The Fifth Court for Organized Crime in San Salvador (Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador) decided to send 24 people to prison in a legal proceeding in which the Attorney General’s Office accuses them of usurping the property known as the La Floresta estate, in San Juan Opico, and committing other offenses, according to the detainees’ attorneys.
Among the 24 individuals sent to prison is the human rights defender and spokesperson for the organization Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) (Unit for the Defense of Human and Community Rights). He is charged with illicit association, irregular sales of subdivisions and parcels, and illegal professional practice.
According to sources from this newspaper, the only person released under alternative measures to provisional detention was Rosa Aracely Padilla. The Prosecutor’s Office had itself requested alternate measures for her due to her pregnancy.
This judicial decision was criticized by attorney Ivania Cruz, who is also linked to the same case. On her X account, she wrote: “We hold @nayibbukele responsible for the integrity and life of Fidel Zavala and the community leaders.”
According to Cruz—an account confirmed by other sources from this newspaper—on Thursday, at the end of the hearing to set preventive measures, the owner of La Floresta, Óscar Góchez, told the judge that he had held meetings on several occasions with some of the individuals involved in the case to find a way to give them a public deed so they could live there without any problems.
During the same hearing, Góchez stated that the reason he wanted to evict them is that he had entered into talks with officials from the Ministry of Housing (Ministerio de la Vivienda), which is interested in developing a housing complex in La Floresta.
Zavala has reported witnessing deaths and torture in various prisons when he was detained for a crime of which he was later acquitted.
The activist publicly identified the prison guards responsible for torturing people detained under the state of exception, who were unjustly accused of being gang members.
Envían a prisión a defensor de derechos humanos, Fidel Zavala, y a 23 personas más
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador decidió enviar a prisión a 24 personas vinculadas a un proceso judicial en el que la Fiscalía General de la República (FGR) los acusa de usurpar el inmueble denominado finca La Floresta, en San Juan Opico, y de cometer otros delitos, según informaron abogados de los detenidos.
Entre las 24 personas enviadas a prisión está el defensor de derechos humanos y vocero de la organización Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), quien es acusado agrupaciones ilícitas, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones y ejercicio Ilegal de la profesión.
De acuerdo con fuentes de este Diario, la única que fue puesta en libertad, bajo medidas sustitutivas a la detención provisional fue Rosa Aracely Padilla para quien la misma Fiscalía había solicitado las medidas alternas debido a su estado de embarazo.
La resolución judicial fue criticada por la abogada Ivania Cruz quien también está vinculada a ese mismo proceso judicial. En su cuenta de X, escribió: “responsabilizamos a @nayibbukele de la integridad y vida de Fidel Zavala y los líderes comunitarios”.
De acuerdo con Cruz, lo cual también fue afirmado por otras fuentes de este Diario, el jueves al final de la audiencia de imposición de medidas, el dueño de la finca La Floresta, Óscar Góchez, dijo ante el juez que había sostenido reuniones en varias ocasiones con algunas de las personas vinculadas al proceso, para buscar la manera de entregarles una escritura pública a ellos, para que pudieran vivir sin ningún problema.
En la misma audiencia, Góchez dijo que el motivo por el cual quería desalojarlos es porque había entrado en conversaciones con funcionarios del Ministerio de la Vivienda, entidad que está interesada en desarrollar en La Floresta, un complejo habitacional.
Zavala ha denunciado muertes y torturas que vio en diversas prisiones, cuando estuvo detenido por un delito del que fue absuelto.
El activista denunció con nombre y apellidos a los custodios que se encargaban de torturar a personas detenidas bajo el régimen de excepción, acusadas injustamente de ser miembros de pandillas.