Lawyers for a group of at least 137 Venezuelan men sent to a prison in El Salvador last month have urged a judge to order Republican President Donald Trump’s administration to facilitate their return to the U.S.
The Thursday night request by lawyers with the American Civil Liberties Union to Washington-based U.S. District Judge James Boasberg opens up a new front in a legal battle over the Trump administration’s use of the 1798 Alien Enemies Act to speed up deportations of alleged members of the Venezuelan gang Tren de Aragua.
So far, the ACLU had been focused on ensuring Venezuelans still in the U.S. were given an adequate opportunity to challenge their deportations under the law in court. Judges in at least five federal courts have issued orders temporarily blocking deportations within their districts using the law, which has historically been used in wartime.
Family members of many of the Venezuelans deported on March 15 and their lawyers deny any gang ties, and say they were not given a chance to contest the Trump administration’s allegations in court. They are being held at El Salvador’s Terrorism Confinement Center, under an agreement in which the U.S. is paying President Nayib Bukele’s government $6 million.
The Justice Department did not immediately respond to a request for comment.
Any order from Boasberg to facilitate the migrants’ return would echo another federal judge’s order that the administration facilitate the return of Kilmar Abrego Garcia, a Salvadoran migrant wrongly deported to El Salvador alongside the Venezuelan migrants.
The U.S. Supreme Court upheld U.S. District Judge Paula Xinis’ order for the government to facilitate Abrego Garcia’s return, but so far, the Trump administration has not given any indication it has asked El Salvador’s government to send him back.
Xinis began an inquiry into whether the administration defied her order to facilitate Abrego Garcia’s return. Xinis said on Wednesday she would put the probe on hold until April 30, without explaining why.
Boasberg has said he may hold Trump administration officials in contempt of court for disobeying his order to return the planes carrying the Venezuelan migrants to El Salvador. An appeals court last week temporarily paused his inquiry.
Abogados de venezolanos instan a juez a ordenar a Trump que facilite su regreso desde El Salvador
Los abogados de un grupo de al menos 137 hombres venezolanos enviados a una prisión en El Salvador el mes pasado han instado a un juez a ordenar a la administración del presidente republicano Donald Trump que facilite su regreso a EE. UU.
La solicitud del jueves por la noche por parte de los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) al juez federal de distrito de Washington, James Boasberg, abre un nuevo frente en una batalla legal sobre el uso por parte de la administración Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar las deportaciones de presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua.
Hasta ahora, la ACLU se había centrado en garantizar que a los venezolanos que aún se encontraban en EE. UU. se les diera una oportunidad adecuada para impugnar sus deportaciones bajo la ley en los tribunales. Jueces en al menos cinco tribunales federales han emitido órdenes que bloquean temporalmente las deportaciones dentro de sus distritos utilizando la ley, que históricamente se ha utilizado en tiempos de guerra.
Familiares de muchos de los venezolanos deportados el 15 de marzo y sus abogados niegan cualquier vínculo con pandillas y dicen que no se les dio la oportunidad de refutar las acusaciones de la administración Trump en los tribunales. Están detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, en virtud de un acuerdo por el cual EE. UU. está pagando al gobierno del presidente Nayib Bukele 6 millones de dólares.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Cualquier orden de Boasberg para facilitar el regreso de los migrantes se haría eco de la orden de otro juez federal de que la administración facilitara el regreso de Kilmar Abrego García, un migrante salvadoreño deportado erróneamente a El Salvador junto con los migrantes venezolanos.
La Corte Suprema de EE. UU. confirmó la orden de la jueza federal de distrito Paula Xinis para que el gobierno facilitara el regreso de Abrego García, pero hasta ahora, la administración Trump no ha dado ninguna indicación de haber solicitado al gobierno de El Salvador que lo envíe de regreso.
Xinis inició una investigación sobre si la administración desafió su orden de facilitar el regreso de Abrego García. Xinis dijo el miércoles que suspendería la investigación hasta el 30 de abril, sin explicar por qué.
Boasberg ha dicho que podría declarar en desacato a funcionarios de la administración Trump por desobedecer su orden de devolver los aviones que transportaban a los migrantes venezolanos a El Salvador. Un tribunal de apelaciones suspendió temporalmente su investigación la semana pasada.