A plane from the United States landed in El Salvador last Sunday carrying 238 alleged members of the Venezuelan gang Tren de Aragua, even though a U.S. federal judge had ordered the deportation of supposed criminal gang members to be halted under the Foreign Enemies Act of 1798 (Ley de Enemigos Extranjeros de 1798), recently reactivated by President Donald Trump.

Attorney José Marinero argued that El Salvador should not have accepted the suspected criminals, who were transferred to the Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) (Terrorism Confinement Center). According to Marinero, this decision not only fails to provide any benefit to the country but also entails significant risks such as increased prison overcrowding, a higher likelihood of human rights violations, and the potential strengthening of ties between Salvadoran and Venezuelan gangs.

“All of this is a staged event. Salvadorans will not see any benefit from this decision. However, the government does gain something: international validation of its security model, despite the reports of human rights violations,” Marinero stated.

The attorney also questioned the legality of the transfer and the conditions in which the alleged members of Tren de Aragua are being held. “We do not know under which judicial system these people are being placed, for how long, or who will judge them. They have taken advantage of a favorable environment in El Salvador, where there are effectively no laws or judges who can verify the conditions under which the transfer took place,” he remarked.

He further warned that there is no institutional oversight to review this decision, given that the judicial system has lost its independence. “The Constitutional Chamber (La Sala) is controlled by Bukele, and the Fiscalía General de la República (FGR) (Attorney General’s Office) responds to the interests of the Executive. There is no way to review this measure. We have a group of criminals whom we will have to support or, eventually, deport to their country of origin,” Marinero added.

President Nayib Bukele confirmed on his social media the arrival of the 238 alleged Tren de Aragua members at CECOT, along with another 23 purported MS-13 members. The operation is part of an agreement under which Trump will pay the Salvadoran government six million dollars to host around 300 migrants for one year, with a possible extension.

Meanwhile, the Venezuelan government, via a statement, opposed the deportation of more than 200 Venezuelans to El Salvador, calling the measure “anachronistic” and “in violation of human rights.”

The arrival of these migrants in El Salvador rekindles questions about national sovereignty, the rule of law, and the implications of turning the country into a recipient of foreign criminals in a context where the nation’s institutions have been widely called into question.

YSUCA: https://ysuca.org.sv/2025/03/una-nueva-puesta-en-escena-dice-abogado/

Una nueva puesta en escena, dice abogado

Un avión procedente de Estados Unidos aterrizó en El Salvador el pasado domingo con 238 presuntos integrantes de la pandilla venezolana Tren de Aragua, a pesar de que un juez federal de los Estados Unidos había ordenado detener la deportación de supuestos miembros de bandas criminales bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, reactivada recientemente por el presidente Donald Trump.

El abogado José Marinero sostuvo que El Salvador no debió aceptar a los supuestos criminales, quienes fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Según Marinero, esta decisión no solo carece de beneficios para el país, sino que también conlleva riesgos significativos, como el aumento del hacinamiento carcelario, la posibilidad de mayores violaciones a los derechos humanos y el eventual fortalecimiento de vínculos entre las pandillas salvadoreñas y venezolanas.

“Todo esto es una puesta en escena. Los salvadoreños no verán ningún beneficio con esta decisión. Sin embargo, el gobierno sí obtiene algo: una validación internacional de su modelo de seguridad, pese a las denuncias de violaciones a los derechos humanos”, afirmó Marinero.

El abogado también cuestionó la legalidad del traslado y las condiciones en las que se encuentran los presuntos miembros del Tren de Aragua. “No sabemos bajo qué sistema judicial se encuentran estas personas, por cuánto tiempo, ni quién los va a juzgar. Se han aprovechado de un entorno propicio en El Salvador, donde no hay leyes que valgan ni jueces que puedan verificar las condiciones en las que se dio el traslado”, puntualizó.

Advirtió, además, que no existe ningún contrapeso institucional para revisar esta decisión, ya que el sistema judicial ha perdido su independencia. «La Sala está controlada por Bukele y la Fiscalía General de la República responde a los intereses del Ejecutivo. No hay manera de revisar esta medida. Tenemos un paquete de delincuentes a quienes tendremos que mantener o, eventualmente, deportar a su país de origen», agregó Marinero.

El presidente Nayib Bukele confirmó en sus redes sociales la llegada de los 238 presuntos miembros del Tren de Aragua al CECOT, junto con otros 23 supuestos integrantes de la MS-13. La operación se enmarca en un acuerdo mediante el cual Trump pagará al gobierno salvadoreño seis millones de dólares para albergar a unos 300 migrantes durante un año, con posibilidad de renovación.

Entretanto, el gobierno de Venezuela, a través de un comunicado, manifestó su rechazo a la deportación de más de 200 venezolanos a El Salvador, calificando la medida como «anacrónica» y «violatoria de los derechos humanos».

La llegada de estos migrantes a El Salvador reaviva interrogantes sobre la soberanía nacional, el Estado de Derecho y las implicaciones de convertir al país en un receptor de criminales extranjeros en un contexto donde la institucionalidad ha sido ampliamente cuestionada.

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