The family of Eugenio Chicas, former presiding magistrate of the Tribunal Supremo Electoral (TSE) (Supreme Electoral Tribunal), issued a statement in which they described his recent detention as “illegal” and part of a “political vendetta.”
“We believe that his arrest is a political vendetta and that the detention, in addition to being illegal, constitutes clear harassment that violates the most fundamental rights of Eugenio Chicas Martínez,” states the communiqué shared on the social platform X by Blanca Stefany Ayala Martínez, the detainee’s spouse.
The letter asserts that Chicas has not attempted to evade justice or leave the country, despite having faced attacks and accusations against him. It also mentions that the Corte Suprema de Justicia (Supreme Court of Justice), according to the family, initiated an administrative proceeding for illicit enrichment against him, alleging that certain transactions had not been documented. Nevertheless, it states that Chicas submitted the necessary documentation to prove the legality of his income.
“The Supreme Court of Justice, co-opted by the Government, pursued an administrative proceeding for illicit enrichment in which they falsely claimed that some transactions had not been verified or documented, despite all the sworn statements having been submitted to refute such accusations and demonstrate the lawful origin of all of Eugenio Chicas’s income and that of his family,” explains the publication.
Likewise, the family denounces irregularities in the process, citing as an example a sum of $50,000 that Chicas received in a previous criminal case in which he accused President Nayib Bukele of slander. According to the family, these legitimately obtained funds were not taken into account in the current proceeding.
The statement also asserts that Chicas has faced proceedings before a judicial body that, in their words, “lacks independence.” They claim that the case is currently under review in the Civil Chamber of the Supreme Court of Justice. The family emphasizes that no illicit income has been found against him and that the arrest was carried out before the civil process had concluded.
“Subsequently, in judicial proceedings, Eugenio has had to face a Judicial Body that is co-opted and lacks independence in carrying out its functions. Currently, the case is before the Civil Chamber of the Supreme Court of Justice to review the Chamber’s ruling. That is, the civil case has not yet concluded. It is important to clarify that none of the judicial authorities detected any illicit income,” the letter continues.
The former magistrate was arrested on the morning of Thursday, February 13, by members of the Policía Nacional Civil (PNC) (National Civil Police) after returning from dropping his son off at the educational institution where he studies, according to his relatives.
The Fiscalía General de la República (FGR) (Attorney General’s Office) reported afterward through its social media accounts that Eugenio Chicas is charged with the crime of illicit enrichment to the detriment of the public administration, for which he had been convicted in civil proceedings last November.
Then, on November 12, 2024, the Second Civil Chamber of San Salvador found both Chicas and his family group guilty of the crime of illicit enrichment, ordering them to reimburse the State a total of $202,557.51, an amount $80,000 less than what the Attorney General’s Office had requested in its accusation.
According to the Chamber’s ruling, the former official must repay $173,705.57; his spouse, Blanca Ayala Martínez, $11,282; his son, Carlos Chicas González, $1,080.44; and his ex-wife, Ana Lucía Ramírez Ayala, $16,489.50. Additionally, Chicas has been barred from holding public office for the next ten years.
“Es una venganza política”: familia de Eugenio Chicas, tras su captura
La familia de Eugenio Chicas, exmagistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), emitió un comunicado en el que calificó su reciente detención como “ilegal” y parte de una “venganza política”.
“Consideramos que la detención es una venganza política y que la captura además de ilegal, es un claro hostigamiento que vulnera los derechos más fundamentales de Eugenio Chicas Martínez”, expresa el comunicado compartido en la red social X por Blanca Stefany Ayala Martínez, cónyuge del detenido.
La misiva asegura que Chicas no ha intentado evadir la justicia ni salir del país, a pesar de haber enfrentado ataques y acusaciones en su contra. También menciona que la Corte Suprema de Justicia, según la familia, inició un proceso administrativo por enriquecimiento ilícito en su contra, argumentando que algunas transacciones no habían sido documentadas. No obstante, se afirma que Chicas presentó los documentos necesarios para comprobar la legalidad de sus ingresos.
“La Corte Suprema de Justicia, cooptada por el Gobierno, le siguió un proceso administrativo por enriquecimiento ilícito en donde maliciosamente afirmaron que algunas transacciones no se habían comprobado o justificado documentalmente, a pesar de que se presentaron todos los atestados para desvanecer tales acusaciones, comprobando la procedencia lícita de todos sus ingresos de Eugenio Chicas y del grupo familiar”, explica la publicación.
Asimismo, la familia denuncia irregularidades en el proceso, citando como ejemplo una cantidad de $50,000 que Chicas recibió por un proceso penal previo, en el que acusó por calumnia al presidente Nayib Bukele. Según la familia, estos fondos, de origen lícito, no fueron considerados en el proceso actual.
El comunicado también sostiene que Chicas ha enfrentado un proceso en un órgano judicial que, según sus palabras, “no goza de independencia”. Aseguran que actualmente el caso se encuentra en la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia para su revisión. La familia enfatiza que no se han detectado ingresos ilícitos en su contra y que la detención se dio sin que el proceso en sede civil haya concluido.
“Posteriormente, en sede judicial Eugenio ha tenido que enfrentar un Órgano Judicial cooptado que no goza de independencia para ejercer su labor. Actualmente, el caso se encuentra en la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia para que revise la decisión de la Cámara. Es decir, el caso en sede civil aún no ha concluido. Es importante aclarar que ninguna de las autoridades judiciales detectó ingresos ilícitos”, continúa la misiva.
El exmagistrado fue capturado en la mañana del pasado jueves 13 de febrero por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) después que regresaba de dejar a su hijo en el centro educativo donde estudia, según sus familiares.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó posteriormente a través de sus redes sociales que Eugenio Chicas es acusado del delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio de la administración pública, por el cual había sido condenado en sede civil en noviembre pasado.
Luego, el 12 de noviembre de 2024, la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador declaró culpables a Eugenio Chicas y su grupo familiar por el delito de enriquecimiento ilícito, ordenándoles reintegrar $202,557.51 al Estado, una cantidad $80,000 menor a la solicitada por la Fiscalía en su acusación.
Según el fallo de la Cámara, el exfuncionario debe reintegrar $173,705.57; su cónyuge, Blanca Ayala Martínez, $11,282; su hijo, Carlos Chicas González, $1,080.44; y su excónyuge, Ana Lucía Ramírez Ayala, $16,489.50. Además, Chicas ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante los próximos diez años.