The International Monetary Fund published a new Staff Country Report related to El Salvador, in which the fund states that El Salvador bitcoin accumulation needs to stop through both purchasing and mining. The country also should liquidate the fund created to buy, among other essential changes beyond the Bitcoin Law amendments passed by the national congress at the end of January.
While El Salvador has made significant progress in several areas, it still faces challenges. Despite the improved security, a thriving tourism industry, and other positive developments, the country continues to grapple with macroeconomic imbalances, high fiscal deficits, and substantial debt. The IMF’s agreement provides El Salvador with $1.4 billion, and could unlock up to $3.5 billion from various multilateral organizations, such as the World Bank and the Inter-American Development Bank.
President Nayib Bukele has shifted his stance on the IMF, moving from mocking the fund’s position on the Bitcoin Law to making adjustments to the law and agreeing to cease all public Bitcoin involvement, including El Salvador bitcoin accumulation.
“The Bukele administration is intent on focusing its second mandate on addressing pending macroeconomic and structural challenges and boosting economic growth under an IMF-supported program,” the IMF said in the new report.
El Salvador Bitcoin Accumulation Is Over And No Bitcoin Bonds
Although the agreement was announced in 2024, doubts lingered about the implementation of the changes. The updated report now specifies that El Salvador must fully comply by December 2025 and detail what the changes will look like. The changes to the Bitcoin Law primarily concerned its legal tender status, but the IMF emphasized that the public sector must cease its “voluntary accumulation of BTC.”
El Salvador bitcoin accumulation prohibition “includes purchase and mining.” By the end of March, the country is compelled to identify all the bitcoin the administration has already accumulated, listing the wallet and ATMs public company Chivo, the Bitcoin Management Agency, the Bitcoin Office, the Lempa River Hydroelectric Power Plant executive board, and all other person or organization involved in bitcoin in the public sector. The second review of this process will happen at the end of June.
According to the report, El Salvador must liquidate the Bitcoin trust fund Fidebitcoin, which was previously used to acquire BTC. The country is also required to present Chivo’s financial statements, audited by an independent crypto-experienced auditor, with this process and audit to be completed before July 2025 for its second review.
One of the most anticipated projects was the Bitcoin Bonds, intended to finance Bitcoin mining infrastructure and the development of Bitcoin City. However, the IMF has now rejected these bonds.
To meet the IMF’s quantitative performance criteria, the fund explicitly states that the public sector is prohibited from issuing or guaranteeing “any type of debt or tokenized instrument that is indexed to or denominated in Bitcoin and implies a liability for the public sector.”
With the Bitcoin Law amendments and the announced end of El Salvador bitcoin accumulation, the narrative about Bitcoin and the Central American country is under a transformation.
FMI exige a El Salvador detener la acumulación de Bitcoin
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un nuevo Informe de País sobre El Salvador, señalando que el país debe detener su acumulación de Bitcoin, tanto a través de compras como mediante minería. El organismo también solicitó liquidar el fondo creado para la compra de esta criptomoneda, entre otras modificaciones esenciales adicionales a las ya aprobadas por la Asamblea Legislativa sobre la Ley Bitcoin a finales de enero pasado.
Aunque El Salvador ha experimentado avances significativos en diversas áreas, también enfrenta desafíos importantes. Pese a mejoras en seguridad pública, una industria turística creciente y otros desarrollos positivos, el país continúa lidiando con desequilibrios macroeconómicos, altos déficits fiscales y una considerable deuda pública. El acuerdo con el FMI concede a El Salvador 1,400 millones de dólares, lo que podría desbloquear hasta 3,500 millones adicionales provenientes de diversas organizaciones multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
El presidente Nayib Bukele ha cambiado su postura frente al FMI, pasando de burlarse anteriormente de la posición del organismo sobre la Ley Bitcoin, a implementar modificaciones en dicha legislación y aceptar detener toda participación pública relacionada al Bitcoin, incluyendo su acumulación.
“La administración Bukele tiene la intención de enfocar su segundo mandato en enfrentar los desafíos macroeconómicos y estructurales pendientes, así como en fomentar el crecimiento económico mediante un programa respaldado por el FMI”, señala el nuevo informe del organismo.
Fin de la acumulación de Bitcoin y de los bonos Bitcoin
Si bien el acuerdo fue anunciado en enero de 2024, persistían dudas sobre cómo se implementarían las modificaciones. El informe actualizado especifica ahora que El Salvador debe cumplir plenamente con estos compromisos a más tardar en diciembre de 2025 y detalla en qué consistirán los cambios previstos. Las modificaciones a la Ley Bitcoin se centran principalmente en su estatus como moneda de curso legal, pero el FMI también enfatiza que el sector público debe cesar la “acumulación voluntaria de Bitcoin”.
La prohibición de acumulación de Bitcoin por parte del Estado salvadoreño incluye “la compra y la minería”. Para finales de marzo, el gobierno está obligado a declarar plenamente todo el Bitcoin ya acumulado, identificando claramente los fondos administrados por la empresa pública encargada de los monederos y cajeros del sistema Chivo, la Agencia Administradora de Bitcoin, la Oficina del Bitcoin, la Junta Ejecutiva de la Central Hidroeléctrica Río Lempa, así como cualquier otra persona u organización pública relacionada. La segunda revisión del proceso ocurrirá a finales de junio.
Según el informe, El Salvador debe liquidar también el fideicomiso “Fidebitcoin”, instrumento que previamente utilizaba para adquirir Bitcoin. Asimismo, el país deberá presentar los estados financieros de Chivo, auditados por un auditor independiente especializado en criptomonedas, proceso que deberá completarse antes de julio de 2025 para cumplir con la segunda revisión del FMI.
Uno de los proyectos más anticipados del Gobierno era la emisión de Bonos Bitcoin, diseñados para financiar infraestructura dedicada a la minería de la criptomoneda y al desarrollo de “Bitcoin City”. Sin embargo, ahora el FMI ha rechazado explícitamente estos bonos.
Para cumplir con los criterios de desempeño cuantitativo del Fondo, el organismo establece claramente que el sector público salvadoreño queda prohibido de emitir o garantizar “cualquier tipo de deuda o instrumento tokenizado indexado o denominado en Bitcoin que implique una obligación para el sector público”.
Con los cambios en la Ley Bitcoin y el fin anunciado de la acumulación oficial de Bitcoin, la narrativa sobre esta criptomoneda y su relación con el país centroamericano atraviesa actualmente un punto de transformación.