por venezolanos en el CECOT
Más de 60 organismos, en su mayoría estadounidenses, solicitan al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) investigar, a través de una visita de un relator especial, los términos del acuerdo migratorio entre El Salvador y Estados Unidos y las condiciones de los migrantes venezolanos albergados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Las peticiones incluyen al secretario general de la ONU a quien solicitan intervenga de manera urgente con el nombramiento de un enviado especial a El Salvador para visibilizar los términos del acuerdo entre ambos países y las condiciones bajo las que permanecen los prisioneros en el lugar.
Al Consejo de Seguridad piden que refuerce la investigación asegurando la publicación del acuerdo y facilitando el cese inmediato del traslado de personas a El Salvador, así como el regreso de los que ya fueron deportados. Asimismo, que haya un cronograma para el cumplimiento de las acciones y sanciones al no cumplir con estas.
El documento, con fecha del 29 de abril, también hace un llamado a la alta comisionada para los derechos humanos a que se pronuncie al respecto y apoye en la ejecución de las peticiones. También a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a que dedique parte de su próximo periodo de sesiones en junio, a organizar debates urgentes, emitir resoluciones e investigar la “complicidad privada y de otros Estados”.
Leonor Arteaga, representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) una de las oenegés salvadoreñas firmantes también del documento, explica que es una iniciativa mayormente de organismos de Estados Unidos que enviaron la carta a diferentes organizaciones para que pudieran sumarse a la iniciativa de frenar las deportaciones sin ningún proceso a El Salvador.
Algunos de los participantes estadounidenses son la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos (XUMEK) y la Alianza de Inmigración de Arizona, entre otros.
Los organismos firmantes consideran que “el acuerdo y las declaraciones posteriores representan un paradigma peligroso en el que los estados pueden negociar sobre el destino de los cuerpos de las personas sin ningún proceso, sometiéndolas potencialmente a crímenes de lesa humanidad”.
Detallan que estos incluyen persecución, deportación, desapariciones forzadas, trata, privación de la libertad física y tortura. Advierten que ambos gobiernos “niegan su capacidad” de proporcionar soluciones legales a estas personas que impidan su traslado y sus detenciones.
“Tales acuerdos deben ser considerados patentemente ilegales, y las acciones de los Estados Unidos y El Salvador deben tener consecuencias rápidas y materiales, para que no envalentonen a otros países a celebrar acuerdos similares o a adoptar políticas similares”, argumenta el documento de las peticiones.
Sin respuestas
La Fundación estadounidense Robert F. Kennedy es otra de las que respaldaron la iniciativa y defiende a 10 de los venezolanos deportados. El 28 de abril pasado, visitó el país y denunció que el gobierno salvadoreño les ha negado el acceso a diferentes cárceles, entre estas el CECOT, para verificar el estado de sus clientes y cómo se encuentra Kilmer Ábrego, el salvadoreño deportado por un “error administrativo” de la administración de Trump.
“A pesar de los derechos que tienen nuestros clientes y miles de salvadoreños de ser atendidos por sus abogados, el gobierno de El Salvador, empezando por el presidente Bukele, no respetó estos derechos, nos negaron a nosotras sus abogadas acceso a nuestros clientes”, manifestó el lunes pasado Kerry Kennedy, presidenta de la fundación.
El 22 de abril pasado, congresistas y senadores demócratas se pronunciaron, específicamente sobre el caso de Kilmar Ábrego, advirtiendo de “una crisis constitucional sin precedentes” ante el incumplimiento de la orden de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de regresar a Ábrego.
Acusaron que no les fue permitido su ingreso al CECOT y que sí fue concedido a congresistas republicanos.
Acuerdo migratorio
Nayib Bukele sostiene un acuerdo carcelario con la administración de Donald Trump para recibir migrantes acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua o de la Mara Salvatrucha (MS-13), a cambio de una prestación de $6 millones por un año y que podría ser prorrogable.
A la fecha, 287 migrantes han sido expulsados a El Salvador por el gobierno de Trump, quien además asegura “no hay límite” sobre el número de personas que deportarán al país.Para albergarlos, Bukele a ofrecido el uso del CECOT que actualmente acoge a unos 114,244 reos.
La petición de intervención de las organizaciones estadounidenses ocurre en un contexto en el que el acuerdo y la situación de los migrantes en el CECOT ha sido cuestionada y alertada por otros organismos internacionales. Además, en el que se desconocen los términos de este pues no han sido aclarados por ninguno de los gobiernos involucrados.