A lawyer for ten Venezuelan men sent by the U.S. government to a prison in El Salvador says the Salvadoran government denied her access to meet with her clients.
Kerry Kennedy, a human rights activist who is the daughter of assassinated U.S. politician Robert F. Kennedy and niece of former U.S. President John F. Kennedy, told reporters during a trip to El Salvador on Monday that the Salvadoran government did not respect her clients’ rights to meet with their lawyer.
“Despite the right of our clients and thousands of Salvadorans to be attended by their lawyers, the government of El Salvador, starting with President (Nayib) Bukele, did not respect these rights and denied us, their lawyers, access to our clients,” Kennedy told a press conference.
El Salvador’s government didn’t immediately respond to a request for comment.
More than 250 Venezuelans were deported from the United States to a maximum security Salvadoran prison beginning of March, under an agreement through which the United States is paying El Salvador to hold the prisoners.
The U.S. administration alleges the people it deported are gang members and it can deport them under a 18th-century wartime law, but lawyers and family members say their clients and loved ones are innocent and were deprived of due process.
Kennedy said she visited El Salvador to speak with the defendants, document the human rights situation and learn about the condition of Kilmar Abrego Garcia, a Salvadoran man the U.S. government said was mistakenly deported.
The Trump administration has refused to adhere to a Supreme Court order to facilitate Abrego Garcia’s return, while Bukele has said he would not release him in El Salvador nor “smuggle” him back into the country.
The case has pitted the U.S. executive against the courts, raising the prospect of a constitutional conflict.
Abogada estadounidense de venezolanos detenidos en El Salvador dice que el gobierno le negó el acceso a sus clientes
Una abogada de diez hombres venezolanos enviados por el gobierno de EE. UU. a una prisión en El Salvador dice que el gobierno salvadoreño le negó el acceso para reunirse con sus clientes.
Kerry Kennedy, activista de derechos humanos, hija del político estadounidense asesinado Robert F. Kennedy y sobrina del expresidente estadounidense John F. Kennedy, dijo a periodistas el lunes durante un viaje a El Salvador que el gobierno salvadoreño no respetó el derecho de sus clientes a reunirse con su abogada.
«A pesar del derecho de nuestros clientes y de miles de salvadoreños a ser atendidos por sus abogados, el gobierno de El Salvador, empezando por el presidente (Nayib) Bukele, no respetó estos derechos y nos negó a nosotros, sus abogados, el acceso a nuestros clientes», dijo Kennedy en una conferencia de prensa.
El gobierno de El Salvador no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Más de 250 venezolanos fueron deportados desde Estados Unidos a una prisión salvadoreña de máxima seguridad a principios de marzo, bajo un acuerdo mediante el cual Estados Unidos paga a El Salvador para retener a los prisioneros.
La administración estadounidense alega que las personas deportadas son miembros de pandillas y que puede deportarlos bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, pero abogados y familiares dicen que sus clientes y seres queridos son inocentes y que fueron privados del debido proceso.
Kennedy dijo que visitó El Salvador para hablar con los acusados, documentar la situación de los derechos humanos y conocer la condición de Kilmar Abrego García, un salvadoreño que, según el gobierno de EE. UU., fue deportado por error.
La administración Trump se ha negado a acatar una orden de la Corte Suprema para facilitar el regreso de Abrego García, mientras que Bukele ha dicho que no lo liberará en El Salvador ni lo devolverá «clandestinamente» al país.
El caso ha enfrentado al ejecutivo estadounidense con los tribunales, planteando la posibilidad de un conflicto constitucional.