Women and members of various social movements gathered on Saturday, March 8, next to Cuscatlán Park in San Salvador to march toward the Divino Salvador del Mundo Plaza in commemoration of International Women’s Day.
Organized by feminist collectives, the protest became a space to highlight the demands of Salvadoran women and to denounce what they describe as a setback in human rights under Nayib Bukele’s government.
Among the main grievances voiced by the demonstrators are the increasing precarization of women’s lives, rising unemployment, the eviction of street vendors from the informal sector, and the high cost of living. They also warned about the closure of key social programs, the push for mining projects, and the elimination of specialized policies for women who have experienced violence.
“We are here because the State is failing to guarantee our basic rights. The dismantling of the public health system, the closure of the ECOS Familiares, and the lack of specialized care are leaving us in an extremely vulnerable situation,” declared Karla Martínez, a member of Resistencia Feminista (Feminist Resistance).
Protesters also pointed to the manipulation of official figures on femicides, disappearances, and sexual violence, accusing the government of concealing the true scope of gender-based violence in the country. According to data from social organizations, since 2019 there has been a rise in women’s disappearances, in a context marked by the closure of democratic spaces and limited access to justice.
Another central issue of the march was the absolute criminalization of abortion in El Salvador. Participants recalled the case of Beatriz, for which the country was condemned in 2024 by the Inter-American Court of Human Rights, and demanded the decriminalization of abortion on at least four grounds: risk to the mother’s life, fetal nonviability, rape, and incest.
The demonstration also criticized budget cuts in education, health, and social programs; political persecution against human rights defenders; and the lack of dialogue between the government and civil society.
“They are taking away the rights we have won through years of struggle. We will not remain silent, we will not back down. We will keep organizing and defending every one of our rights,” stated Keyla Cáceres, one of the spokespersons of the Asamblea Feminista (Feminist Assembly).
Mining
One of the most significant grievances was mining, which participants labeled a “death project,” insisting that the regulations passed last December by the Asamblea Legislativa (Legislative Assembly) be reversed.
“We demand that this Mining Law be repealed; we demand that no mining project be carried out. Approximately what the El Dorado mine spends in a single day could supply water to 9,000 people, and it never reaches the communities. How is it possible for mining companies to be guaranteed water while people in these communities still go without?” said one of the representatives.
Feminicides and Other Offenses
According to figures from the Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Organization of Salvadoran Women for Peace), 38 feminicides were committed in 2024, 17 of them perpetrated by current or former partners of the victims.
Furthermore, from June 2023 through May 2024 alone, there were 20,950 cases of feminicidal, sexual, physical, psychological, and economic violence against women, representing a 15% increase in violence against women, according to the Red Feminista frente a la Violencia Contra las Mujeres (RED-FEM) (Feminist Network Against Violence Against Women).
ISDEMU (Salvadoran Institute for the Development of Women), for its part, recorded 149 girls and adolescents who experienced sexual violence during the first six months of 2024.
Mujeres marchan en San Salvador para exigir el respeto a sus derechos
Mujeres y miembros de diversos movimientos sociales se concentraron este sábado 8 de marzo a un costado del parque Cuscatlán, en San Salvador, para marchar hacia la Plaza al Divino Salvador del Mundo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
La protesta, organizada por colectivos feministas, se convirtió en un espacio para visibilizar las demandas de las mujeres salvadoreñas y denunciar lo que describen como un retroceso en materia de derechos humanos bajo el gobierno de Nayib Bukele.
Entre las principales denuncias expuestas por las manifestantes están la precarización de la vida de las mujeres, el aumento del desempleo, los desalojos de vendedoras del sector informal y el alto costo de la vida.
También alertaron sobre el cierre de programas sociales claves, la implementación de la minería y la eliminación de políticas especializadas en la atención a mujeres víctimas de violencia.
“Estamos aquí porque el Estado está fallando en garantizar nuestros derechos básicos El desmantelamiento del sistema público de salud, el cierre de los ECOS Familiares y la falta de atención especializada nos están dejando en una situación de vulnerabilidad extrema”, declaró Karla Martínez, integrante de la organización Resistencia Feminista.
Las manifestantes también señalaron la manipulación de las cifras oficiales sobre feminicidios, desapariciones y violencia sexual, acusando al gobierno de ocultar la magnitud de la violencia de género en el país.
Según datos de organizaciones sociales, desde 2019 se ha registrado un incremento en las desapariciones de mujeres, en un contexto marcado por el cierre de espacios democráticos y la falta de acceso a la justicia.
Otro de los temas centrales de la marcha fue la penalización absoluta del aborto en El Salvador. Las participantes recordaron el caso de Beatriz, por el cual el país fue condenado en 2024 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y exigieron la despenalización del aborto en al menos cuatro causales: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad del feto, violación e incesto.
La movilización también criticó la reducción de presupuestos en educación, salud y programas sociales, la persecución política contra defensoras de derechos humanos y la falta de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil.
“Nos están arrebatando nuestros derechos conquistados con años de lucha. No vamos a guardar silencio, no vamos a retroceder. Seguiremos organizándonos y defendiendo cada uno de nuestros derechos”, afirmó Keyla Cáceres, una de las voceras de la Asamblea Feminista.
Minería
Una de los reclamos más significativos fue la minería, a la que calificaron como un proyecto de “muerte”, exigiendo que se revierta la normativa aprobada en diciembre pasado por la Asamblea Legislativa.
“Exigimos que esta ley (de Minería) se derogue, exigimos que cada proyecto minero no se desarrolle. Aproximadamente, lo que gastaría la mina El Dorado en un día es lo equivalente para dar agua a 9,000 personas, y esto no llega a las comunidades. ¿Cómo es posible que se le garantice agua a las mineras, mientras las personas en las comunidades seguimos sin agua?”, sentenció una de las representantes.
Feminicidios y otros delitos
Según cifras de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, 38 feminicidios se cometieron en 2024; 17 de ellos perpetrados por parejas y exparejas de las víctimas.
Además, solo entre junio de 2023 y mayo de 2024, hubo 20,950 casos de violencia feminicida, sexual, física, psicológica y patrimonial contra las mujeres, representando un incremento del 15 % en la violencia contra la mujer, según la Red Feminista frente a la Violencia Contra las Mujeres (RED-FEM).
El ISDEMU, por su parte, registró 149 niñas y adolescentes que sufrieron violencia sexual en los primerso seis meses de 2024.