The operation of oversight institutions in El Salvador is compromised this year due to the low budget they received for 2025. This is the conclusion of the organization Acción Ciudadana (Citizen Action), in a report where it analyzed the allocation for seven state agencies.
According to the analysis by the civil society organization, the government of President Nayib Bukele allocated in 2025 7% ($680 million) of the General National Budget to seven institutions whose function is to verify and oversee the actions of other agencies. These are the Judicial Branch, the Attorney General’s Office (PGR), the Office of the Prosecutor General (FGR), the Court of Accounts of the Republic (CCR), the Office of the Human Rights Ombudsman (PDDH), the Government Ethics Tribunal (TEG), and the Institute for Access to Public Information (IAIP).
Of these seven institutions, five had a budget decrease compared to what they received in 2024, and only the CCR (which received the same amount) and the Judicial Branch (which received 11% more) fared well.
“These seven institutions receive a total of $680 million from the budget, but 72% of that total goes solely to the Judicial Branch, while the remaining 28% must be distributed among the remaining agencies,” explained Norma Orellana, research coordinator for Acción Ciudadana.
Orellana also noted that other institutions, such as the Ministry of Defense and the Ministry of Public Security and Justice, received larger budgets.
Julio Amaya, a researcher with Acción Ciudadana, explained that they also compared the institutions’ budgets between 2015 and 2025 and determined that over that entire decade, the Judicial Branch is the only one that has never fully executed 100% of the annual amounts allocated to it.
Following the analysis, Acción Ciudadana concludes that these budget reductions could significantly affect the performance of oversight functions, which shows that the government had no interest in strengthening the accountability system in 2025.
Finally, they highlighted that of the information access requests they made for the report, they only received 62.5% of what was requested. “Five out of seven institutions did not provide the information or provided it incompletely; certain types of public information have even been classified, as in the case of the FGR,” they stated.
Estado salvadoreño debilitó instituciones de control en presupuesto de 2025, afirma Acción Ciudadana
El funcionamiento de las instituciones de control en El Salvador está comprometido para este año, debido al bajo presupuesto que han recibido para 2025. Eso es lo que concluye la organización Acción Ciudadana, en un informe donde analizó la asignación de siete dependecias del Estado.
Según el análisis de la organiación de sociedad civil, el gobierno del presidente Nayib Bukele destinó en este 2025 un 7 % ($680 millones) del Presupuesto General de la Nación para siete instituciones que tienen la función de verificar y controlar las actuaciones de otras dependencias, que son el Órgano Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Corte de Cuentas de la República (CCR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
De estas siete instituciones cinco tuvieron una dismunición presupuestaria respecto a lo que recibieron en 2024 y solo la CCR (que recibió lo mismo) y el Órgano Judicial (que recibió un 11 % más) salen bien libradas.
“Estas siete instituciones reciben en total $680 millones del presupuesto, pero de ese total el 72 % va solo para el Órgano Judicial, mientras que el restante 28 % deben distribuírselo las restantes dependencias”, explicó Norma Orellana, coordinadora de investigaciones de Acción Ciudadana.
Orellana también destacó que hay otros instituciones, como el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, que recibieron presupuestos mayores.
Julio Amaya, investigador de Acción Ciudadana, explicó que además hicieron un comparativo de los presupuestos de las instituciones entre 2015 y 2025 y determinaron que en toda esa década el Órgano Judicial es el único que nunca ha ejecutado al 100 % los montos anuales que se le asignan.
Tras el análisis, Acción Ciudadana concluye que estas reducciones presupuestarias pueden afectar significativamente el desempeño de funciones de contraloría, lo cual evidencia que el gobierno no tuvo interés en este 2025 de fortalecer el sistema de rendición de cuentas.
Por último, destacaron que de las solicitudes de acceso a la información que realizaron para el informe, solo recibieron el 62.5 % de lo requerido. “Cinco de siete instituciones no entregaron la información o la
entregaron de forma incompleta, incluso cierto tipo de información pública ha sido reservada, como el caso de la FGR”, expusieron.