Civil society organizations filed, this Monday, a lawsuit challenging the constitutionality of the Ley General de Minería Metálica (General Law on Metallic Mining) in El Salvador, as part of a march held in remembrance and honor of Saint Óscar Arnulfo Romero on the 45th anniversary of his martyrdom.
The lawsuit, submitted to the Corte Suprema de Justicia (Supreme Court of Justice, CSJ), also included the signatures of various Salvadorans who have joined the effort to demand the repeal of the law. This adds to the 150,000 signatures that the Catholic Church already presented to the Asamblea Legislativa (Legislative Assembly).
The lawsuit was filed by the Mesa Nacional contra la Minería (National Roundtable Against Mining), the Foro Nacional de Salud (National Health Forum), the Foro del Agua El Salvador (Water Forum El Salvador), the Red Nacional de Juntas de Agua (National Network of Water Boards), and 23 other civic organizations. According to members of these citizen groups, a total of 59,906 signatures were appended.
Attorney and Head of the Anti-Corruption area at Cristosal, Ruth López, explained that this lawsuit has six grounds of unconstitutionality. One stems from procedural issues because it was passed without any debate, without technical consultation, and without consulting the populations who will be affected.
She added that the five substantive arguments are that it violates the human right to water and to a healthy environment. “It is also a law that represents a major rollback of rights, and the last reason is that this law allows for ignoring the legislative lawmaking processes required to authorize concessions, which must be approved by the Legislative Assembly,” López said.
Various environmental and human rights organizations oppose the reactivation of metallic mining in Salvadoran territory because of the high level of pollution generated by the use of chemicals such as cyanide in the extraction process, which would affect communities near mining projects and the country’s main water sources.
“This represents the will of Salvadorans who in their communities have dared to say no to mining,” said Amalia López, a representative of the anti-mining initiative.
The civil society organizations argue in the lawsuit that a law passed without consultation is not constitutional. “A law that violates human rights cannot be above the Constitution,” the representative also stated.
In a press release, the organizations noted that the law constitutes a fraud against the Constitution by allowing the State to establish companies as part of public-private partnerships, in order to circumvent constitutional oversight and procedures—such as the requirement that all concessions be granted by the Legislative Assembly, as mandated by Article 120.
“This decision not only undermines communities, territories, water resources, and national sovereignty, but also violates fundamental rights, such as the right to a healthy environment and the right to water. Furthermore, it constitutes a step backward in environmental protection and violates international treaties, amounting to a fraud against the Constitution by allowing the State to participate in mining exploitation without adequate oversight,” the statement reads.
Attorney Jonathan Sisco explained that they asked the Sala de lo Constitucional (Constitutional Chamber) of the CSJ to investigate rivers that were polluted by metallic mining processes in the country in the past.
The submission of the document was part of a march following the Mass commemorating the anniversary of the murdered Salvadoran saint, starting from the chapel of the Divina Providencia hospital, then going to El Salvador del Mundo, and later to Parque Cuscatlán, where several environmental and human rights defenders joined for the final stop at the Supreme Court of Justice.
Other environmentalists also warn about the serious damages that this practice would cause in the country. According to the Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) (Salvadoran Center for Appropriate Technology), metallic mining in El Salvador could require the use of up to eight tons of arsenic per day for 10 to 15 years of a mine’s life, representing a “huge danger in a highly seismic country that is vulnerable to extreme climate events.”
Surveys such as the one conducted by the Centro de Estudios Ciudadanos (Center for Citizen Studies) at Francisco Gavidia University, presented in January of this year, revealed that six out of every ten Salvadorans believe the country does not have the conditions to develop mining projects.
This is not the first lawsuit filed against the law approved in 2023. Last January, the organizations Justicia Social (Social Justice), Contraloría Ciudadana (Citizen Oversight), Excombatientes por la Democracia (Veterans for Democracy), the Movimiento ¿Dónde está Carlos? (Where is Carlos? Movement), the Vidas organization, and the Mesa por una Pensión Digna (Roundtable for a Dignified Pension) filed a lawsuit challenging the constitutionality of the mining law before the CSJ.
