With 58 votes, the Legislative Assembly (Asamblea Legislativa) approved on Tuesday an amendment to the Political Parties Law (Ley de Partidos Políticos, LPP) “and other provisions” regarding public financing, known as “political debt.”
“This is the final step in eliminating ‘political debt,’” said lawmaker Suecy Callejas.
The measure arises following the repeal of Article 210 of the Constitution of the Republic, which had guaranteed this resource to parties participating in electoral contests.
Article 51 of the LPP refers to party financing and recognizes both public and private funding.
Currently, the LPP sets the mechanism for delivering funds by assigning a value to each valid vote obtained in presidential, legislative, and municipal elections.
It is worth noting that for the 2024 elections for President and Vice President, the Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda) set the value of each vote at US$6.05. For seats in the Legislative Assembly, the value is US$3.28 per vote, for seats in the Central American Parliament (PARLACEN) it is US$3.30, and for Municipal Councils it is US$2.45.
Furthermore, in 2023, total party revenues amounted to US$1,084,633, and no party received the advance payment of “political debt” corresponding to the 2024 electoral process.
On February 26, the Legislative Assembly approved the ratification of the Constitutional Reform Agreement dated February 12, 2025, which includes repealing Article 210 of the Constitution to eliminate “political debt.”
This was the second constitutional reform promoted by Nuevas Ideas and the first reform to the Constitution to be ratified by the same legislature, following a modification of Article 248 of the Constitution that allows changes to be ratified by the same Assembly—meaning it is no longer necessary to wait for a legislative turnover to approve them.
Proposal with No Support
Following the approval of the public financing measure, lawmaker Marcela Villatoro requested to introduce a proposal to reform the Public Procurement Law (Ley de Compras Públicas).
The proposal aims to ensure that the legal framework would prevent donors to political parties from bidding on government contracts.
“Now that ‘political debt’ has been eliminated, there have also been certain cases, for example, private donors who at one time gave funds to the ruling party and who later went on to win multi-million-dollar tenders,” the lawmaker explained.
She emphasized that the proposal’s purpose was to prevent corruption; however, it received support only from ARENA and Vamos.
Asamblea quita deuda política de ley de partidos
Con 58 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este martes modificar la Ley de Partidos Políticos (LPP) “y otras disposiciones” en lo referente al financiamiento público, conocido como deuda política.
“Este es el último paso para la eliminación de la deuda política”, dijo la diputada Suecy Callejas.
La medida surge luego de la derogación del artículo 210 de la Constitución de la República que garantizaba dicho recurso a los partidos activos en las contiendas electorales.
El artículo 51 de la LPP se refiere al financiamiento de los partidos y reconoce tanto el público como el privado.
A la fecha, La LPP establece el mecanismo de entrega de los fondos asignando un valor a cada voto válido obtenido en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
Vale destacar que para las elecciones de la Presidencia y Vicepresidencia de 2024 el Ministerio de Hacienda fijó el valor del voto en $6.05. Para las elecciones de diputaciones de la Asamblea Legislativa en $3.28, para la de diputaciones del PARLACEN en $3.30 y para la de Concejos Municipales en $2.45.
Por otra parte, para 2023, el total de ingresos de los partidos fue de $1,084,633, ningún partido obtuvo el pago del anticipo de la deuda política correspondiente al proceso electoral 2024.
El pasado 26 de febrero, la Asamblea aprobó la ratificación del Acuerdo de reforma constitucional, de fecha 12 de febrero del 2025, que contiene derogatoria del Artículo 210 de la Constitución, para eliminar la deuda política.
Esta fue la segunda reforma constitucional impulsada por Nuevas Ideas y la primera reforma a la Carta Magna que se ratifica por una misma legislatura, esto luego que cambiaron el artículo 248 de la Constitución para habilitar los cambios por una misma Asamblea, es decir, que no se tenga que esperar al cambio de diputaciones para que sean ratificados.
Propuesta sin apoyo
La diputada Marcela Villatoro, tras la aprobación de la medida del financiamiento público, solicitó introducir una propuesta para reformar la Ley de Compras Públicas.
La propuesta consiste en que el marco legal garantizara que los donantes de los partidos políticos no puedan licitar en las compras estatales.
“Ahora que se eliminó la deuda política, también han existido ciertas circunstancias, por ejemplo, de donantes privados que le dieron en su momento al partido de gobierno y a los cuales, posteriormente, lograron ganar licitaciones millonarias”, expuso la diputada.
Enfatizó, que la presentación de la propuesta fue para evitar la corrupción, sin embargo, solo recibió apoyo de ARENA y Vamos.