The IMF team that analyzed the agreement with El Salvador concluded, according to its projections, that the Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) (Solidarity Guarantee Account) will be exhausted around 2027 as a result of the pension reform that has been in effect since January 2023.
The CGS is the fund used to pay retirement benefits when pensioners’ individual accounts run out of money. Every worker contributes 6% of their salary to this account through their monthly payments.
According to the IMF team, by increasing the generosity of pensions, the reform put the average private pension benefits above the savings accumulated in individual accounts, causing those accounts to be depleted more rapidly.
The reform introduced a 30% increase to all pensions without any other adjustments, such as ensuring higher returns on investments.
“As a result, the Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) (Pension Fund Administrators) have already begun to draw on the CGS to pay pensions, and the stock of assets in the CGS began to decrease in 2023. According to the staff’s projections, the CGS’s assets would be exhausted around 2027,” says the report related to the agreement with El Salvador published by the multilateral institution on Monday.
Economist Otto Rodríguez states that, in this scenario, there are only two possible paths. The first is that, once the fund is empty, the state must provide the necessary resources.
According to the IMF, the required amount would be around 0.5% of GDP per year. However, that does not seem to be an option for a government that has committed to a fiscal adjustment equivalent to 3.5% of GDP over three years.
The other option noted by Rodríguez is to stop paying some pensions or make other types of cuts.
In the economist’s view, the situation may worsen this year, due to the elimination of positions in the public sector and the fact that the private sector is struggling to create formal jobs. Some businesses are even closing. All of this translates into lower contributions to the Solidarity Guarantee Account, which could lead it to be depleted even sooner than projected by the IMF.
That is why the multilateral organization points out that a new pension reform will be necessary, including measures to secure larger contributions to the CGS, potentially by raising the retirement age or the number of years of contributions. According to Rodríguez, the most likely increase would be three to five years.
The IMF has requested a pension reform proposal, which must be presented in February 2026. This reform might also include a cap on government withdrawals from the Pension Fund to avoid risks.
The Need for an Actuarial Study
To establish these parameters with scientific rigor, the IMF has asked the government to conduct an independent actuarial study to determine precisely when the funds would be depleted under the current scenario and what must be done to prevent that. Such studies involve projections stretching several decades into the future.
This actuarial study was something the government refused to publish before and after approving the pension reform, despite claiming it had carried out dozens of studies—none of which have been proven to exist and none of which have been made public.
Patricio Pineda, from the Mesa de Trabajo por una Pensión Digna (Working Group for a Dignified Pension), has repeatedly called on the Bukele Administration to release those studies. Now, the government will be obliged to do so by the entity that will disburse funds in exchange for fulfilling commitments like this.
“The IMF is putting the Government in its place: the place of the irresponsible,” says Pineda.
“It will become evident that everything they were advised to do and did not do was necessary, because now they will have to do it. It will also become clear that this reform was merely a patch, since they will have to reform the system again—this time addressing its fundamental aspects,” Rodríguez adds.
According to the economist, the government will also need to open up investment of the Pension Fund more broadly, to avoid concentrating it in public instruments—a current approach that has produced extremely low returns.
Cuenta de Garantía Solidaria en El Salvador se agotará en 2027, dice FMI
El equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que analizó el acuerdo con El Salvador concluyó, según sus proyecciones, que la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) se agotará alrededor del 2027 como consecuencia de la reforma de pensiones vigente desde enero de 2023.
La CGS es el fondo con el que se pagan las jubilaciones cuando se agotan los saldos de las cuentas individuales de los pensionados. Todo trabajador aporta el 6% de su salario a alimentar dicha cuenta mediante su cotización.
Según el equipo del FMI, al aumentar la generosidad de las pensiones, la reforma puso los beneficios de las pensiones privadas, en promedio, por encima de los ahorros acumulados en las cuentas individuales, por lo que estas comenzaron a agotarse más rápidamente.
La reforma planteó un aumento del 30% a todas las pensiones, sin que para ello mediara ningún otro tipo de modificación, como garantizar una mayor rentabilidad en las inversiones.
“Como resultado, las AFP ya han comenzado a recurrir a la CGS para pagar las pensiones y el stock de activos en la CGS comenzó a disminuir en 2023. Según las proyecciones del staff, los activos de la CGS se agotarían alrededor de 2027”, dice el informe relacionado con el acuerdo con El Salvador publicado por la multilateral este lunes.
El economista Otto Rodríguez afirma que, ante este escenario, solo hay dos caminos. El primero es que, ante un fondo ya vacío, el Estado debe aportar los recursos necesarios.
Según el FMI, la suma requerida sería equivalente al 0.5% del PIB al año. Sin embargo, esa no parece ser una opción para un Gobierno que se ha comprometido a un ajuste fiscal equivalente al 3.5% del PIB en tres años.
La otra opción apuntada por Rodríguez es que se dejen de pagar algunas pensiones o hacer otro tipo de recortes.
Para el economista, es posible que la situación se agrave este año, debido a la supresión de plazas en el sector público y al hecho de que al sector privado le está costando generar empleos formales. Algunos negocios, incluso, están cerrando. Todo esto se traducirá en menores aportes a la Cuenta de Garantía Solidaria, lo que puede provocar que se agote aún más rápido que lo proyectado por el FMI.
Por eso es que la multilateral apunta a que será necesaria una reforma de pensiones, en la que se incluyan medidas para captar una mayor cantidad de fondos para la CGS, entre las que pueden estar aumentar la edad de jubilación o los años cotizados. Según Rodríguez, lo más probable es que el aumento sea entre tres y cinco años.
El FMI ha solicitado una propuesta de una reforma de pensiones, que debe presentar en febrero de 2026. En esto también se podría plantear un techo de los recursos que el Gobierno puede tomar del Fondo de Pensiones, para evitar riesgos.
La necesidad de un estudio actuarial
Para establecer esos parámetros con rigor científico, el FMI ha encargado al gobierno que se realice un estudio actuarial independiente, en el que se establezca con total certeza cuándo se agotarán los fondos con el escenario actual y qué hay que hacer para que ello no pase. Estos estudios se hacen con proyecciones de varias décadas en el futuro.
Ese estudio actuarial fue algo que el Gobierno se negó a publicar antes y después de aprobada la reforma de pensiones, para la que dijo que había realizado decenas de estudios, de los que no hay constancia que existan y tampoco los han hecho públicos.
Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, ha pedido públicamente a la Administración Bukele la publicación de dichos estudios en múltiples ocasiones. Hoy el gobierno tendrá que hacerlo obligado por un ente que le desembolsará dinero a cambio de que cumplan con compromisos como este.
“El FMI está poniendo al Gobierno en su lugar: el de los irresponsables”, dice Pineda.
“Va a quedar en evidencia que todo aquello que se les recomendaba y omitieron era necesario, pues ahora lo van a tener que hacer. También va a quedar en evidencia que esa reforma fue un parche, pues se va a tener que volver a reformar el sistema, ahora en sus aspectos fundamentales”, apunta Rodríguez.
Para el economista, también se va a tener que abrir más la parte de la inversión del Fondo de Pensiones, para dejar de concentrarla en instrumentos públicos, la fórmula actual que ha garantizado una bajísima rentabilidad.