The Sindicato de Trabajadores de la Salud – FOSALUD (Healthcare Workers Union–FOSALUD) has confirmed the suspension of contracts for interim staff of the Fondo Solidario para la Salud (Solidarity Health Fund, FOSALUD) assigned to technical and administrative areas.
One of its members, who requested anonymity, told El Diario de Hoy that the notices began last Friday.
“Yes, the notifications started yesterday. We still don’t have the precise number of affected individuals. Maybe next week, after we hold a meeting with the management teams and the director, we’ll have more information,” the source said in a conversation on Saturday.
According to reports, the authorities have provided written notification of the contract suspensions.
For her part, Sonia Viñerta, from the Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora (Movement for the Defense of the Working Class, MDCT), said that around 1,000 people will not have their contracts renewed and that most of them are women.
In Viñerta’s view, the issue of mass layoffs in the public sector not only affects workers’ employment conditions, but also the quality of the services provided to the population.
A Setback in Women’s Rights
The women’s sector of the MDCT reiterates that this situation constitutes a serious human rights violation, one that disproportionately affects women—not only due to mass public-sector layoffs, but also because of budget cuts to key state ministries and the elimination of institutions essential to protecting their rights.
On Saturday, at a meeting attended by representatives of several sectors, participants denounced these abuses and demanded the State restore their rights.
“We are in a very serious situation concerning human rights, both broadly and specifically for women, given the violations that are happening: the deterioration of public services, the elimination of institutions, the austerity budget—all of the current government’s policies are having a different impact on women because of gender issues, caregiving responsibilities, subordination, and the burden of providing for the household. Many are single mothers or the main breadwinners for their families,” Viñerta said.
This situation, she added, affects quality of life and contradicts what public institutions are supposed to do.
“By dismissing so many people, it not only affects the workers themselves in terms of their labor relationship; it also impacts their families and the quality of public services,” she said.
“A dismissal, imprisonment, or persecution affects women more because many of us are heads of households—we are the primary support for our families,” said Idalia Zuniga of the Frente Magisterial Salvadoreño (Salvadoran Teachers’ Front) and a member of the MDCT.
Zuniga also pointed out that women are being subjected to harassment and hostility in their workplaces.
Closure of Institutions
Organizations represented in the MDCT also highlight the closure of specialized gender units within various institutions, which they view as a major setback in promoting public policies that benefit this sector.
Regarding the Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) (Salvadoran Institute for Women’s Development), Viñerta expressed concern, calling it the only institution mandated to develop public policies alongside other State agencies for the benefit of women—a role that she believes is now under threat.
“The unit in charge of that crucial area—indeed, the institution’s very reason for being—has disappeared, and there is no clarity on the new approach they intend to take,” she explained.
Lack of access to justice is another major concern. According to these organizations, complaints about labor rights violations and arbitrary terminations are not being addressed by the relevant authorities. They report that some cases at the Civil Service Tribunal have languished for years without being admitted.
In this scenario, the organizations voiced alarm over these problems being made invisible and the absence of official data on the exact number of women affected. They also warned that criminalizing protest and the resulting widespread fear discourage people from speaking out, obscuring the true scope of the problem.
Activists are calling for action against this rollback of their rights. They underscore the need for collective strategies to confront this situation, seek alternatives that ensure women’s protection, and reclaim the spaces and rights that have been undermined.
Denuncian la suspensión de contratos a personal interino de FOSALUD
El Sindicato de Trabajadores de la Salud – FOSALUD ha confirmado la suspensión de contratos a personal interino de Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) asignado al área técnica y administrativa.
Uno de sus integrantes quien pidió la reserva de su nombre dijo a El Diario de Hoy que las notificaciones iniciaron el pasado viernes.
“Si se inició ayer con las notificaciones. Todavía no tenemos el dato concreto de cuántas personas han sido, tal vez la otra semana que hagamos reunión ya con gerencias y con el director podríamos tener más información”, agregó la fuente en una conversación el sábado.
Según lo expuesto, las autoridades han notificado la suspensión de los contratos de manera escrita.
Sonia Viñerta, del Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora (MDCT) por su parte señaló que se estima que son alrededor de 1,000 personas cuyos contratos no serán renovados, y que la mayoría son mujeres.
Para viñerta el tema de despidos masivos en el sector público afecta no solo la condición laboral de los trabajadores, sino también la calidad del servicio que se brinda a la población.
Retroceso en derechos para mujeres
El sector de mujeres del MDCT reitara una grave violación a derechos humanos, con impacto diferenciado para las mujeres debido no solo a los despidos masivos en el sector público si no además al recorte presupuestario del Estado a carteras importantes, y la eliminación de instituciones clave en la protección de sus derechos.
El sábado, durante un encuentro en el que participaron representantes de varios sectores, denuncian estos atropellos y exigen al Estado la reivindicación de sus derechos.
“Estamos en un proceso bastante grave en materia de derechos humanos de forma amplia y de forma específica para las mujeres a partir de que las vulneraciones que están ocurriendo, los servicios públicos que se están desmejorando, las instituciones que se están suprimiendo, desapareciendo, el presupuesto de austeridad, toda la política del actual gobierno está generando un impacto diferenciado para las mujeres por razones de género, por razones del cuidado, de la subordinación, la carga que las mujeres llevamos de ser también proveedoras del hogar, pues muchas son madres solteras o proveedoras principales de sus hogares”, opinó Viñerta.
Esta situación, añade, afecta en la calidad de vida, asimismo, expone, contradice respecto a lo que las instituciones públicas deben hacer.
“Con eso que se ha despedido a tanta gente, no solo afectan a las personas trabajadoras como tales en su relación laboral, sino también en el ámbito familiar, pero también en la calidad de los servicios”, sostuvo.
“Un despido, un encarcelamiento, una persecución nos afecta más a las mujeres porque muchas de nosotras estamos dirigiendo hogares, somos el sostén de nuestra familia”, dijo por su parte Idalia Zuniga, del Frente Magisterial Salvadoreño y miembro del MDCT.
Zúniga por su parte señala además que las mujeres están siendo víctimas de acoso y hostigamiento en sus lugares de trabajo.
Cierre de instituciones
Las organizaciones representadas en el MDCT señalan también el cierre de unidades especializadas en temas de género dentro de las instituciones, lo que, consideran, es un grave retroceso en la promoción de políticas públicas a favor de este sector.
Para el caso del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Viñerta expresa su preocupación al ser esta la única institución que tiene el mandato de generar políticas públicas con otras instituciones del Estado a favor de las mujeres, función que, a su juicio, hoy por hoy se ve amenazada.
“La unidad que trabaja ahí esa área tan importante, que es la razón de ser de la institución ha desaparecido y no hay una claridad de cuál es el enfoque con el que se va trabajar”, señala.
La falta de acceso a la justicia es otra de las preocupaciones principales, señalan que denuncias por violaciones a derechos laborales y despidos arbitrarios no están siendo atendidas en las instancias correspondientes. Se reporta que en el Tribunal de Servicio Civil existen casos que llevan años sin ser admitidos.
Ante este escenario, las organizaciones manifiestan su preocupación por la invisibilización de estos problemas y la falta de datos oficiales sobre el número exacto de mujeres afectadas. También alertaron sobre la criminalización de la protesta y el temor generalizado a denunciar, lo que impide conocer la magnitud real del problema.
Las activistas hacen un llamado a la acción en contra de este retroceso a sus derechos, asimismo hacen énfasis en la necesidad de estrategias colectivas para enfrentar este escenario y buscar alternativas que garanticen la protección de las mujeres y la recuperación de espacios y derechos que han sido vulnerados.