In June 2021, the Government of El Salvador passed the Bitcoin Law, which granted the cryptocurrency legal status, created the Chivo platform, and touted its main benefits as promoting “true financial inclusion,” facilitating and reducing the cost of remittances, and stimulating economic activity.
This move temporarily stalled negotiations between the IMF and the Government to reach an Extended Fund Facility, which was ultimately approved by the IMF Executive Board at the end of February following four years of talks.
The IMF has always been highly critical of the cryptocurrency and requested from the outset that risks be assessed. However, in 2023—not only reiterating that call—it issued several warnings about the lack of benefits from this policy. This analysis, conducted in March 2023 as part of the Article IV consultation, was vetoed by the government. The IMF published it only this week after the Executive, in seeking an agreement with the multilateral organization, committed to making the document public.
In the report, the Fund underscores what it had repeatedly noted since adoption: “that the project carries considerable risks.” Moreover, it adds that “there is no evidence of any beneficial use case for bitcoin for the unbanked population,” that it has not contributed to financial inclusion, and that it has not helped promote digital remittances.
It highlights that “the adoption of bitcoin as legal tender has not led to visible improvements in financial inclusion.” This finding was made more than a year after the cryptocurrency’s legalization. It also stresses that “despite the extensive use of public funds to subsidize bitcoin transaction costs, its acceptance and use by individuals and businesses remain minimal.”
Regarding usage, in October 2022, the Entrepreneurial Dynamics Survey by the Salvadoran Foundation for Economic and Social Development (FUSADES) noted that 97.75% of businesses had never made a sale in bitcoin. Meanwhile, remittances arriving via crypto wallets never exceeded 2% and have trended downward to date.
Furthermore, the report emphasizes that “rather than operating as a means of payment, Chivo functions as a fully subsidized exchange platform for the benefit of the banked population with an appetite for risk.”
It adds that people use it for high-risk, speculative investments, a far cry from the needs of the unbanked population.
According to the IMF, “bitcoin does not meet the minimum requirements to function as a currency, nor does it have the capacity to facilitate fast and cost-effective payments for those excluded from the formal financial system.”
Recommendations
In light of this assessment, the IMF recommended that the government increase transparency and accountability regarding the use of bitcoin. This includes disclosing usage data, financial reports, and details of purchases made with “taxpayer money,” among other measures.
It also suggested that Chivo become a self-financing company regulated by the Banco Central de Reserva (Central Reserve Bank).
Following approval of the agreement, some changes have already taken place: bitcoin is no longer legal tender; Chivo will be privatized and has already published its financial statements; and the bitcoin trust is to be liquidated, among other steps dismantling the ecosystem. The only activity that continues is the buying of coins: the government is still purchasing them, adding nine more last week for a total of 6,123.
FMI: La adopción de bitcóin en El Salvador no generó mejoras en la inclusión financiera
El Gobierno de El Salvador aprobó en junio de 2021 la Ley Bitcóin, que le daba carácter legal a la criptomoneda, creó la plataforma Chivo, y señaló que sus grandes beneficios eran promover “una verdadera inclusión financiera”, facilitar y abaratar el envío de remesas y generar dinamismo económico.
Esta aprobación frenó en su momento las negociaciones entre el FMI y el Gobierno para llegar a un acuerdo de Servicio Ampliado, que ya fue aprobado por el directorio a finales de febrero, después de estar en pláticas cuatro años.
El FMI siempre fue muy crítico de la criptomoneda y pidió desde un inicio evaluar los riesgos. Pero en 2023, además de esa solicitud, hizo una serie de advertencias sobre la falta de beneficios de esta medida. Ese análisis hecho en marzo de 2023 en la evaluación del Artículo IV fue vetado por el gobierno. Pero el FMI lo publicó hasta esta semana, ya que ante la llegada de un acuerdo con el organismo multilateral el Ejecutivo se comprometió a publicarlo.
En este, el Fondo subraya lo que había repetido en análisis desde la adopción, “que el proyecto conlleva riesgos considerables”, pero además agregó que “no existe evidencia de ningún caso de uso beneficioso de bitcóin para la población no bancarizada”, que este no ha contribuido a la inclusión financiera y tampoco ha ayudado a promover las remesas digitales.
Destaca que “la adopción de bitcóin como moneda de curso legal no ha generado mejoras visibles en la inclusión financiera”. Este análisis fue hecho a más de un año de la legalización de la criptomoneda.
Además, recalca que “a pesar del amplio uso de fondos públicos para subvencionar los costos de transacción de bitcóin, su aceptación y uso por parte de particulares y empresas sigue siendo mínimo”.
En materia de uso, en octubre de 2022 la encuesta de Dinámica Empresarial de FUSADES señalaba que un 97.75% de las empresas nunca había hecho una venta en bitcóin; mientras la llegada de remesas por medio de billeteras cripto nunca sobrepasó el 2% y la tendencia a la fecha ha sido de disminución.
Es más, hace un énfasis en que “Chivo, más que un medio de pago, funciona como una plataforma de intercambio totalmente subsidiada para beneficio de la población bancarizada y con tendencia al riesgo”.
Y agrega que se utiliza para inversiones de alto riesgo y especulativas, lejos de las necesidades de la población no bancarizada.
Para el FMI “bitcóin no cumple con los requisitos mínimos para operar como moneda ni tiene la capacidad de facilitar pagos rápidos y económicos a quienes están excluidos del sistema financiero formal”.
Recomendaciones
Ante esta visión el FMI recomendó al gobierno aumentar la transparencia y rendición de cuentas sobre el funcionamiento de bitcóin. Esto implica divulgar datos de uso, informes financieros, compras con “dinero de los contribuyentes”; entre otras medidas.
Asimismo, sugirió que Chivo se convirtiera en una empresa autofinanciada, regulada por el Banco Central de Reserva.
Con la aprobación del acuerdo, los cambios ya se empezaron a ver, el bitcóin ya no es moneda de curso legal, Chivo será privatizada y ya se publicaron sus estados financieros, se liquidará el fideicomiso bitcóin, entre otras medidas que desarticulan el ecosistema. Lo que no ha dejado de hacerse son las compras. El gobierno sigue comprando las monedas, en la última semana agregó 9 monedas más para tener en total 6,123.