Organizaciones presentan demanda de inconstitucionalidad contra ley de minería con 59,906 firmas
Organizaciones de la sociedad civil presentaron este lunes una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley General de Minería Metálica en El Salvador, como parte de la caminata en memoria y honor de San Óscar Arnulfo Romero, en el 45 aniversario de su martirio.
La demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también incluyó la firma de varios salvadoreños que se suman a la lucha de solicitar la derogación de la ley, además de las 150,000 que ya había presentado la Iglesia católica a la Asamblea Legislativa.
La demanda fue presentada por la Mesa Nacional contra la Minería, Foro Nacional de Salud, Foro del Agua El Salvador, Red Nacional de Juntas de Agua, y otras 23 organizaciones cívicas. En total se anexaron 59,906 firmas, según los integrantes de las organizaciones ciudadanas.
La abogada y jefa del área de Anticorrupción de Cristosal, Ruth López, explicó que es una demanda que tiene seis motivos de inconstitucionalidad, uno de forma porque fue aprobada sin ningún debate, sin la consulta técnica y sin consulta a las poblaciones que serán afectadas.
También, que los cinco argumentos de fondo son porque se vulnera el derecho humano al agua y al medio ambiente sano, comentó.
“También es una ley que representa una regresión de derechos muy fuerte y el último motivo es porque esta ley lo que permite es que no se tenga en cuenta los procesos de formación de ley para autorizar las concesiones que tienen que pasar por la Asamblea Legislativa”, expuso López.
Diversas organizaciones ambientalistas y de derechos humanos se oponen a la reactivación minera metálica en el territorio salvadoreño por la alta contaminación que generaría el uso de químicos, como el cianuro, en el proceso de extracción; lo que afectaría a las comunidades aledañas a los proyectos mineros y a los principales afluentes del país.
“Esto representa la voluntad de salvadoreños y salvadoreñas que en los territorios se han atrevido a decir no a la minería”, dijo Amalia López, representante de la iniciativa contra la minería.
Las organizaciones ciudadanas alegan en la demanda que una ley inconsulta no es constitucional.
“Una ley que violenta derechos humanos no puede ser superior a la Carta Magna”, dijo también la representante.
En el comunicado de prensa, las organizaciones señalaron que la ley implica un fraude a la Constitución al permitir al Estado la creación de sociedades bajo la figura de asocio público privado, con el fin de no sujetarse a los controles y procedimientos constitucionales, tales como la obligación que toda concesión sea otorgada por la Asamblea Legislativa, como lo ordena en su artículo 120.
“Esta decisión no solo atenta contra las comunidades, los territorios, el agua y la soberanía nacional, sino que también vulnera derechos fundamentales, como el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al agua. Además, supone un retroceso en la protección ambiental y la violación de tratados internacionales y constituye un fraude a la Constitución al permitir la participación del Estado en la explotación minera sin los controles adecuados”, se detalla.
El abogado Jonathan Sisco detalló que solicitaron a la Sala de lo Constitucional de la CSJ verificar los ríos contaminados por procesos de minería metálica en el país en el pasado.
La entrega del documento fue parte de una caminata tras la misa por el aniversario del asesinado del santo salvadoreño desde la capilla del hospitalito Divina Providencia, luego llegaron al Salvador del Mundo, después al parque Cuscatlán en donde varios defensores ambientales y de derechos humanos se unieron para la siguiente parada que fue la Corte Suprema de Justicia.
Otros ambientalistas también advierten graves daños que generaría dicha práctica en el país. Según el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), la minería metálica en El Salvador podría requerir el uso de hasta ocho toneladas de arsénico al día durante los diez a 15 años de vida útil de una mina, lo que representaría un “enorme peligro en un país altamente sísmico y vulnerable a fenómenos climáticos extremos”.
Encuestas como la del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia, presentada en enero de este año, reveló que seis de cada diez salvadoreños consideran que el país no tiene las condiciones para desarrollar proyectos mineros.
Esta no es la primera demanda en contra de la ley aprobada en 2023, el pasado mes de enero las organizaciones Justicia Social y Contraloría Ciudadana, Excombatientes por la Democracia, el Movimiento ¿Dónde está Carlos?, la organización Vidas y la Mesa por una Pensión digna presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la minería a la CSJ.