Immediately following the transfer, the Venezuelan nationals were held incommunicado. Neither US nor Salvadoran officials have disclosed comprehensive details regarding the detainees, despite pressure from affected families and advocacy groups. HRW called the move “a grave violation of international human rights law”. Juanita Goebertus, HRW’s Americas director, emphasized that the forced disappearances strip individuals of any legal protection, leaving families in turmoil and raising serious questions about the legal basis for such actions.
“The cruelty of the US and Salvadoran governments has put these people outside the protection of the law and caused immense pain to their families.” Goebertus said.
The US Department of Homeland Security announced the removal on March 17, noting that 137 individuals had been expelled under the Alien Enemies Act of 1798 and 101 others under Title 8, a statute that governs immigration enforcement. However, the basis for invoking the Alien Enemies Act, a law historically used in wartime, has raised significant legal and ethical concerns. The Trump administration alleged the deportees had ties to Tren de Aragua, a Venezuelan criminal group, but no evidence was produced to support these claims. Critics have questioned the legitimacy of using such archaic and seldom-invoked statutes for mass deportations. An official from US Immigration and Customs Enforcement (ICE) conceded that many of those deported had no criminal records.
The Salvadoran government released a video showing images of some deportees but has neither confirmed their identities nor explained the legal grounds for their detention. Lawyers representing the detainees in El Salvador have been denied access to their clients, and family members’ attempts were met only with vague assurances.
According to Amnesty International, these removals occurred despite a court order prohibiting deportations and included individuals targeted for superficial reasons, such as tattoos or their origin from the Venezuelan state of Aragua. Amnesty described the removals as expulsions, not deportations, as they occurred without formal removal orders and due process.
El Salvador, which has been under a state of emergency since March 2022, has institutionalized mass detentions under President Nayib Bukele’s punitive security agenda. Amnesty International has documented extreme overcrowding, lack of medical care, and instances of torture and ill-treatment at CECOT. By facilitating these transfers, El Salvador may be complicit in violating the principle of non-refoulement, which prohibits states from transferring individuals to countries where they face risks of serious harm.
HRW and Amnesty International have both called for the immediate disclosure of detainees’ identities, confirmation of their legal status, and restoration of communication with their families. HRW has also urged the US to halt further removals and ensure compliance with domestic and international human rights obligations.
EE. UU. y El Salvador son responsables de desapariciones de deportados venezolanos, informa HRW
Inmediatamente después del traslado, los ciudadanos venezolanos fueron mantenidos incomunicados. Ni los funcionarios estadounidenses ni los salvadoreños han revelado detalles completos sobre los detenidos, a pesar de la presión de las familias afectadas y los grupos de defensa. HRW calificó la medida como “una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos”. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, enfatizó que las desapariciones forzadas privan a las personas de cualquier protección legal, dejando a las familias en la agitación y planteando serias dudas sobre la base legal de tales acciones.
“La crueldad de los gobiernos de EE. UU. y El Salvador ha puesto a estas personas fuera de la protección de la ley y ha causado un inmenso dolor a sus familias”, dijo Goebertus.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anunció la expulsión el 17 de marzo, señalando que 137 personas habían sido expulsadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y otras 101 bajo el Título 8, una ley que rige la aplicación de la ley de inmigración. Sin embargo, la base para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley utilizada históricamente en tiempos de guerra, ha suscitado importantes preocupaciones legales y éticas. La administración Trump alegó que los deportados tenían vínculos con el Tren de Aragua, un grupo criminal venezolano, pero no se presentaron pruebas para respaldar estas afirmaciones. Los críticos han cuestionado la legitimidad de utilizar estatutos tan arcaicos y raramente invocados para deportaciones masivas. Un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) admitió que muchos de los deportados no tenían antecedentes penales.
El gobierno salvadoreño publicó un video que mostraba imágenes de algunos deportados, pero no ha confirmado sus identidades ni explicado los fundamentos legales de su detención. A los abogados que representan a los detenidos en El Salvador se les ha negado el acceso a sus clientes, y los intentos de los familiares solo recibieron vagas garantías.
Según Amnistía Internacional, estas expulsiones ocurrieron a pesar de una orden judicial que prohibía las deportaciones e incluyeron a personas señaladas por razones superficiales, como tatuajes o su origen en el estado venezolano de Aragua. Amnistía describió las medidas como expulsiones, no deportaciones, ya que ocurrieron sin órdenes formales de expulsión ni debido proceso.
El Salvador, que ha estado bajo un estado de emergencia desde marzo de 2022, ha institucionalizado las detenciones masivas bajo la agenda de seguridad punitiva del presidente Nayib Bukele. Amnistía Internacional ha documentado hacinamiento extremo, falta de atención médica e instancias de tortura y malos tratos en el CECOT. Al facilitar estos traslados, El Salvador puede ser cómplice en la violación del principio de no devolución, que prohíbe a los estados transferir personas a países donde enfrentan riesgos de sufrir daños graves.
HRW y Amnistía Internacional han pedido la divulgación inmediata de las identidades de los detenidos, la confirmación de su situación legal y el restablecimiento de la comunicación con sus familias. HRW también ha instado a EE. UU. a detener futuras expulsiones y garantizar el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.