Mejía made this claim in a video shared on social media, stating: “I’m making this complaint because I feel persecuted; the police had all my personal information, my family’s information, and they took pictures of the place (…) I don’t know why, because I don’t owe anything to justice.”
He recounted that on March 13, at least eight police officers went looking for him at the address listed as his residence, in the Miramar subdivision of Nahulingo, Sonsonate.
“If I’m in the Movement of Victims of the State of Exception, it’s not because I’m defending criminals; I’m defending my daughter, who is innocent. That’s why I’ve gone before the media, without ever covering my face,” he declared.
Mejía expressed concern about what he views as the government’s criminalization of organizations and social movements that are not legally recognized.
“At this point, (the Ministry of) Interior is not going to legalize any movement. As happened with the Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) (Unit for the Defense of Human and Community Rights), which they’re labeling an illicit association, the same could happen to Movir,” he warned.
He also noted that Movir has never received financial assistance from any international agency or from the United States Agency for International Development (USAID) but only support from other human rights organizations, which have provided legal counsel and psychological assistance.
“We’ve never received any financial aid; Movir gets by through its own means, driven by the pain of its detained family members,” he stressed.
Mejía joined Movir in April 2022, after his daughter was detained by the police when they asked her for her DUI (national ID card) and she did not have it with her.
The officers told his daughter she had to come with them to the nearest police station for questioning; however, she remains in custody to this day.
“The Constitution states that I have the right to organize, as long as it’s done peacefully and without violence. I now hold the central government responsible if there is any persecution or an attack against my family because they haven’t found me at home. For security reasons, and to investigate what’s happening, I’m not at home right now,” he explained.
The complainant said he also serves as president of the Asociación de desarrollo comunal (Adescomi) (Community Development Association) in his community, though he is currently living in a different residence, caring for another daughter with health issues.
This is the second report in less than 15 days of alleged persecution against human rights defenders.
On Thursday, the director of Socorro Jurídico (Legal Aid), Ingrid Escobar, reported the suspicious presence of two police officers outside her home on the morning of Tuesday, March 18.
Escobar recounted that the officers asked how to walk to a neighborhood in the area, even though they had arrived in a patrol vehicle, which she found suspicious. She believes their real purpose was simply to identify where she lives.
She noted that this took place just one day after she participated in a media program where she claimed that “the current government struck deals with the gangs in implementing the Territorial Control Plan and that negotiation fell apart.”
“I want to ask the State: Were you trying to confirm where I live? Were you planning to arrest me that day? If so, why?” the human rights defender demanded.
In another incident, on February 25, the Fiscalía General de la República (FGR) (Office of the Attorney General) arrested Fidel Zavala, a spokesman for Unidehc. Shortly afterward, it filed charges against attorneys Ivania Cruz and her colleague, Rudy Joya, who lead that organization.
Zavala is standing trial in three separate cases for alleged fraud, while the attorneys have been charged with illicit associations and illegal property sales. The prosecution alleges that the three human rights defenders—along with residents of La Floresta farm, who organized to avoid eviction—form an illicit association because they are not registered with the Ministry of the Interior.
“Me siento perseguido, la Policía andaba mis datos” denuncia vocero de Movir
El dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir), Alfredo Mejía, denunció a través de un video compartido en redes sociales que está siendo víctima de una presunta persecución por parte del Estado.
“Hago esta denuncia porque me siento perseguido ya que la Policía andaba todos mis datos, los datos de mi familia, tomaron fotos en el lugar (…) los motivos no lo sé, porque yo no le debo a la justicia”, manifestó.
Mejía relató que el pasado 13 de marzo llegaron a buscarlo al menos ocho policías a la dirección que tiene establecida como residencia, en la lotificación Miramar, jurisdicción de Nahulingo, Sonsonate.
“Si estoy en el Movimiento de Víctimas del Régimen no es que estoy defendiendo delincuentes, estoy defendiendo a mi hija que es inocente y por eso le he dado la cara a todos los medios de comunicación y nunca me he tapado el rostro”, manifestó.
Mejía expresó su preocupación con relación a la criminalización por parte del gobierno de las organizaciones y movimientos sociales que no están legalizados.
“A nadie, a estas alturas, (el ministerio de) Gobernación le dará una legalidad de cualquier movimiento, por tanto, como el caso de Unidehc (Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios) que lo están acreditando como asociaciones ilícitas, a Movir lo pueden poner de esa misma forma” denunció.
El integrante de Movir aclaró que ese movimiento nunca ha recibido apoyo económico de ningún organismo internacional o de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), solamente el soporte de otras organizaciones de derechos humanos, que les han brindado asesoría jurídica y atención psicológica.
“Jamás a nosotros nos han ayudado económicamente, Movir se moviliza por sus propios medios por el dolor de sus familiares detenidos”, aseguró.
Mejía se unió a Movir luego que en abril de 2022, la Policía detuvo a su hija luego que le pidieron el DUI y ella no lo portaba.
Los agentes le dijeron a la mujer que los acompañara al puesto policial más cercano para hacerle unas preguntas, pero hasta ahora sigue detenida.
“En la misma Constitución dice que yo tengo derecho a organizarme, todo y cuando lo haga pacíficamente y sin violencia, por eso yo ahora responsabilizo al gobierno central si hubiese una persecución o un atentado contra mi familia al no encontrarme a mí en la casa, ya que por motivos de seguridad y para investigar qué está pasando no estoy habitando en mi casa en estos momentos”, señaló.
El denunciante explicó que en su comunidad también tiene un liderazgo como presidente de la Asociación de desarrollo comunal (Adescomi), aunque por el momento no reside en el lugar, debido a que se ha mudado a la vivienda de una de sus hijas que tiene problemas de salud.
Esta es la segunda denuncia en menos de 15 días de presunta persecución a defensores de derechos humanos.
La directora del Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, denunció el jueves pasado la presencia sospechosa de dos agentes policiales afuera de su vivienda realizada la mañana del martes 18 de marzo.
Escobar relató que los policías le preguntaron cómo llegar caminando a una colonia de la zona, pero en realidad se transportaban en una patrulla, por lo que le pareció sospechoso y cree que la única intención era ubicar su lugar de residencia.
Por otra parte, detalló que el hecho sucedió un día después que ella había participado en un programa de una plataforma de comunicación en el que denunció que “el actual gobierno pactó con las pandillas en la implementación del plan Control Territorial y esa negociación se les cayó”.
“Yo quiero hacerle la pregunta al Estado, ¿Ustedes andaban queriendo confirmar mi lugar de vivienda o tienen pensado capturarme este día? Si es así ¿Por qué?”, cuestionó la defensora de derechos humanos.
En otro caso, la Fiscalía General de la República (FGR) capturó el 25 de febrero a Fidel Zavala, vocero de Unidehc, y posteriormente presentó una acusación contra la abogada Ivania Cruz y su colega Rudy Joya, encargados de esa organización.
Zavala está siendo juzgado en tres procesos distintos por delitos relacionados a estafa, mientras que los abogados han sido imputados por agrupaciones ilícitas y venta ilegal de inmuebles.
La Fiscalía sostiene que los tres defensores de derechos humanos junto con los habitantes de la finca La Floresta, que se habían organizado para no ser desalojados de un inmueble, constituyen una agrupación ilícita por no estar inscritos en el Ministerio de Gobernación.