The organization Human Rights Watch (HRW) warned that the recent criminal reforms approved by the Asamblea Legislativa (Legislative Assembly) place children and adolescents in serious danger by allowing them to be transferred to adult prisons. According to HRW, this measure violates international juvenile justice standards and exposes minors to abuse and torture within El Salvador’s prison system.
President Nayib Bukele enacted the reform on February 13, 2025, which stipulates that minors accused of crimes linked to organized crime will be held in separate wings within adult prisons administered by the Dirección General de Centros Penales (DGCP) (General Directorate of Prisons). However, HRW noted that this separation is not sufficient to ensure their safety and well-being.
“These reforms subject children to El Salvador’s adult prison system, which has been responsible for torture and other serious abuses,” said Juanita Goebertus, director of HRW’s Americas Division. She added that this measure represents “a serious setback for children’s and adolescents’ rights in the country.”
HRW noted that, since the implementation of the state of exception in March 2022, more than 3,000 minors have been detained, many of them without clear links to criminal activities. In many cases, arrests have been arbitrary, based on anonymous reports or the physical appearance of the youths. Furthermore, by February 2024, at least 1,065 minors had been convicted on charges of “unlawful association,” supported by tenuous evidence and lacking adequate due process guarantees.
The organization also highlighted the overcrowded and abusive conditions in Salvadoran prisons, where at least 368 people have died during the state of exception. According to reports, detainees remain incommunicado and lack effective legal resources, while access to basic needs such as food and medical care is extremely limited.
Juvenile criminal law experts have indicated that these reforms are unconstitutional, as they contradict Article 35 of the Salvadoran Constitution, which states that minors must be tried under a special system. They also breach international treaties such as the United Nations Convention on the Rights of the Child, which stipulates that minors must be separated from adults in detention centers and should receive treatment aimed at rehabilitation and social reintegration.
The reforms to the Juvenile Criminal Law also establish that Organized Crime Courts will supervise minors’ sentences instead of the Supervisory Courts. This change alters the structure of the juvenile justice system and, according to criminal lawyers, reduces the likelihood of alternative measures to incarceration. Previously, the Juvenile Criminal Law prioritized education and reintegration into society through specialized workshops and programs.
Additionally, previous legislation guaranteed that minors would be housed in social reintegration centers different from those of adults, with classification according to their age and legal status. However, the new reform removes this guarantee, raising concerns about the impact on the physical and psychological well-being of incarcerated minors.
Concern from International Bodies
The international community has reacted with alarm to these reforms. Organizations such as UNICEF, the Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)), and the United Nations Population Fund (UNFPA) have warned that these measures represent a “setback” in the country’s juvenile justice system.
In addition, human rights experts have pointed out that Salvadoran prisons are not prepared to receive minors. Currently, there are eight Social Reintegration Centers with capacity for 2,045 inmates, but it remains unclear what adaptation plans will be in place for child inmates in adult prisons.
Presidential Commissioner for Human Rights, Andrés Guzmán, asserted that a specialized protocol will be introduced for detaining minors, including security measures, permanent supervision, and access to educational programs. However, human rights organizations have voiced skepticism about the government’s capacity to guarantee these conditions in a penitentiary system already facing serious shortcomings.
HRW urged El Salvador’s Legislative Assembly to overturn these reforms and adopt measures that prioritize the protection of children and adolescents, in line with the country’s international commitments and constitutional principles.
HRW alerta que nuevas reformas penales representan un peligro para menores de edad
La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que las recientes reformas penales aprobadas por la Asamblea Legislativa ponen en grave peligro a niños, niñas y adolescentes, al permitir su traslado a cárceles de adultos. Según HRW, esta medida vulnera estándares internacionales de justicia juvenil y expone a los menores a condiciones de abuso y tortura dentro del sistema penitenciario salvadoreño.
El presidente Nayib Bukele sancionó la reforma el 13 de febrero de 2025, la cual establece que menores acusados de delitos vinculados al crimen organizado serán recluidos en pabellones separados dentro de prisiones para adultos administradas por la Dirección General de Centros Penales (DGCP). Sin embargo, HRW señaló que esta separación no es suficiente para garantizar su seguridad y bienestar.
“Estas reformas someten a niños y niñas al sistema penitenciario para adultos de El Salvador, que ha sido responsable de torturas y otros graves abusos”, declaró Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW. Agregó que esta medida representa “un grave retroceso para los derechos de la niñez y adolescencia en el país”.
HRW recordó que, desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, más de 3,000 menores han sido detenidos, muchos de ellos sin vínculos claros con actividades delictivas. En muchos casos, las capturas han sido arbitrarias y basadas en denuncias anónimas o en la apariencia física de los jóvenes. Además, para febrero de 2024, al menos 1,065 menores habían sido condenados bajo el cargo de “agrupaciones ilícitas”, con pruebas poco creíbles y sin garantías adecuadas de debido proceso.
La organización también destacó las condiciones de hacinamiento y abuso en las cárceles salvadoreñas, donde han muerto al menos 368 personas durante el régimen de excepción. Según informes, los detenidos están incomunicados y sin acceso a recursos legales efectivos, mientras que el acceso a necesidades básicas, como alimentación y atención médica, es extremadamente limitado.
Expertos en derecho penal juvenil han señalado que estas reformas son inconstitucionales, ya que contradicen el artículo 35 de la Constitución salvadoreña, que establece que los menores deben ser juzgados bajo un régimen especial. Además, incumplen tratados internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que estipula que los menores deben ser separados de los adultos en los centros de detención y recibir un trato orientado a su rehabilitación e integración social.
Las reformas a la Ley Penal Juvenil también establecen que serán los Tribunales de Crimen Organizado quienes supervisen las penas de los menores en lugar de los Juzgados de Vigilancia. Esta modificación altera la estructura del sistema judicial juvenil y, según abogados penalistas, reduce la posibilidad de medidas alternativas al encarcelamiento. Anteriormente, la Ley Penal Juvenil priorizaba la educación y la reinserción de los menores a la sociedad a través de talleres y programas especializados.
Además, la legislación previa garantizaba que los menores estuvieran resguardados en centros de inserción social diferentes a los de los adultos, con una clasificación según su edad y situación legal. Sin embargo, la nueva reforma elimina esta garantía, generando preocupaciones sobre el impacto de esta medida en la salud física y psicológica de los menores privados de libertad.
Preocupación de organismos internacionales
La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación ante estas reformas. Organismos como UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) han alertado que estas medidas representan un “retroceso” en el sistema de justicia juvenil del país.
Además, expertos en derechos humanos han expresado que las cárceles salvadoreñas no están preparadas para recibir a menores de edad. Actualmente, hay ocho Centros de Inserción Social con capacidad para 2,045 internos, pero se desconoce cuáles serán los planes de adaptación para los nuevos internos en prisiones de adultos.
El Comisionado Presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, aseguró que se implementará un protocolo especializado para la reclusión de los menores, con medidas de seguridad, supervisión permanente y acceso a programas educativos. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado escepticismo sobre la capacidad del gobierno para garantizar estas condiciones en un sistema penitenciario que ya enfrenta graves deficiencias.
HRW instó a la Asamblea Legislativa de El Salvador a revertir estas reformas y adoptar medidas que prioricen la protección de la infancia y adolescencia, en línea con los compromisos internacionales y los principios constitucionales del país.