Between July and December 2024, the government took from the Pension Fund an amount equivalent to 54% of the contributions paid by all workers during that same period.

This marks a drop of 30 percentage points from what was recorded in the first half of the year (January to June). However, experts consulted say that this percentage is still high, because the maximum should be 45%.

In the second half of last year, the government took US$411 million by issuing Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) (Pension Obligation Certificates) through the Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) (Salvadoran Institute of Pensions). During that same period, the AFPs collected US$761 million in contributions from employees and employers in the formal sector.

This represents a slowdown in the pace at which the government withdraws money from the Pension Fund compared to the first half of the year, since between January and June it used US$622 million, according to data from the Banco Central de Reserva (BCR) (Central Reserve Bank). That figure corresponds to 84% of the contributions during that period (US$742 million), based on the financial statements of AFP Crecer (Crecer Pension Fund Administrator) and AFP Confía (Confía Pension Fund Administrator) as of June 2024.

However, this decrease is not enough to state that these private funds are being used soundly, says Patricio Pineda of the Mesa de Trabajo por una Pensión Digna (Working Group for a Decent Pension).

The expert points out that this percentage should be just above one-third of contributions, around 35%, or at most 45%, precisely the limit set by the previous law.

“Lending an amount equivalent to 54% of contributions is a sign that the benefits granted under the reform are still more expensive than what is coming in,” says Pineda, who notes that, contrary to what authorities promised, the money taken from the Pension Fund is also reportedly going toward current expenditures, such as salary payments.

The Fondo Monetario Internacional (FMI) (International Monetary Fund) has made it one of El Salvador’s obligations to ensure the sustainability of the Pension System, meaning that measures must be put in place to ensure that Salvadorans who are now working and contributing will have pensions when the time comes for them to retire.

This is under scrutiny with the current system, since the same IMF team projects that the Cuenta de Garantía Solidaria (Solidarity Guarantee Account) (the common fund from which pensions are paid once the balance in individual accounts is depleted) will be exhausted in 2027.

For that reason, Pineda expects the pace of withdrawals to slow down even more this year and cap at around US$600 million for the entire fiscal year, which would equal 40% if we take into account the contributions collected in 2024. While that is not ideal, it does not exceed the advisable threshold and would be something the IMF deems desirable, he says.

For economist Rommel Rodríguez, director of the Macroeconomics and Development Area at FUNDE (National Foundation for Development), one reason behind the slower pace in using the Pension Fund is an economic slowdown, evidenced by events such as the loss of about 10,000 jobs in the industrial sector alone in 2024.

Rodríguez regrets that there is no quality information available at present to conduct better analyses. However, he believes this could be remedied through the IMF’s requirements, which include, for example, an actuarial study of the Pension System by June of this year.

“Everything indicates that there will be a reform, and that it will be parametric: increases in the retirement age and in the required years of contributions… those of us who will feel this reform the most will be the workers,” the economist points out.

“The underlying problem is that in the most recent reform, worker representatives did not take part, as the regulations already stipulated… And the government’s financial and fiscal needs were prioritized,” he adds.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/pensiones-el-salvador-deuda-publica-fmi/1204229/2025/

Gobierno tomó el 54% de cotizaciones a pensiones entre julio y diciembre de 2024

Entre julio y diciembre de 2024, el gobierno tomó del Fondo de Pensiones un monto equivalente al 54% de las cotizaciones aportadas por todos los trabajadores en ese mismo periodo.

Eso marca una bajada de 30 puntos porcentuales de lo registrado en el primer semestre, es decir, de enero a junio. Pero expertos consultados aseguran que ese porcentaje continúa siendo alto, pues el máximo debería ser del 45%.

En el segundo semestre del año pasado, el gobierno tomó $411 millones mediante la emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) que realizó el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). En ese mismo lapso, las AFP recaudaron $761 millones mediante los aportes de los empleados y patronos del sector formal.

Esto representa una ralentización en el ritmo en el que el gobierno toma dinero del Fondo de Pensiones respecto a la primera mitad del año, pues entre enero y junio utilizó $622 millones, según los datos del Banco Central de Reserva (BCR). Esa cifra corresponde al 84% de las cotizaciones de ese periodo ($742 millones), según los estados financieros de AFP Crecer y AFP Confía a junio de 2024.

Sin embargo, la disminución no es suficiente para establecer que se está haciendo un uso sano de estos fondos, que son privados, comenta Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna.

El experto apunta que ese porcentaje debería estar apenas por encima de un tercio de las cotizaciones, en torno al 35% o como máximo un límite adecuado sería el 45%, precisamente el techo establecido en la anterior ley.

“Que se esté prestando un monto equivalente al 54% de las cotizaciones es síntoma de que los beneficios otorgados con la reforma todavía siguen siendo más caros que lo que está entrando”, dice Pineda, quien hace notar que, contrario a lo prometido por las autoridades, el dinero tomado del Fondo de Pensiones también se estaría usando en gasto corriente, como el pago de salarios.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha establecido como una de las obligaciones a cumplir por parte de El Salvador garantizar la sostenibilidad del Sistema de Pensiones, lo que se traduce en que se establezcan medidas que permitan que los salvadoreños que ahora trabajan y están cotizando cuenten con jubilaciones cuando llegue su hora de retirarse.

Eso es algo que está en tela de juicio con el sistema actual, pues el mismo equipo del FMI proyecta que la Cuenta de Garantía Solidaria (el fondo común de donde sale el dinero de las jubilaciones cuando se acaba el saldo de las cuentas individuales) se agotará en 2027.

Por ello, Pineda espera que el ritmo en la toma de ese dinero se reduzca todavía más este año y se detenga en unos $600 millones para todo el ejercicio, lo que significaría un 40%, si se consideran las cotizaciones recaudadas en 2024. No es lo ideal, pero no supera el techo de lo conveniente y es algo que sería deseable para el FMI, opina.

Para el economista Rommel Rodríguez, director del Área de Macroeconomía y Desarrollo de FUNDE, una de las razones que explica un menor ritmo en el uso del Fondo de Pensiones es una ralentización de la economía, que se palpa en hechos como la pérdida de unos 10,000 empleos solo en el sector de la industria en 2024.

Rodríguez lamenta que no se cuente en la actualidad con información de calidad para hacer mejores análisis. Pero es algo que podría repararse con las exigencias del FMI, que ha solicitado, por ejemplo, un estudio actuarial del Sistema de Pensiones a más tardar en junio de este año.

“Todo apunta a que habrá una reforma y que será paramétrica: aumentos en la edad de jubilación o en los años de cotización… los que sentiremos más esta reforma seremos los trabajadores”, señala el economista.

“El problema de fondo es que en la más reciente reforma no participaron los representantes de los trabajadores, como ya lo establecían las normas… Y se priorizaron necesidades financieras y fiscales del Gobierno”, añade.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/pensiones-el-salvador-deuda-publica-fmi/1204229/2025/