The Roundtable for Food Sovereignty (La Mesa por la Soberanía Alimentaria, MpSA), composed of 20 organizations and networks nationwide, is urging the Salvadoran government to adopt measures to confront the country’s water and food crisis.
Speaking at a press conference on Monday, MpSA members discussed the impacts of mining on these issues and the actions needed to ensure access to water and food for the population.
They stated that metallic mining requires large tracts of land and has a negative impact on water resources. They explained that pollution in the Lempa River—which supplies 60% of the urban population—could severely affect agricultural production.
“Metallic mining has a high capacity for destroying trees, meaning it wipes out biodiversity where it is carried out. This leads to greater heat, less water filtration, and reduced oxygen production, creating more complications for the population—especially by affecting their food security,” said MpSA member Adalberto Blanco.
Limited Access to Food
They also noted that limited access to food adds to this scenario. According to estimates, by 2025 more than 800,000 people in El Salvador will face difficulties obtaining food, and that number could rise due to the El Niño phenomenon, which will damage crops and drive up the cost of staple goods.
MpSA additionally points to the poverty situation in the country, which exceeds 26%. That means more than 26% of the population already struggles to access food.
“This situation is going to worsen because of El Niño. Unfortunately, we could see a return to previous years’ numbers, when predictions reached 1 million people,” Blanco explains.
High Cost of the Basic Food Basket
They also emphasize that El Salvador’s basic food basket—made up of only 22 products—is the most limited in Central America, and its price has risen significantly in recent years. In January 2025, it is at US$246.64.
Meanwhile, the high cost of goods has made it even harder for minimum-wage earners to cover their basic needs. The organizations’ representatives express concern over the lack of measures to address this problem.
They note that the basic food basket has not been updated since the 1990s and therefore “does not reflect current living costs.” They also believe the government has not raised the minimum wage to keep pace with rising food prices, making it difficult for low-income families to afford a healthy diet.
They further point out that the Impuesto al Valor Agregado (Value-Added Tax, IVA) on basic food products has not been eliminated. “This increases food prices for consumers,” the interviewee added.
Three Departments Most Vulnerable to Climate Change
MpSA also spoke about the country’s environmental vulnerability. Citing data from the Ministry of Environment and Natural Resources (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN), they point out that Cabañas, Morazán, and Ahuachapán are the most vulnerable departments. This vulnerability extends not only to the environment but also to economic factors, water access, gender inequality, and access to information, among others.
They add that food security is also undermined by fiscal adjustment measures introduced by the current administration.
According to MpSA, these measures will fall most heavily on vulnerable populations through layoffs, resulting in “greater precariousness in food access.” In addition, fewer resources are allocated to technical assistance for food production, said MpSA representative Elizabeth Beltrán.
As an urgent response, MpSA proposes banning metallic mining, eliminating IVA on items in the basic food basket, creating a strategic food reserve through local production, and strengthening climate resilience. They also stress the need to update the basic food basket and review the minimum wage to ensure adequate nutrition for the population.
“All actions must be focused on preserving life. That means halting mining, eliminating transgenic seeds and agrochemicals, and prioritizing domestic food production over exports,” stated Blanco.
The organization calls on decision-makers to prioritize the well-being of the population and take concrete steps in the face of a crisis that threatens the country’s food security.
Organizaciones exigen al Estado medidas para enfrentar la crisis hídrica y alimentaria en El Salvador
La Mesa por la Soberanía Alimentaria (MpSA), integrada por 20 organizaciones y redes a nivel nacional, exhorta al Estado salvadoreño a adoptar medidas para enfrentar la crisis hídrica y alimentaria que afecta al país.
El lunes en una conferencia de prensa se refirieron a los impactos de la minería en estos temas y las acciones que se deben tomar para garantizar su acceso a la población.
La minería metálica requiere de grandes extensiones de territorio y tiene un impacto negativo en los recursos hídricos, sostuvieron.
La contaminación del río Lempa, explican, que constituye la fuente principal de abastecimiento para el 60% de la población urbana, podría generar una grave afectación en la producción agrícola.
“La minería metálica tiene una alta capacidad de depredación de árboles, es decir, que extermina biodiversidad en los territorios donde se lleva a cabo y esto implica un mayor calentamiento, una menor filtración de agua, una menor producción de oxígeno y esto generaría más complicaciones para la población afectando especialmente su seguridad alimentaria”, dijo Adalberto Blanco, miembro de la MpSA.
A este escenario, exponen, se suma el poco acceso a los alimentos.
De acuerdo a estimaciones, para el 2025 más de 800,000 personas en El Salvador enfrentarán dificultades para obtener comida, cifra que podría aumentar debido al fenómeno de El Niño, que afectará los cultivos y elevará el costo de los productos básicos.
La MpSA hace referencia además a la situación de pobreza en el país, la cual está por encima del 26%; es decir, más del 26% de la población tiene problemas para acceder a alimentos.
“Esta situación se va a agravar por el fenómeno del Niño, lastimosamente vamos a alcanzar números de años anteriores en los que las predicciones llegaban a 1 millón de personas”, explica Blanco.
Altos costos de la canasta básica
Asimismo, resaltan que la canasta básica salvadoreña es la más limitada de Centroamérica, con solo 22 productos, y su precio ha aumentado significativamente en los últimos años.
Para enero de 2025, esta se ubica en $246.64.
En tanto, el alto costo de los productos ha dificultado el acceso para quienes perciben el salario mínimo.
Los representantes de las organizaciones muestran preocupación por la falta de acciones que atiendan esta problemática.
Manifiestan que desde la década de 1990 la canasta básica no se ha actualizado, por lo tanto “no refleja el costo de vida actual”.
Asimismo opinan que el gobierno no ha aumentado el salario mínimo en consonancia con el aumento del precio de los alimentos, lo que dificulta que las familias de bajos ingresos puedan costear una dieta saludable.
Exponen además que no se ha eliminado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los productos alimenticios básicos.
“Esto incrementa el precio de los alimentos para los consumidores”, opina el entrevistado.
Tres departamentos más vulnerables al cambio climático
La Mesa por la Soberanía Alimentaria, también se refirió a la vulnerabilidad ambiental del país.
Con base en datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) señala que los departamentos con mayor vulnerabilidad son Cabañas, Morazán y Ahuachapán, no solo en temas ambientales sino además económico, acceso al agua, desigualdad de género y acceso a la información, entre otros.
La seguridad alimentaria también se ve afectada en las medidas de ajuste fiscal implementadas por el gobierno en turno, puntualizan.
Esta serie de medidas (ajuste fiscal) será cargado a la población más vulnerable, exponen, mediante los despidos, que viene a generar “más precariedad en el acceso a alimentos”; asimismo se destina menos recursos a la asistencia técnica para la producción de alimentos”, sostuvo Elizabeth Beltrán.
Para abordar esta realidad, la MpSA propone medidas urgentes como la prohibición de la minería metálica, la eliminación del IVA en los productos de la canasta básica, la creación de una reserva estratégica de alimentos con producción local y el fortalecimiento de la resiliencia climática.
Además, destacan la necesidad de actualizar la canasta básica y revisar el salario mínimo para garantizar una alimentación adecuada a la población.
“Todas las acciones deben estar enfocadas en preservar la vida. Eso implica detener la minería, eliminar semillas transgénicas y agrotóxicos, y fomentar la producción nacional antes que la exportación de alimentos”, afirmó Blanco.
La organización hace un llamado a los tomadores de decisión para que prioricen el bienestar de la población y tomen medidas concretas ante una crisis que amenaza la seguridad alimentaria del país.