Kilmar Ábrego García, the Salvadoran migrant who was expelled from the United States despite having legal status in the country, has been transferred to another prison in El Salvador after spending several weeks detained in the maximum-security prison known as CECOT.
This was detailed by US Senator Chris Van Hollen, who traveled to El Salvador this week to ask Nayib Bukele’s government to release Ábrego, a resident of Maryland for over a decade, the state the lawmaker represents.
Van Hollen managed to meet with Ábrego on Thursday in San Salvador and gave a press conference this Friday where he recounted details of their conversation and accused the Trump administration of lying about the Salvadoran’s case and violating the Constitution.
The senator reported that García was transferred “nine days” ago to another prison in Santa Ana, in the west of the country, but he still cannot communicate with the outside world and is “traumatized” after his experience in the mega-prison, notorious for allegations of human rights abuses.
“(Ábrego) feels very sad about being detained because he hasn’t committed any crime,” Van Hollen recounted, adding that Salvadoran authorities have not given the 29-year-old migrant an explanation for why he is detained.
Salvadoran Vice President Félix Ulloa, with whom Van Hollen also met, told the lawmaker that Ábrego was imprisoned because Trump “is paying” to keep him detained.
Ábrego has not been able to speak with his wife or his children, all US citizens, and told Van Hollen that thinking about his family is what gives him “strength” to carry on “each day.”
The senator directly criticized the Trump administration, accusing it of ignoring the Supreme Court, which in a ruling last week ordered that Ábrego’s return be “facilitated.”
“This case isn’t just about one man (…) but about protecting fundamental freedoms and the Constitution,” Van Hollen indicated.
Ábrego García, who resided in the state of Maryland, fled El Salvador due to extortion and threats he and his family received from the Barrio 18 gang, according to court documents filed by his defense.
The Trump administration has undertaken a media campaign to link him to the MS-13 gang, despite him having no criminal record in the US.
This Friday, the White House published a series of documents about Ábrego, detailing an inconclusive investigation into the man after police detained him during a traffic stop in 2022 while he was driving a vehicle carrying 8 other men.
The Salvadoran Ábrego is one of more than 200 migrants – mostly Venezuelans – who were expelled from the US and sent to the high-security prison without the possibility of appealing their cases in court, in what human rights defense groups have described as “enforced disappearance.”
President Donald Trump’s administration has defended the expulsions by accusing the migrants of having links to the Tren de Aragua and MS-13 gangs, recently designated by Washington as terrorist groups.
However, multiple investigations by US media outlets have shown that the majority of migrants expelled to El Salvador have no criminal records.
Although the US Supreme Court issued a ruling last week upholding a lower court order in Maryland instructing the government to “facilitate” the Salvadoran’s return, both the US and El Salvador have denied having the authority to do so.
The US government reached an agreement with Bukele to send migrants detained in the US to CECOT, a prison notorious for allegations of human rights abuses.
As part of the deal, the specific details of which are unknown, Washington will pay El Salvador $6 million annually to support the prison system.
Kilmar Ábrego ya no está en CECOT y fue llevado a otra cárcel, asegura senador
Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño que fue expulsado de Estados Unidos a pesar de tener un estatus legal en el país, fue trasladado a otra cárcel en El Salvador después de haber pasado varias semanas detenido en la prisión de máxima seguridad conocida como Cecot.
Así lo detallo el senador estadounidense Chris Van Hollen, quien viajó esta semana a El Salvador para pedir al Gobierno de Nayib Bukele que libere a Ábrego, residente hace más de una década en Maryland, el estado que representa el legislador.
Van Hollen logró reunirse con Ábrego el jueves en San Salvador y dio este viernes una conferencia de prensa donde relató detalles de su conversación y acusó al Gobierno Trump de estar mintiendo sobre el caso del salvadoreño y violando la Constitución.
El senador informó que García fue trasladado hace “nueve días” a otra cárcel en Santa Anta, al oeste del país, pero que sigue sin poder comunicarse con el exterior y está “traumatizado” tras su experiencia en la megacárcel, notoria por las denuncias de abusos a los derechos humanos.
“(Ábrego) se siente muy triste de estar detenido, porque no ha cometido ningún crimen”, relató Van Hollen y agregó que las autoridades salvadoreñas no le han dado al migrante de 29 años una explicación de por qué esta detenido.
El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, con quien Van Hollen también se reunió, le dijo al legislador que Ábrego estaba encarcelado porque Trump “está pagando” para mantenerlo detenido.
Ábrego no ha podido hablar con su esposa o sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses, y le dijo a Van Hollen que pensar en su familia es lo que le da “fuerza” para seguir “cada día”.
El senador criticó directamente al Gobierno Trump, acusándolo de ignorar a la Corte Suprema, que en un fallo la semana pasada ordenó que se “facilitara” el retorno de Ábrego.
“Este caso no es solo sobre un hombre (…) sino sobre la protección de las libertades fundamentales y la Constitución”, indicó Van Hollen.
Ábrego García, quien residía en el estado de Maryland, huyó de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.
El Gobierno Trump ha emprendido una campaña mediática para vincularlo con la pandilla MS-13, a pesar de que no tiene antecedentes penales en EE.UU.
Este viernes, la Casa Blanca publicó una serie de documentos sobre Ábrego, donde se detalla una investigación inconclusa sobre el hombre después de que la policía lo retuviera en una parada de tráfico en 2022 mientras manejaba un vehículo donde estaban otros 8 hombres.
El salvadoreño Ábrego es uno de los más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- que fueron expulsados de EE.UU. y enviados a la prisión de alta seguridad sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, en lo que grupos en defensa de los derechos humanos han calificado como “desaparición forzada”.
El Gobierno del presidente Donald Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.
Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los migrantes expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
A pesar de que el Supremo de EE.UU. emitiera la semana pasada un fallo respaldando la orden de un tribunal de menor instancia en Maryland que instruye al Gobierno a “facilitar” el retorno del salvadoreño, tanto EE.UU. como El Salvador han negado tener la potestad para hacerlo.
El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el Cecot, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.