On Wednesday, in an expedited manner, the Salvadoran Congress ratified a constitutional reform that eliminates state financing for political parties’ election campaigns.
The measure, promoted by President Nayib Bukele, was questioned because it would favor the ruling party in amassing greater power, and it was only possible after another constitutional reform that was also criticized.
The reform had already been passed by Congress, but it has now been ratified. This legislative process used to be more complicated—requiring a change of legislature with elections in between—yet it was completed in just two weeks thanks to a recent constitutional amendment and the overwhelming pro-government majority.
With 57 votes in favor, two against, and one abstention, the Asamblea Legislativa (Legislative Assembly) ratified the repeal of Article 210 of the Constitution to eliminate public funding for political parties, which had been calculated based on the number of votes each party receives in every election and on inflation.
Henceforth, political parties in El Salvador will only be able to receive private financing for their election campaigns.
The reform will now go to the Poder Ejecutivo (Executive Branch) for its corresponding endorsement and publication in the Diario Oficial (Official Gazette).
Bukele pushed for the elimination of the so-called “political debt,” urging political organizations to fund themselves without public contributions. “Political parties can finance themselves the way we financed ourselves in 2019. Difficult? Yes, it was difficult. But wasn’t it better that way?” the Salvadoran president posted on the social network X.
That reform was questioned by the NGO Acción Ciudadana (Citizen Action), which stated that “without public financing, politics becomes privatized and democracy is weakened.”
“The elimination of public funding is another measure to consolidate and maintain a hegemonic or dominant party system,” the NGO said in a press release. It also warned that “the risk of parties accessing prohibited funds, such as those from organized crime, will increase” given that there is no proper oversight by the electoral authority.
The two lawmakers from the right-wing Alianza Republicana Nacionalista (Arena), an opposition party, voted against ratification, while lawmaker Claudia Ortiz of the conservative party VAMOS abstained.
Arena lawmaker Francisco Lira argued that the reform “is illegal, unilaterally decided, and unpopular,” adding that the repeal of Article 210 of the Constitution “is merely an excuse to change the Constitution of the Republic at the whim of Casa Presidencial.”
In the same plenary session, the Congress passed the Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías (Law for the Promotion of Artificial Intelligence and Technologies), which seeks to create AI laboratories and data centers regulated by the Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) (National Artificial Intelligence Agency), whose director will be appointed by the President of the Republic.
Under this new law, the State must promote the creation of artificial intelligence laboratories and research centers to provide resources, training, and guidance to entities working with these technologies.
El Salvador ratifica la reforma constitucional que deja a partidos políticos sin aportes públicos
El Congreso salvadoreño ratificó el miércoles de forma expedita una reforma constitucional que elimina el financiamiento del Estado a los partidos políticos para sus campañas electorales.
La medida, impulsada por el presidente Nayib Bukele, fue cuestionada porque favorecería que el oficialismo acapare más poder y sólo ha sido posible tras una reforma constitucional también criticada.
La reforma ya había sido aprobada por el Congreso, pero ahora recibió su ratificación. Es un trámite legislativo que antes era más complicado ya que exigía un cambio de legislatura –con elecciones de por medio— y que se ha podido hacer de forma simplificada en apenas dos semanas gracias a un cambio reciente en la Constitución y a la abrumadora mayoría oficialista.
Con 57 votos a favor, dos votos en contra y una abstención, la Asamblea Legislativa ratificó que se derogue el artículo 210 de la Constitución para eliminar el financiamiento público que reciben los partidos políticos y que se calculaba con base en la cantidad de votos que reciben en cada elección y la inflación.
En adelante, los partidos políticos de El Salvador únicamente podrán recibir financiamiento privado para sus campañas electorales.
La reforma pasará ahora al Poder Ejecutivo para su respectiva sanción y publicación en el Diario Oficial.
Bukele impulsó la eliminación de la llamada deuda política, instando a las organizaciones políticas a que se financien por su cuenta, sin aportes públicos. “Los partidos políticos se pueden financiar como nos financiamos nosotros en el 2019. ¿Difícil? Sí, fue difícil. ¿Pero no fue mejor así?”, publicó el mandatario salvadoreño en la red social X.
Esa reforma fue cuestionada por la ONG Acción Ciudadana que afirmó que “sin financiamiento público, la política se privatiza y la democracia se debilita”.
“La eliminación del financiamiento público es otra medida para consolidar y mantener un sistema de partido hegemónico o dominante”, sostuvo la ONG en un comunicado de prensa. Y advirtió que “se elevará el riesgo de que los partidos accedan a fondos prohibidos, como los del crimen organizado”, dado que no existe la debida fiscalización desde la autoridad electoral.
Los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de oposición, votaron en contra de la ratificación, mientras que la diputada del conservador partido VAMOS, Claudia Ortiz, se abstuvo.
El diputado de Arena Francisco Lira argumentó que la reforma “es ilegal, inconsulta e impopular” y afirmó que la derogación del artículo 210 de Constitución “es sólo es una excusa para cambiar la Constitución de la República al antojo que tenga Casa Presidencial”.
En la misma sesión plenaria, el Congreso aprobó la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías, que busca crear laboratorios de Inteligencia Artificial (IA) y centros de datos con regulación de una Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) cuyo director será nombrado por el presidente de la República.
Con la nueva ley, el Estado deberá de promover la creación de laboratorios de inteligencia artificial, centros de investigación para proporcionar recursos, formación y orientación a entidades que trabajan con esta tecnología.