Environmental and community organizations from Ilobasco mobilized this Sunday to express their rejection of reactivating metallic mining in the country and demanded the repeal of the General Law of Metallic Mining, seeking to halt the deterioration of soil, water, and air.

“Today, our communities join the national consensus for life for present and future generations. We take a stand against the greed, avarice, and selfish ambitions fueling businesses and the current government to reverse the mining ban to impose these deadly projects,” declared Rita Abarca, a committee member, in a video published by radio YSUCA.

As part of the activity, residents of Cabañas gathered at the junction of Sensuntepeque, accompanied by a caravan of vehicles heading toward Ilobasco.

Environmentalists, social movements, and the Catholic Church have repeatedly voiced their opposition to reopening this economic activity due to the severe environmental and social impacts it entails.

Abarca also warned about the risks posed by the toxic waste generated by mining companies, which is often discharged into rivers or stored in artificial lagoons and tailings dams. In the case of retained waters, they could overflow due to torrential rains, contaminating surrounding areas.

Members of other organizations, such as Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico (University Movement for Critical Thought), also participated in the gathering.

Rafael Paz Narváez, a representative of this movement, stated: “It is necessary for the Legislative Assembly to repeal that Law, which is entirely contrary to the interests of the Salvadoran people. The Presidency of the Republic should recognize the grave error it made in wanting to reactivate an activity that will only enrich transnational corporations.”

“As a Committee for the Defense of Water and Life, we demand the repeal of the General Law of Metallic Mining. Instead of mining, the government should reactivate agriculture, food production, tourism, non-polluting industries, and human development through health and education. Those are the real opportunities for employment and economic development,” states a communiqué from the association.

The government’s decision to reactivate metallic mining has raised concerns and rejection among various communities and social organizations, which warn about the negative impacts of this industry.

However, these concerns were not taken into consideration by the Legislative Assembly, which approved the law without conducting technical studies or consultations with experts, and without including citizen participation.

Previously, environmentalist groups had warned that reactivating mining would involve cutting down approximately ten million trees in areas where the country’s main rivers originate, affecting the population’s water supply.

According to the Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) (Salvadoran Center for Appropriate Technology), open-pit mining in El Salvador could require as much as eight tons of arsenic per day during the mine’s estimated lifespan of ten to fifteen years, posing an enormous risk in this seismically active country vulnerable to extreme climatic events.

The gold vein intended for exploitation is located in the departments of Cabañas, San Miguel, Usulután, La Unión, and Morazán. These departments comprise the Lempa River basin, the country’s primary water source.

Research by the Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) (Center for Citizen Studies) of the Universidad Francisco Gavidia (UFG), presented in January of this year, reveals that six out of ten Salvadorans believe the country lacks adequate conditions to carry out mining projects.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/organizaciones-exigen-derogacion-mineria/1203785/2025/

Organizaciones exigen la derogación de la Ley de Minería

Organizaciones ambientalistas y comunitarias de Ilobasco se movilizaron este domingo para expresar su rechazo a la reactivación de la minería metálica en el país y exigen la derogación de la Ley General de Minería Metálica, con el objetivo de frenar el deterioro del suelo, agua y aire.

“Este día, las comunidades nos sumamos al consenso nacional por la vida de las presentes y futuras generaciones. Nos manifestamos en contra de la codicia, la avaricia y las mezquinas ambiciones de riqueza que motivan a las empresas y al Gobierno de turno a revertir la prohibición de la minería para imponer estos proyectos de muerte”, declaró Rita Abarca, miembro del comité, en un video publicado por radio YSUCA.

Como parte de la actividad, pobladores de Cabañas se concentraron en el desvío de Sensuntepeque, acompañados por una caravana de vehículos hacia Ilobasco.

Ambientalistas, movimientos sociales y la Iglesia Católica han reiterado su oposición a la reapertura de esta actividad económica, debido a los graves impactos medioambientales y sociales que conlleva.

Abarca también alertó sobre los riesgos que suponen los desechos tóxicos generados por las empresas mineras, los cuales suelen ser vertidos en ríos o almacenados en lagunas artificiales y depósitos de colas. En el caso de las aguas retenidas, estas podrían desbordarse debido a lluvias torrenciales, contaminando las zonas aledañas.

En la concentración también participaron miembros de otras organizaciones, como el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico.

Rafael Paz Narváez, representante del movimiento, expresó: “Es necesario que la Asamblea Legislativa derogue esa Ley completamente contraria a los intereses del pueblo salvadoreño. La Presidencia de la República debe reconocer el grave error de querer reactivar una actividad que solo enriquecerá a las transnacionales”.

“Como Comité por la Defensa del Agua y la Vida exigimos derogar la Ley General de Minería Metálica. En vez de minería, el gobierno debe reactivar el agro, la producción alimentaria, el turismo, las industrias no contaminantes y el desarrollo humano a través de la salud y educación. Ahí están las verdaderas posibilidades de empleo y desarrollo económico”, señala un comunicado de la asociación.

La decisión del Gobierno sobre la reactivación de la minería metálica ha generado preocupación y rechazo en diversas comunidades y organizaciones sociales, que advierten sobre los impactos negativos de esta industria.

Sin embargo, estos planteamientos no han sido tomados en cuenta por el órgano Legislativo, que aprobó la ley sin contar con los estudios técnicos ni consultas con expertos y sin incluir la participación ciudadana.

Previamente, grupos ambientalistas habían advertido que reactivar la minería implicaría la tala de aproximadamente diez millones de árboles en territorios donde nacen los principales ríos del país, lo que afectaría el abastecimiento de agua para la población.

Según el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), la minería a cielo abierto en El Salvador podría requerir el uso de hasta ocho toneladas de arsénico al día durante los diez a 15 años de vida útil de una mina, lo que representaría un enorme peligro en un país altamente sísmico y vulnerable a fenómenos climáticos extremos.

La veta de oro que se pretende explotar se encuentra en los departamentos de Cabañas, San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán, los cuales conforman la cuenca del río Lempa, la principal fuente de agua del país.

Una investigación del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), presentada en enero de este año, revela que seis de cada diez salvadoreños consideran que el país no tiene las condiciones para desarrollar proyectos mineros.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/organizaciones-exigen-derogacion-mineria/1203785/2025/