The recent decision by Salvadoran authorities to close multiple health centers strategically located in communities has set off alarms among public health experts. Infectious disease specialist Iván Solano Leiva has warned that these actions could weaken the health system’s capacity to respond to preventable infectious outbreaks, such as dengue, diarrhea, and acute respiratory infections.
In recent months, 27 Community Family Health Teams (Equipos Comunitarios de Salud Familiar, ECOS Familiares) have been closed, a strategy originally promoted to bring comprehensive medical care to rural and hard-to-reach areas.
“These closures directly affect the health system’s ability to identify infectious outbreaks promptly, as well as contain them in their initial phase,” warned the specialist and president of the Medical College of El Salvador (Colegio Médico de El Salvador, Colmedes).
Initially designed with a preventive and community-focused approach, the ECOS program conducted house-to-house visits, promoted vaccination campaigns, and educated the population on basic health measures.
Their disappearance not only creates uncertainty in the affected communities but could also translate into an increase in preventable diseases that were previously controlled by these interventions.
Adding to this measure is the closure of three community clinics of the Salvadoran Social Security Institute (Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISSS), which were key in decentralizing care for beneficiaries nationwide.
The president of Colmedes has stated that these actions “are dismantling community surveillance structures.”
On repeated occasions, Colmedes has asked government authorities to provide the information under which important health decisions have been made, without receiving a response.
Health-related organizations have also begun to speak out against what they consider a progressive weakening of the primary level of health care, which is essential to prevent the collapse of hospitals during health emergencies.
The impact of this measure could be felt more strongly during the rainy season, when cases of dengue, respiratory infections, and acute gastrointestinal diseases increase.
Official data published by the Ministry of Health (Ministerio de Salud, Minsal), through the Epidemiological Bulletin, reflect that there is already a sustained upward trend in cases of diarrhea and gastroenteritis from the last week of February to the third week of March.
Authorities indicated that the disease is within a safe zone compared to the number of cases registered in previous years.
“We already have an increase in gastrointestinal disease cases reported by the Ministry of Health; a spike would be expected for Holy Week,” detailed the specialist.
As of March 29, a total of 78,610 patients have been treated for diarrheal symptoms, of whom at least 2,606 people required hospitalization due to complications caused by dehydration and other opportunistic infections.
“Unfortunately, gastrointestinal diseases and acute respiratory infections are always a headache in our country, due to many social and economic determinants that favor our being affected. We would expect a surge in cases; the call is to take adequate prevention measures,” added Solano Leiva.
In recent months, authorities have omitted important information from epidemiological reports, such as the number of people who have died from monitored diseases, as well as their ages; data that health experts could use to generate recommendations for population care.
Currently, it is only known that the lethality rate for diarrheal diseases is 0.3%.
The municipalities of La Unión Norte, Morazán Norte and Sur, Cuscatlán Norte, La Libertad Norte, and Sonsonate Este are among the most affected areas nationwide.
Given that a significant number of patients between 20 and 29 years old have sought medical attention for this situation, health experts suggest this is due to a lack of hygienic measures in workplaces, coupled with access to potable water.
Cierre de centros de salud comunitarios pone en riesgo la respuesta ante brotes infecciosos, advierten médicos
La reciente decisión de las autoridades salvadoreñas por cerrar múltiples centros de salud ubicados estratégicamente en las comunidades ha encendido las alarmas entre expertos en salud pública. El infectólogo Iván Solano Leiva, ha advertido que estas acciones podrían debilitar la capacidad del sistema sanitario para responder a brotes infecciosos prevenibles, como el dengue, la diarrea y las infecciones respiratorias agudas.
En los últimos meses, se han cerrado 27 Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOS Familiares), una estrategia impulsada originalmente para llevar atención médica integral a zonas rurales y de difícil acceso.
“Estos cierres afectan directamente la capacidad del sistema de salud para identificar brotes infecciosos de forma oportuna, así como para contenerlos en su fase inicial”, advirtió el especialista y presidente del Colegio Médico de El Salvador (Colmedes).
Inicialmente los ECOS fueron diseñados para tener un enfoque preventivo y de cercanía con las comunidades, el programa realizó visitas casa por casa, promoviendo campañas de vacunación y educando a la población sobre medidas sanitarias básicas.
Su desaparición no solo genera incertidumbre en las comunidades afectadas, sino que podría traducirse en un aumento de enfermedades prevenibles que anteriormente eran controladas con estas intervenciones.
A esta medida se suma el cierre de tres clínicas comunitarias del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), clave en la descentralización de la atención a los derechohabientes a nivel nacional.
El presidente de Colmedes ha señalado que estas acciones “están desmantelando las estructuras de vigilancia comunitaria”.
En reiteradas ocasiones Colmedes ha solicitado a las autoridades gubernamentales se brinde información sobre la información bajo la cual se han tomado decisiones importantes en materia de salud sin obtener una respuesta.
Organizaciones relacionadas a la salud también han comenzado a pronunciarse ante lo que consideran un debilitamiento progresivo del primer nivel de atención en salud, el cual es esencial para prevenir el colapso de los hospitales ante emergencias sanitarias.
El impacto de esta medida podría sentirse con mayor fuerza durante la época lluviosa, cuando se incrementan los casos de dengue, infecciones respiratorias y enfermedades gastrointestinales agudas.
Datos oficiales publicados por el Ministerio de Salud (Minsal), a través del Boletín Epidemiológico reflejan que ya existe una tendencia sostenida de casos diarreicos y gastroenteritis que van en aumento desde la última semana de febrero hasta la tercera semana de marzo.
Las autoridades indicaron que la enfermedad se encuentra en una zona segura, en comparación con el número de casos registrados en años anteriores.
“Ya tenemos un incremento de los casos de enfermedad gastrointestinales reportadas por el Ministerio de Salud, para Semana Santa se esperaría que hubiera un repunte”, detalló el especialista.
Hasta el 29 de marzo, se acumula un total de 78,610 pacientes atendidos con síntomas diarreicos, de los cuales al menos 2,606 personas necesitaron hospitalización debido a las complicaciones generadas por la deshidratación y otras infecciones oportunistas.
“Desafortunadamente las enfermedades gastrointestinales y las infecciones respiratorias agudas siempre son un dolor de cabeza en nuestro país, debido a muchos determinantes sociales y económicos que favorecen que nos veamos afectados, nosotros esperaríamos un repunte de casos, el llamado es a tomar las medidas de prevención adecuada”, agregó Solano Leiva.
Durante los últimos meses las autoridades han dejado de lado información importante en los reportes epidemiológicos como la cantidad de personas que han muerto por enfermedades en vigilancia, así como las edades de estas; datos con los que expertos en salud podrían utilizar para generar recomendaciones para el cuidado de la población.
En la actualidad solo se conoce que la letalidad por enfermedades diarreicas se encuentra en el 0.3%
Los municipios de La Unión Norte, Morazán Norte y Sur, Cuscatlán Norte, La Libertad Norte y Sonsonate Este se encuentran en los focos de mayor afectación a nivel nacional.
Dado que un importante número de pacientes entre los 20 y 29 años han solicitado atención médica por esta situación, los expertos en salud sugieren que se debe a la falta de medidas higiénicas en los puntos de trabajo, sumado al acceso de agua potable.