Alicia Martínez, 56, makes a huge effort to walk. Her apron and skirt cover a makeshift splint on her left leg. A sore on her ankle is eating away at the flesh to the point where, with every step, the woman feels as if she’s being bitten. The pain, she says, goes all the way up to the crown of her head.

A little over two years ago, in February 2023, when the sore appeared over one of her veins, Alicia was considering seeing a specialist for varicose veins. Alicia wasn’t contemplating surgery, but her older son, Jonás, insisted she should.

The plan was made: Alicia had decided to go to the doctor by the end of February that year. She would stop selling second-hand clothes as a street vendor in downtown San Salvador, and her son Jonás, who was 23 at the time, would take care of certain expenses and look after his younger brother. Jonás Córdoba worked in a factory; months earlier, he had moved in with his girlfriend, and they were renting a house in La Campanera, in Soyapango.

For years, living in La Campanera meant bearing a cross of stigma in Salvadoran society. That neighbourhood was a stronghold of the Barrio 18 Sureños gang, nestled within a puzzle of other neighbourhoods controlled by the Mara Salvatrucha-13. “My son was denied some jobs because he lived in La Campanera,” Alicia says.

On the afternoon of February 15, 2023, almost a year after the state of exception began, the stigma became reality. Jonás had finished a workday and was arrested by the Police as he left the factory. They asked for his ID and where he lived. “In La Campanera,” Jonás replied. It was the last time his coworkers saw him; they notified Alicia.

Since then, like thousands of Salvadoran mothers, Alicia doesn’t know her son’s condition. She learned he passed through the Ilopango prison and was later sent to the Zacatecoluca Minor Detention Center. She knows nothing more.

Now she has to extend her workdays, selling, shouting, walking with her sore to earn some money and put together a prison package each month to deliver where she assumes her son is. She must support her younger son, who is in seventh grade. She thinks about the upcoming winter; her little house, as she calls it, has holes in the roof, and the wood supporting its walls is rotting.

Alicia fears finding out one day through social media that her son is in a hospital or dead, like the more than 360 victims registered by the organization Socorro Jurídico (Legal Aid). Alicia insists her son was not a gang member. The justice system, controlled by President Bukele, provides no information about those arrested. The trials of the more than 85,000 detainees since the state of exception began in March 2022 have been declared secret, and the little information that has come to light speaks of arrests because someone showed ‘nervousness.’ According to data from World Prison Brief, El Salvador already has the highest incarceration rate in the world: 1,659 prisoners per 100,000 inhabitants. La Prensa Gráfica, based on data from the Banco Central de Reserva (Central Reserve Bank), published this month that 9% of young people between 25 and 29 years old, Jonás’s current age, are imprisoned.

“They don’t tell you anything here. Look how families find their loved ones in hospitals because someone posted it on Facebook,” Alicia said during a protest organized on April 9th by the Movimiento de Víctimas del Régimen (Movement of Victims of the Regime) outside the Mariona prison. There, carrying a cross, suffering from her sore, alongside a dozen relatives of arrested individuals, Alicia shouted: “They took them alive, we want them back alive.”

El Faro: https://elfaro.net/es/202505/ef_foto/27808/alicia-y-la-cruz-del-regimen

Alicia y la cruz del régimen

Alicia Martínez, de 56 años, hace un sobreesfuerzo para caminar. Su delantal y faldón cubren una férula improvisada que lleva sobre su pierna izquierda. Una llaga en su tobillo devora la carne al punto que la mujer siente en cada paso como si la mordieran. El dolor, dice, le sube hasta la coronilla.

Hace poco más de dos años, en febrero del 2023, cuando la llaga apareció sobre una de sus venas, Alicia sopesaba acudir a un especialista en várices. Alicia no contemplaba una operación, pero el mayor de sus dos hijos, Jonás, le insistía en hacerlo.

El plan estaba hecho, Alicia había decidido ir al médico para finales de febrero de ese año. Dejaría la venta ambulante de ropa de segunda mano en el centro de San Salvador y su hijo Jonás, que en esas fechas tenía 23 años, se encargaría de asumir ciertos gastos y el cuidado de su hermano menor. Jonás Córdoba era empleado de una fábrica, meses atrás se había acompañado con su novia y rentaban una casa  en La Campanera, en Soyapango. 

Durante años, vivir en La Campanera era llevar una cruz de estigma ante la sociedad salvadoreña. Esa colonia era bastión de la pandilla Barrio 18 Sureños, enclavada en un rompecabezas de otras colonias donde controlaba la Mara Salvatrucha-13. “A mi hijo le negaron algunos empleos por vivir en La Campanera”, dice Alicia.

La tarde del 15 de febrero del 2023, tras casi un año de iniciado el régimen de excepción, el estigma se haría realidad. Jonás había terminado una jornada de trabajo y a la salida de la fábrica fue capturado por la Policía. Le pidieron su identificación y le preguntaron dónde vivía. “En La Campanera”, respondió Jonás. Fue la última vez que lo vieron sus compañeros de trabajo, quienes avisaron a Alicia. 

Desde entonces, como miles de madres salvadoreñas, Alicia no sabe de la condición en la que se encuentra su hijo. Supo que pasó por el penal de Ilopango, que después fue enviado al Centro de Detención Menor de Zacatecoluca. No sabe nada más. 

Ahora debe de extender las jornadas de trabajo, vendiendo, gritando, caminando con su llaga para obtener algo de dinero y armar un paquete carcelario cada mes para entregarlo a donde supone está su hijo. Debe mantener a su hijo menor que estudia séptimo grado, piensa en el próximo invierno y su casita, como ella le dice, tiene agujeros en el techo y la madera que sostiene sus paredes está picada.

Alicía teme enterarse un día por redes sociales de que su hijo está en un hospital o muerto, como las más de 360 víctimas que registra la organización Socorro Jurídico. Alicia asegura que su hijo no era pandillero. El sistema de justicia controlado por el presidente Bukele no da información sobre los capturados. Los juicios de los más de 85,000 detenidos desde que el régimen inició el marzo de 2022 han sido declarados secretos y la poca información que ha salido a la luz habla de capturas porque alguien mostró ‘nerviosismo’. Según datos de World Prision Brief, El Salvador es ya el país con la tasa carcelaria más alta del mundo: 1,659 presos por cada 100,000 habitantes. La Prensa Gráfica, con base en datos del Banco Central de Reserva, publicó este mes que el 9 % de los jóvenes entre 25 y 29 años, la edad actual de Jonás, están presos. 

“Aquí no le dicen nada a uno, mire cómo las familias encuentran a sus seres queridos en los hospitales porque alguien lo subió al Facebook”, dijo Alicia durante un plantón organizado este 9 de abril por el Movimiento de Víctimas del Régimen frente al penal de Mariona. Allí, cargando una cruz, padeciendo su llaga, junto a una decena de familiares de personas capturadas, Alicia gritaba: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

El Faro: https://elfaro.net/es/202505/ef_foto/27808/alicia-y-la-cruz-del-regimen