During an interview with Radio YSUCA, they provided details on the Prosecutor’s raids at the UNIDEHC offices, affirming that authorities even confiscated items unrelated to either their organization or the land legalization process in La Floresta.
“When they (prosecutors and police officers) arrived, they stated they had a search warrant for the UNIDEHC offices, issued by a justice of the peace court from Santa Tecla. We never opposed a lawful inspection. But they began to take, and indeed took, items from other organizations and offices that were not part of UNIDEHC,” explained Rudy Joya.
The lawyer clarified that the building housing UNIDEHC offices also contains offices of other private lawyers handling independent cases—some containing classified information; therefore, there was no justification for seizing documentation from those unrelated offices.
Cruz explained that the raid of the UNIDEHC offices lasted from 3:00 PM on Tuesday, February 25 until 4:00 AM on Wednesday, February 26. She also mentioned her residence was raided, despite containing no documentation related to either UNIDEHC or La Floresta.
“They took legal protocol books belonging to private lawyers who also maintain offices there, as well as approximately $500 in payments related to private processes, given both myself and attorney Joya practice independently and handle individual cases,” noted Cruz.
Additionally, the lawyers recalled that through UNIDEHC they support other cases, such as those affected by fraud at Cosavi and accusations against public officials who allegedly committed offenses during the state of exception. For this reason, they believe authorities were also aiming for this information during the raids.
“Arbitrary arrest” of Fidel Zavala
Regarding the arrest of Fidel Zavala, who served as the spokesperson of UNIDEHC addressing cases of arbitrary detentions and abuses during the state of exception, Cruz and Joya emphasized that he never falsely presented himself as a lawyer, contrary to the Prosecutor’s Office accusations.
“No one needs to be a lawyer to defend human rights. He is a voluntary spokesperson, particularly after everything he experienced in prison and publicly denounced. He has never claimed he was a lawyer,” affirmed Rudy Joya.
They stressed that Zavala’s life is in danger while detained, due to his prior public denunciations of abuses witnessed in prison facilities. “We hope that alternative measures to detention will be granted to him,” said Ivania Cruz.
Cruz pointed out that the case initiated by the Prosecutor’s Office goes beyond UNIDEHC: it represents an attempt at “criminalizing social movements and the right to freedom of association. What’s happening to us today could now happen to any other movement.”
“We believe political persecution is becoming entrenched and has shifted towards a violent, repressive phase. Difficult times are approaching, but strong movements are emerging and people are overcoming their fear,” she added.
Currently, both Cruz and Joya are outside the country on a tour in Europe, publicly raising awareness about human rights violations they have documented during the state of exception.
“Se trata de querer criminalizar los movimientos sociales”: abogados de UNIDEHC, tras acusación de Fiscalía
Ivania Cruz y Rudy Joya, abogados y voceros de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), afirmaron que la Fiscalía General de la República (FGR) trata de criminalizar los movimientos sociales con la acusación hecha contra la organización esta semana, por su relación con los líderes comunitarios de la Hacienda La Floresta.
Ambos brindaron detalles de los allanamientos que Fiscalía hizo a las oficinas de UNIDEHC y afirmaron en una entrevista con Radio YSUCA que las autoridades incluso se llevaron cosas que no pertenecían ni al movimiento que ellos lideran ni tampoco al proceso de legalización de tierras de La Floresta.
“Cuando ellos (fiscales y policías) llegan dijeron que tenían una orden de allanamiento para las oficinas de UNIDEHC, emitida por un Juzgado de Paz de Santa Tecla. No nos opusimos en ningún momento a que pudieran hacer una revisión bajo el marco de la ley, pero se empezaron a querer llevar, y se llevaron algunas cosas de otras oficinas y organizaciones que no eran UNIDEHC”, explicó Rudy Joya.
El abogado explicó que en el mismo edificio donde están las oficinas de UNIDEHC hay oficinas de otros abogados, con casos particulares y que tienen reserva, por lo que no había motivo para que se llevaran también esa información.
Cruz dijo que el allanamimento en las oficina de UNIDEHC duró desde las 3:00 de la tarde del martes 25 de febrero hasta las 4:00 de la madrugada del miércoles 26. Además, dijo que allanaron su vivienda, pese a que en ella no había ninguna documentación ligada a UNIDEHC y La Floresta.
Se llevaron libros de protocolo de abogados particulares que también tienen sus oficinas ahí; también se llevaron aproximadamente $500 de abonos de procesos privados, porque tanto esta servidora como el licenciado Joya somos abogados en el libre ejercicio y llevamos casos particulares”, explicó Cruz.
Los abogados también recordaron que como UNIDEHC apoyan otros casos, como el de los afectados pro el fraude en Cosavi y acusaciones contra funcionarios que habrían cometido delitos en el marco del régimen de excepción. Por ello consideran que las autoridades también iban tras esa información durante los allanamientos.
Captura arbitraria de Fidel Zavala
Sobre el arresto de Fidel Zavala, que era el vocero de UNIDEHC para temas de capturas arbitrarias y abusos durante el régimen de excepción, explicaron que él en ningún momento se quiso hacer pasar como abogado, como acusa la Fiscalía.
Nadie necesita ser abogado para defender derechos humanos. Él es vocero voluntario después de todo lo que vivió en prisión y lo que ha denunciado públicamente. Él nunca ha dicho que es abogado”, aclaró Rudy Joya.
Recordaron que la vida de Zavala corre peligro al estar privado de libertad, por las denuncias públicas que él ha hecho sobre los abusos que presenció dentro de centros penales. “Esperamos que se le otorguen medidas sustitutivas”, expuso Ivania Cruz.
Cruz dijo que el caso que ha iniciado Fiscalía no solo se trata de UNIDEHC, sino de “criminalizar los movimientos sociales, la libertad de asociarse. Esto que nos está pasando a nosotros le puede pasar a partir de ahora a cualquier otro movimiento”.
“Creemos que ahora la persecución política está muy instalada y que ha pasado a una fase represiva y violenta. Consideramos que vienen tiempos difíciles, pero que hay movimientos fuertes y que la gente está rompiendo el miedo”, añadió la abogada.
Tanto Cruz como Joya están por ahora fuera del país en una gira por Europa para exponer las vulneraciones que han documentado durante el régimen de excepción.