For violence and security expert Jeannette Aguilar, it is improbable that a person who lived in an area controlled by the Barrio 18 gang would be accepted as a member of Mara Salvatrucha (MS-13). Salvadoran Kilmar Armando Ábrego García, who was deported due to an administrative error from the United States (U.S.) and sent to the Terrorism Confinement Center (CECOT), is accused in the U.S. of being an MS-13 member, despite the fact that, as El Diario de Hoy published last Thursday, he grew up in El Salvador in a neighborhood that was territory influenced by Barrio 18 Sureño.
Both U.S. officials and Salvadoran President Nayib Bukele himself assert that Kilmar is an MS-13 member; however, a U.S. judge recently stated that such claims are unfounded.
“Both here in El Salvador and in the United States, there is no evidence that Wilmar Ábrego belonged to gangs. No gang member or sympathizer of MS-13 is going to live in a neighborhood controlled by the rival gang,” Aguilar affirmed.
The report published by this newspaper includes testimonies from Kilmar’s former neighbors in the Los Nogales neighborhood, south of San Salvador. They and a 2018 document from the National Civil Police (PNC) concur on the influence of the Barrio 18 gang in the area.
The researcher, who has studied the gang phenomenon for years, explained that despite the internal transformations of these organizations and the political understandings reached at certain junctures among the three main groups, territorial boundaries continued to be a central element of these groups’ identity.
“It’s improbable that a person who resided in an area controlled by Barrio 18 would have been accepted as a member of MS-13. Territory is a central issue in the constitution of the gang and in shaping gang identities,” Aguilar detailed.
The researcher also pointed to another contradiction in the case: the fact that Kilmar was removed from the CECOT and sent to the Santa Ana Prison Farm, where there are no gang members incarcerated, only minimum-security inmates under the Zero Leisure plan.
“It seems to me that (Bukele) took him out of CECOT because he knows he is effectively not an MS member, but fundamentally because, as the case is under international scrutiny, he will eventually have to yield to pressure for visits. And facing all the international questions about human rights violations, he wants to show that his penitentiary model has a human face of reintegration,” opined the researcher.
The academic added that “effectively, the prison farm, being a penal facility housing minimum-security inmates, has been marketed as a reintegration model. It’s a way to neutralize harsh criticism, but also to promote a comprehensive penitentiary model.”
Aguilar also considers that with Kilmar’s case, and the more than 250 Venezuelans sent to CECOT, what is taking shape “is a ‘Bukelization’ of gringo immigration policy. Trampling due process and without any investigation, they are using the label of gang member or terrorist to justify the expulsion and imprisonment of migrants.”
Finally, Aguilar points out that with the deliberate stigmatization to justify the detentions and deportations of people with irregular immigration status, not only is due process being violated, but people are also being put at risk by mixing them with highly dangerous gang members.
Bukele has been harshly criticized both nationally and internationally for the agreement made with the United States to imprison thousands of alleged criminals in exchange for millions of dollars in payment. On April 20, the Archbishop of San Salvador, Monsignor José Luis Escobar Alas, called on the government not to allow El Salvador to become an international prison.
Chris Van Hollen, Democratic senator for Maryland, recently visited the country to verify Ábrego’s situation and stated that the president’s employees placed daisies in the meeting he held with the deportee. For him, that was a lesson in “how far Bukele is capable of going.”
Investigadora señala contradicción en acusación contra Kilmar Ábrego
Para la experta en temas de violencia y seguridad, Jeannette Aguilar, es improbable que una persona que haya vivido en una zona controlada por la pandilla Barrio 18, sea aceptada como miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13). El salvadoreño Kilmar Armando Ábrego García, quien fue deportado por un error administrativo de Estados Unidos (EE.UU) y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), es señalado en ese país de ser miembro de la MS-13, pese a que, como publicó el pasado jueves El Diario de Hoy, en El Salvador creció en un vecindario que era territorio de influencia del Barrio 18 Sureño.
Tanto funcionarios estadounidenses como el mismo presidente salvadoreño Nayib Bukele aseguran que Kilmar es miembro de la MS-13; sin embargo, una jueza estadounidenses afirmó recientemente que tales señalamientos no tienen fundamento.
“Tanto acá en El Salvador, como en Estados Unidos, no existe evidencia de que Wilmar Ábrego pertenecía a pandillas. Ningún pandillero o simpatizante de la MS-13 va a vivir en un barrio controlado por la pandilla contraria”, afirmó Aguilar.
El reportaje publicado por este periódico recoge testimonios de exvecinos de Kilmar, en la urbanización Los Nogales, al sur de San Salvador. Ellos y un documento de la Policía Nacional Civil (PNC) de 2018 coinciden en la influencia de la pandilla Barrio 18 en el sector.
La investigadora, quien por años ha estudiado el fenómeno de las pandillas, explicó que a pesar de las transformaciones internas de estas organizaciones y de los espacios de entendimiento político logrados en ciertas coyunturas entre las tres principales agrupaciones, las fronteras territoriales continuaron siendo un elemento central de identidad de esos grupos.
“Es improbable que una persona que residió en una zona controlada por el Barrio 18, iba a ser aceptada como miembro de la MS-13. El territorio es un tema central en la constitución de la pandilla y en la configuración de las identidades pandilleriles”, detalló Aguilar.
La investigadora también se refirió como otra contradicción en el caso al hecho de que Kilmar fuera sacado del CECOT y enviado a la Granja Penitenciaria de Santa Ana, donde no hay recluidos pandilleros sino solo presos en fase de confianza bajo el plan Cero Ocio.
“Me parece que (Bukele) lo sacó del CECOT porque sabe que efectivamente no es miembro de la MS, pero fundamentalmente porque al ser un caso que está bajo el escrutinio internacional, va a tener en algún momento que acceder a presiones de que lo visiten. Y frente a todos los cuestionamientos de violaciones a los derechos humanos que hay a nivel internacional, quiere mostrar que su modelo penitenciario cuenta con una cara humana de reinserción”, opinó la investigadora.
La académica agregó que “efectivamente, la granja penitenciaria, al ser un penal que alberga reos en fase de confianza, ha querido venderse como un modelo de reinserción. Es una manera de neutralizar las duras críticas, pero también de promocionar un modelo penitenciario integral”.
Aguilar también considera que con el caso de Kilmar, y los más de 250 venezolanos enviados al CECOT, lo que se está configurando “es una Bukelización de la política migratoria gringa. Atropellando el debido proceso y sin ninguna investigación, están utilizando la etiqueta de pandillero o terrorista para justificar la expulsión y el encarcelamiento de migrantes”.
Por último, Aguilar apunta que con la estigmatización deliberada para justificar las detenciones y deportaciones de personas con situación migratoria irregular, no solo se está violando el debido proceso, sino también se está poniendo en riesgo a las personas, al mezclarlas con pandilleros de alto grado de peligrosidad.
Bukele ha sido duramente criticado a nivel nacional e internacional, por el acuerdo realizado con Estados Unidos de encarcelar a miles de supuestos criminales a cambio de varios millones de dólares como pago. El pasado 20 de abril, el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, hizo un llamado al Gobierno a no permitir que El Salvador se convierta en una cárcel internacional.
Chris Van Hollen, senador demócrata por Maryland, visitó el país recientemente para constatar la situación de Ábrego y aseguró que empleados del presidente colocaron margaritas en la reunión que sostuvo con el deportado. Para él, esa fue una lección de “hasta dónde es capaz de llegar Bukele”.